Las islas que empezaron un conflicto territorial entre España y Portugal que sigue vivo 500 años después
Un pequeño archipiélago entre Canarias y Madeira, se ha convertido en foco de tensiones territoriales entre España y Portugal desde el siglo XV. Su soberanía sigue sin resolverse del todo.
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Aunque actualmente controladas por Portugal, el reclamo español se basa en expediciones históricas que posicionan las islas en la esfera hispánica. Foto: EFE
En medio del Atlántico, entre dos destinos turísticos masivos como Canarias y Madeira, emerge un diminuto archipiélago que rara vez aparece en las noticias: las Islas Salvajes. A 160 kilómetros de Tenerife y 280 de Funchal, estas formaciones rocosas han sido durante siglos motivo de tensiones entre España y Portugal.
Aunque hoy están bajo control portugués, la disputa sobre la soberanía del archipiélago y su influencia marítima sigue sin resolverse completamente. Lo que parece un paraíso aislado es, en realidad, uno de los conflictos territoriales más antiguos de Europa occidental.
Un reclamo con más de cinco siglos de historia
La pugna por las Islas Salvajes comenzó en el siglo XV. Portugal asegura que fueron descubiertas por el navegante Diego Gomes en 1438. España, por su parte, sostiene que ya eran conocidas por expediciones vinculadas a la conquista de Canarias en 1402. Incluso existen mapas anteriores, como el de los hermanos Pizzigani (1367), que las incluyen bajo la esfera hispánica.
El archipiélago está formado por tres islas principales (Salvaje Grande, Salvaje Pequeña e Ilhéu de Fora) y varios islotes menores. Su aspecto árido y su aislamiento no impidieron que fueran foco de intereses estratégicos. En 1938, en plena Guerra Civil Española, Portugal logró que una comisión internacional reconociera su soberanía, aprovechando el vacío de poder en el país vecino.
Las Islas Salvajes es una zona de disputa entre dos países. Foto: Wikipedia
En 1971, el Estado portugués compró oficialmente las islas a una familia de Madeira y las declaró reserva natural, lo que reforzó su control sobre el territorio. Pero la discusión más delicada surgió con la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE): mientras España argumenta que son rocas deshabitadas, y solo otorgan derecho a 12 millas náuticas, Portugal defiende que están habitada por personal técnico y ambiental, lo que permitiría extender su ZEE a 200 millas.
Tensión diplomática y episodios olvidados
El desacuerdo ha derivado en incidentes diplomáticos silenciosos pero persistentes. En 1975, pescadores canarios izaron la bandera española en una de las islas, lo que generó molestia en Lisboa. Años más tarde, Portugal denunció vuelos militares españoles en el espacio aéreo del archipiélago.
Aunque en 1997 España reconoció de facto la soberanía portuguesa sobre la superficie terrestre, las aguas que rodean el archipiélago siguen siendo un punto de fricción. La clave radica en la definición jurídica de "isla habitada", pues de ello depende el control de una vasta zona marítima rica en recursos.
Las Islas Salvajes es la mayor reserva marina de Europa. Foto: Cerebro Wiki
La disputa no ha escalado más allá del ámbito diplomático, pero sigue latente en los foros técnicos y jurídicos internacionales. Su resolución implicaría redefinir límites marítimos y derechos económicos en una zona estratégica del Atlántico.
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Un santuario ecológico bajo vigilancia militar
Hoy, las Islas Salvajes forman parte del Parque Natural de Madeira y su acceso está rigurosamente controlado. No hay infraestructura turística, agua potable ni servicios básicos. Solo se puede ingresar con autorización del gobierno portugués, y sus visitantes son mayoritariamente científicos, guardaparques y personal militar.
A pesar de tener apenas tres kilómetros cuadrados de superficie, las Salvajes albergan más de 50 especies endémicas y son un punto vital para la nidificación de aves marinas. Portugal mantiene una presencia humana permanente, compuesta por una familia de vigilantes ambientales y efectivos militares que rotan cada cierto tiempo. Según Lisboa, esa ocupación cumple con los requisitos del derecho marítimo internacional para establecer una ZEE completa.
Para España, esa presencia es insuficiente: insiste en que el archipiélago no cumple con los criterios para generar derechos económicos extendidos. La discusión no aparece en los titulares, pero sigue influyendo en el trazado geopolítico del Atlántico.
