Corte de la ONU declara que Birmania cometió genocidio contra los musulmanes rohinyás: primer fallo que atribuye ese crimen a un Estado
El tribunal solicita el regreso seguro y digno de los rohinyás, así como compensaciones por los daños ocasionados. Esta es la primera vez en 80 años que jueces de la CIJ establecen que un Estado cometió un genocidio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este jueves en La Haya que Birmania (Myanmar) perpetró genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin. Mediante una votación de nueve a seis, el máximo tribunal de la ONU responsabilizó por primera vez en 80 años a un Estado de este delito. Al leer la sentencia, el magistrado presidente Yuji Iwasawa afirmó que las fuerzas de seguridad "mataron a miles de civiles" y acreditó ataques contra menores, violencia generalizada y la destrucción sistemática de aldeas con el fin de aniquilar a una parte sustancial de dicha población.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, celebró la resolución judicial y exigió al Gobierno birmano acatar el veredicto. "Birmania debe actuar en consecuencia con su obligación de cumplir con la decisión", expresó el diplomático en un comunicado, donde instó a garantizar "el regreso seguro, voluntario y digno a su lugar de residencia, y la reunificación de las familias" desplazadas.
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La CIJ exige a Birmania garantizar el retorno de los rohinyás y el pago de indemnizaciones
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a las autoridades de Birmania permitir que los miembros de la minoría rohinyá regresen a sus hogares de manera "segura, voluntaria y digna" tras escapar de la ofensiva militar. Esta disposición judicial protege tanto a la población desplazada dentro del territorio nacional como a los refugiados en el extranjero, además de asegurar la pronta reunificación de las familias separadas por el conflicto.
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El fallo histórico obliga también al Estado asiático a ejecutar reparaciones integrales, las cuales abarcan la restitución o el reemplazo de bienes destruidos, la búsqueda activa de desaparecidos y la rehabilitación física y psicológica de todos los afectados. De igual forma, los magistrados establecieron el abono de compensaciones económicas a favor de las víctimas, una cuantía financiera cuyo cálculo exacto quedará definido en una fase procesal posterior.
La sentencia resulta definitiva, vinculante e inapelable para el régimen, al cual se le exige investigar los crímenes cometidos, juzgar a los sospechosos y castigar a los culpables. Ante un eventual desacato por parte del Gobierno, el tribunal internacional cuenta con la facultad de elevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dado que el organismo carece de mecanismos coercitivos propios para hacer cumplir sus dictámenes.
Fallo histórico de la CIJ desata pedidos de justicia
Desde el campamento de Cox’s Bazar, en Bangladés, el dirigente rohinyá Sayed Ullah celebró la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y solicitó respaldo mundial para el retorno de los desplazados: "Pedimos a todo el mundo que nos acompañe hasta que regresemos a casa". El expresidente del Consejo Unido de los Rohinyás agradeció la gestión de Gambia —impulsora de la demanda en 2019 por violar la Convención contra el Genocidio de 1948— junto con la Organización para la Cooperación Islámica. Por su parte, la Organización de Birmanos Rohinyás en el Reino Unido (BROUK) advirtió en X que el exterminio continúa y urgió una respuesta global inmediata tras recordar que la ofensiva militar de 2017 expulsó a 750.000 habitantes, cifra que hoy supera los 1,2 millones de asilados en territorio bangladesí, según Acnur.
El Gobierno de Unidad Nacional de Birmania (NUG) y 219 agrupaciones civiles aplaudieron la sentencia que responsabiliza a Myanmar por las atrocidades cometidas contra esta minoría musulmana, y destacaron que "la lucha por la justicia continúa". En su pronunciamiento oficial, el ejecutivo opositor al golpe de Estado de 2021 calificó la jornada como trascendental y reclamó "rendición de cuentas, protección para todas las comunidades y el desmantelamiento de las estructuras que facilitan la persecución y la impunidad". De manera paralela, los colectivos locales demandaron "la responsabilidad penal para Min Aung Hlaing y los líderes del ejército de Birmania", cuya cúpula castrense había justificado la represión bajo el argumento de repeler ataques insurgentes.
En el plano diplomático, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, valoró la "histórica sentencia" y pidió su ejecución sin demoras. Asimismo, entidades internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) respaldaron el dictamen del tribunal con sede en La Haya. Con ese veredicto, los defensores de las libertades fundamentales coinciden en que la comunidad internacional debe garantizar la aplicación efectiva del mandato judicial para frenar la crisis humanitaria en el Sudeste Asiático.















































