De la revolución a la dinastía: Daniel Ortega confirma la dictadura en Nicaragua

"Aquí no volverá a haber elecciones". Con esa frase, pronunciada el 19 de julio durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega dejó de lado la última apariencia de normalidad electoral que conservaba Nicaragua. A sus 80 años, el dictador que llegó al poder con una revolución contra una dinastía familiar avanza ahora hacia la construcción de otra, esta vez junto a su esposa, Rosario Murillo, y con el aparato del Estado bajo su control.

"Ellos intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder", afirmó ante una audiencia oficial en Managua. También anunció que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobará reformas destinadas a ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria.

El anuncio supone un salto cualitativo en un proceso que, según opositores, organismos internacionales y expertos, lleva años desmantelando la democracia nicaragüense. La Asamblea Nacional prepara una reforma constitucional que establecería un mandato presidencial de siete años, con un mecanismo de renovación todavía no precisado, y que cerraría aún más el espacio político para los partidos opositores, a los que Ortega acusa de estar al servicio de Estados Unidos.

Nicaragua debía acudir nuevamente a las urnas en 2027, después de que una reforma constitucional aplazara los comicios previstos originalmente para 2026. Ahora, incluso esa convocatoria está en duda.

La pregunta ya no es si Ortega controla las elecciones. Las últimas décadas demostraron que sí. La pregunta es por qué un gobernante que domina el sistema electoral, la Asamblea Nacional, la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas necesita eliminar incluso la posibilidad de votar.

Para Dora María Téllez, histórica comandante de la Revolución Sandinista y posteriormente perseguida por el régimen, la respuesta es esta: "Ya en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección, por lo que barrió con todo hasta que él quedó solito. Cinco años después, el miedo se ha elevado muchísimo más", citó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, Félix Maradiaga, excandidato presidencial encarcelado antes de los comicios de 2021 y posteriormente exiliado en Estados Unidos, coincide en que la abolición de las elecciones no representa necesariamente una demostración de fuerza. "Ortega sabe que no puede descartar un escenario de elecciones imperfectas, bajo sus reglas, en el que un candidato desconocido reciba el respaldo de los liderazgos más conocidos", explicó para el mismo medio.

El temor tiene además una dimensión interna. Para Maradiaga, la eliminación de las urnas también impediría cualquier competencia por el poder dentro del propio sandinismo y facilitaría una sucesión familiar en torno a Rosario Murillo y Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.

De la revolución contra Somoza a una nueva concentración de poder

La ironía atraviesa la historia de Ortega. En 1979, el triunfo del FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, último integrante de una familia que había dominado Nicaragua durante décadas. Daniel, entonces un joven dirigente revolucionario, llegó a ocupar el poder en nombre de un proyecto que prometía transformar la sociedad y romper con la tradición autoritaria.

El terremoto que destruyó Managua el 24 de diciembre de 1972 había dejado al descubierto la fragilidad del régimen somocista. El sismo, de magnitud 6,2, destruyó aproximadamente el 75 % de las viviendas y edificios del centro de la capital. Los incendios se prolongaron hasta enero de 1973 y las estimaciones de víctimas superaron los 10.000 muertos y se acercaron a los 20.000 heridos.

La revolución que llegó siete años después impulsó campañas de alfabetización y vacunación y buscó reducir la brecha entre las ciudades y el campo. Pero la guerra, la polarización y la presión internacional llevaron al sandinismo a las elecciones de 1990.

Violeta Barrios de Chamorro obtuvo el 54% de los votos y derrotó al FSLN. Ortega aceptó la derrota y poco después resumió su nueva estrategia con una frase que adquiriría un significado distinto con el paso del tiempo: "Vamos a gobernar desde abajo".

En 2007 regresó a la Presidencia mediante las urnas. Desde entonces, la relación con las instituciones fue cambiando hasta convertir la competencia política en una formalidad cada vez más estrecha. La independencia judicial fue debilitada. El Consejo Supremo Electoral quedó bajo influencia oficialista. La Asamblea Nacional pasó a funcionar con una mayoría afín al Ejecutivo y las reformas constitucionales permitieron ampliar sus márgenes de permanencia.

El proceso desembocó en las elecciones de 2021, cuando los principales aspirantes opositores fueron encarcelados antes de los comicios. Ortega se proclamó vencedor con más del 75% de los votos, en unos comicios rechazados por buena parte de la comunidad internacional. Para entonces, el sistema electoral ya no representaba una amenaza real para el mandatario.

