Juicio contra Evo Morales por trata de menores es suspendido y declaran al exmandatario en rebeldía

Este lunes se suspendió el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por la acusación de trata de menores. La razón de la suspensión fue su ausencia en el tribunal, lo que provocó que el juez a cargo del caso, Carlos Oblitas, ordenara la interrupción del proceso en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

Morales, quien se encuentra en la región cocalera del Chapare, su bastión político, fue citado en múltiples ocasiones, pero no acudió a las audiencias. La Fiscalía lo acusa de haber mantenido un vínculo con una adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016. Según la denuncia, los padres de la menor habrían consentido este vínculo a cambio de beneficios.

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Evo Morales no niega vínculo con la menor de edad

A pesar de las acusaciones, el exmandatario no negó el vínculo con la adolescente, aunque su defensa insiste en que se trata de una persecución política impulsada por los gobiernos de Luis Arce y Rodrigo Paz. En 2024, la investigación fue reactivada bajo la figura de trata de personas agravada, tras haber sido archivada en 2019 en un caso de estupro.

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El juez Luis Ortiz Flores, autoridad judicial de Tarija, advirtió que la condición de rebeldía de Morales podría retrasar aún más el proceso.

Por su parte, los abogados del expresidente argumentaron que el tribunal no cumplió con los estándares internacionales, ya que la citación se realizó a través de un edicto en medios escritos, en lugar de enviarse a su domicilio.

Expresidente retrasa su juicio

En enero de 2025, Morales ya había sido declarado en rebeldía por no presentarse a una citación de la justicia. Esta condición impide que el juicio avance hasta que el acusado comparezca ante el tribunal, salvo en casos de corrupción, según advirtió el juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad judicial de Tarija. "Corresponde analizar al tribunal a cargo de la audiencia esa situación", comentó.

Sin embargo, el equipo de abogados, encabezado por Wilfredo Chávez, argumenta que "la Convención Interamericana de Derechos Humanos exige la presencia" del acusado para ser oído y presentar sus medios de defensa.

Además, la defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos. Asegura que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019, que se archivó un año después.