Venezuela evalúa "medidas de gracia" a excluidos de Ley de Amnistía mientras se exige liberación de todos los presos políticos

El Gobierno de Venezuela evalúa la concesión de "medidas de gracia" e indultos presidenciales para ciudadanos excluidos de la reciente Ley de Amnistía. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que el texto legal aprobado el 19 de febrero posee un alcance "muy específico", lo cual motiva la revisión de casos adicionales por parte del Ejecutivo nacional.

Tras la promulgación de la normativa, el Programa de Convivencia y Paz y la Comisión para la Revolución Judicial analizan expedientes que recomiendan beneficios procesales a quienes no respalda la legislación. Aunque el instrumento abarca teóricamente delitos políticos entre 1999 y 2026, la norma limita su práctica a solo 13 coyunturas específicas. Esta restricción deja fuera detenciones efectuadas en 15 de los últimos 27 años, así como expedientes relacionados con operaciones militares.

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Demandas de ONG y familiares para extender la amnistía

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, exigen una aplicación universal de la amnistía para todos los presos políticos. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, advirtió que el diseño actual de la normativa pone en riesgo la libertad de cientos de detenidos. Ante las primeras excarcelaciones, el grupo insiste en un proceso transparente y amplio.

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Los familiares mantienen vigilias y protestas con el fin de demandar que se extiendan los beneficios "sin discriminación ni exclusión”. Su reclamo principal señala que los criterios restrictivos y la omisión de delitos vinculados a operaciones militares perpetúan la injusticia. Según los afectados, la ley actual ignora casos críticos, por lo cual solicitan una revisión integral que garantice la libertad plena de sus allegados.

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Las primeras 379 liberaciones tras la ley

La justicia venezolana dictó la salida de casi 400 presos políticos durante la noche del 20 de febrero, tras la aprobación de la Ley de Amnistía. El diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión legislativa para la implementación de esta norma, explicó que la Fiscalía General remitió las solicitudes a los tribunales.

La mayor parte de los casos se concentra en Caracas (371), mientras que el grupo restante pertenece a los estados Barinas, Portuguesa y Monagas. La ONG Foro Penal realiza actualmente la verificación de las primeras salidas de prisión en dichas regiones.

Este movimiento judicial ocurre tras la concesión previa de libertad condicional a 448 personas en enero, evento posterior a la captura de Nicolás Maduro en una operación de EE.UU. Pese a estos avances, las entidades de derechos humanos estiman que cerca de 650 ciudadanos todavía esperan por el indulto u otras medidas de gracia que pongan fin a su reclusión.