Uruguay avanza en la despenalización de la muerte asistida: proyecto deberá ser ratificado en el Senado
La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio y respaldada por parte de la oposición, establece estrictos requisitos médicos y legales para garantizar que la decisión de acceder a la muerte asistida sea libre y segura en Uruguay.
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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó, tras 14 horas de debate, un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo determinadas condiciones. La iniciativa, impulsada por el oficialista Frente Amplio y respaldada por varios legisladores de la oposición de centroderecha, obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra de un total de 99 parlamentarios.
El texto ahora pasará a una comisión del Senado para su discusión. De aprobarse en la cámara alta, Uruguay se sumaría a la lista de 9 países en el mundo que han legalizado esta práctica en todo su territorio, que permite a pacientes con enfermedades graves e incurables acceder a un procedimiento médico para poner fin a su vida de forma voluntaria.
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Uruguay define requisitos para acceder a la muerte asistida
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados establece que solo podrán acceder a la muerte asistida personas mayores de edad, con plena capacidad mental y que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable que les cause “sufrimientos insoportables”. Antes de concretar el procedimiento, el paciente deberá dejar su voluntad por escrito, frente a testigos, y cumplir con varias instancias previas de evaluación médica.
También se establece que quien solicite la eutanasia deberá iniciar el trámite con un médico, quien le informará sobre alternativas como los cuidados paliativos y evaluará que su decisión sea “libre, seria y firme” en un plazo de tres días. La solicitud pasará luego a un segundo médico independiente, que dispondrá de cinco días para confirmar o rechazar la opinión inicial.
En caso de discrepancia, una junta médica integrada por un especialista en la enfermedad, un psiquiatra y otro profesional designado por la reglamentación definirá el procedimiento. Solo podrán acceder ciudadanos uruguayos o residentes con acreditación, y la práctica se realizará exclusivamente en prestadores integrales de salud, excluyendo a clínicas privadas dedicadas a este fin.
De ser ratificada en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría, en América Latina, el camino de Colombia, que legalizó la eutanasia en 1997, aunque tardó casi dos décadas en reglamentarla. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 62% de la población uruguaya respalda la legalización, frente a un 24% que se opone. Actualmente, los cuidados paliativos están reglamentados en el país, pero el Código Penal aún castiga con prisión a quien ayude a otro a suicidarse.
Opiniones divididas por legalización de la muerte asistida en Uruguay
El diputado del Frente Amplio Luis Gallo defendió el proyecto de ley como “garantista, seguro y protector de los derechos de las personas” que soliciten la eutanasia, así como de quienes participen en el procedimiento. Su correligionario Federico Preve destacó que la aprobación devolvería a Uruguay su lugar como “referente de derecho” internacional, recordando que el país ha sido pionero en leyes sociales como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el voto femenino.
Desde la oposición, el diputado Andrés Grezzi, del Partido Nacional, criticó la iniciativa “Muerte Digna” al señalar que ya existen herramientas médicas y legales para garantizar un final de vida sin dolor, sin necesidad de adelantar la muerte. El debate refleja un choque entre la visión progresista que busca ampliar derechos y la postura conservadora que advierte sobre los riesgos éticos y morales del procedimiento.