La fractura definitiva llegó en 2018. Una reforma al sistema de seguridad social, que contemplaba un aumento de las contribuciones y un gravamen del 5 % sobre las pensiones de jubilación, provocó protestas que comenzaron con jubilados y estudiantes y rápidamente se transformaron en una movilización nacional contra Ortega.

La respuesta estatal fue brutal. La represión dejó entre 350 y 500 muertos, cerca de 2.000 heridos y miles de detenidos, según las distintas estimaciones recogidas en los informes y testimonios citados en esta recopilación. Naciones Unidas documentó graves violaciones de derechos humanos y señaló que algunas de las prácticas represivas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde entonces, la persecución dejó de limitarse a los manifestantes. Políticos, periodistas, empresarios, sacerdotes, académicos, antiguos comandantes sandinistas y organizaciones de la sociedad civil fueron perseguidos. Cientos de las ONG, medios de comunicación y universidades independientes fueron cerrados o confiscados. Los principales candidatos opositores fueron encarcelados en 2021.

La represión también cruzó las fronteras. Al menos 452 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad, según la documentación citada del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Miles más han terminado en el exilio.

Entre los antiguos revolucionarios alcanzados por la represión estuvo Humberto Ortega, hermano del presidente y antiguo jefe del Ejército. Su muerte en 2024, bajo arresto domiciliario impuesto por el régimen, terminó de convertir una vieja fractura familiar en uno de los símbolos de la transformación política del país.

También fueron perseguidos antiguos dirigentes sandinistas como Bayardo Arce, mientras Sergio Ramírez, vicepresidente durante el primer gobierno revolucionario, perdió la nacionalidad junto con otros opositores. En conclusión, la revolución que había combatido la concentración del poder terminó produciendo una estructura en la que casi todo el poder converge en una pareja.

Rosario Murillo y el problema de la sucesión

La reforma constitucional de 2025 hizo explícita esa concentración. Rosario Murillo pasó de vicepresidenta a copresidenta y quedó situada formalmente en el centro del nuevo esquema de poder. La modificación institucional convirtió en ley una realidad política que ya funcionaba de facto: la subordinación de las principales instituciones del Estado a la pareja presidencial.

Con Ortega envejecido y con problemas de salud, la sucesión se convirtió en la principal incógnita del régimen. Téllez habla de un "trauma sucesorio dentro del Frente Sandinista". Según su interpretación, Ortega y Murillo no solo temen a una oposición externa, sino también a posibles traiciones dentro del propio FSLN, donde varios dirigentes fueron desplazados, perseguidos o encarcelados.

El horizonte familiar aparece entonces como una alternativa de continuidad. Laureano Ortega Murillo, de 42 años, adquirió protagonismo en las relaciones internacionales del régimen, especialmente con Rusia y China. Otros hijos de la pareja también ocupan posiciones dentro de la estructura estatal.

Pero la posibilidad de una sucesión dinástica enfrenta un obstáculo decisivo: el Ejército. La historiadora Mónica Baltodano considera que no existen condiciones claras para que las Fuerzas Armadas acepten una transmisión hereditaria del poder, según recogió El País.

En la misma línea, Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas, describió al Ejército como "la única institución dentro de Nicaragua que pudiera en última instancia ser algún poder moderador".

Sin embargo, advierte que esa autonomía se ha reducido. "Ortega y Murillo han purgado la gran mayoría de oficiales de alto y medio rango, y han ido calando la profesionalidad del Ejército, creando uno plegado y subordinado a la familia. Hoy están totalmente subordinados al régimen", afirmó para el medio español.

Una oposición sin urnas

La desaparición de las elecciones deja a la oposición ante un problema que ya no es únicamente electoral: cómo organizar una alternativa política cuando casi todos sus instrumentos internos han sido eliminados. Téllez sostiene que dentro de Nicaragua "no existe ningún partido político, ninguna organización de la sociedad civil, ningún movimiento social, ningún medio de comunicación independiente".

La única excepción formal sería el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que conserva nueve diputados en la Asamblea Nacional y que la opositora considera un "partido parásito del Frente Sandinista".

Maradiaga ofrece una lectura menos definitiva. Habla de una "resistencia silenciosa" formada por pequeñas redes comunitarias y municipales que sobreviven bajo vigilancia y persecución. Son estructuras que no pueden exponerse públicamente sin poner en riesgo a quienes las integran.

Para Eliseo Núñez, exdiputado refugiado en Costa Rica, la salida debe seguir siendo democrática. "Otro camino activaría un nuevo ciclo de violencia", advirtió. El desafío es todavía mayor porque el régimen también persigue a los opositores fuera del territorio nacional. Naciones Unidas documentó una maquinaria de vigilancia, amenazas y represalias contra exiliados y familiares en Nicaragua.