La megasubasta de petróleo que planea Brasil antes de la COP30: una amenaza ambiental en la Amazonía

Mientras el mundo observa a Brasil como sede de la próxima cumbre climática COP30, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva avanza con un plan que ha despertado fuertes críticas dentro y fuera del país: la subasta de 47 bloques petroleros en el océano Atlántico, muchos de ellos ubicados en una zona cercana a la desembocadura del río Amazonas. La medida, que forma parte de la estrategia oficial para expandir la producción de crudo, ha sido cuestionada por ambientalistas, líderes indígenas y organismos públicos como la Fiscalía Federal.

El presidente Lula ha defendido la explotación petrolera en altamar, como parte del desarrollo económico de Brasil. "Cumpliremos todos los procedimientos necesarios para no causar ningún daño a la naturaleza, pero no podemos saber que tenemos una riqueza debajo de nosotros y no explotarla, sobre todo porque es con esa riqueza que tendremos recursos para construir la tan anhelada transición energética”, sostuvo en un discurso público en febrero de este año. Sin embargo, la decisión choca con la retórica ambiental que el mandatario ha sostenido desde su campaña de 2022 y debilita la imagen de Brasil como líder climático.

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¿En qué consiste la subasta de petróleo que impulsa Lula?

El gobierno brasileño ha programado para el 17 de junio una megasubasta de 47 áreas petroleras marítimas, ubicadas en diferentes regiones del litoral, aunque con especial atención en la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Se trata de bloques que no despertaron interés en licitaciones anteriores o que no obtuvieron licencia ambiental por los riesgos que implican. A pesar de los antecedentes, el Ministerio de Minas y Energía impulsa la venta como un paso decisivo para posicionar a Brasil como el cuarto mayor productor de petróleo del mundo.

Uno de los bloques más polémicos es el Bloque 59, ubicado a 160 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en una zona con arrecifes poco explorados, manglares y una rica biodiversidad marina. De acuerdo a un informe de France 24, la petrolera estatal Petrobras lidera el interés por esta área, tras obtener en mayo la aprobación preliminar del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) para su plan de emergencia ante derrames de crudo, aunque aún falta la autorización final.

Aunque el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, ha mostrado reservas frente al debilitamiento de controles ambientales, el Ejecutivo ha dado señales de que avalará la mayoría de las modificaciones propuestas por el Congreso.

Una amenaza ambiental de Brasil antes de ser sede de la COP

La subasta de petróleo y la aprobación del Bloque 59 han provocado diversas reacciones. El Ministerio Público Federal recomendó suspender la licitación por los “graves riesgos socioambientales” que implica y por la falta de consultas previas a comunidades indígenas, un requisito fundamental bajo las normas internacionales. La fiscalía advirtió que si la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) ignora la recomendación, los funcionarios involucrados podrían enfrentar procesos civiles y penales.

Las comunidades indígenas que habitan en la región amazónica también han levantado su voz. La lideresa Luene Karipuna, de la Articulación de Pueblos Indígenas del Amapá y Norte de Pará, citada por France24, denunció que las autoridades no realizaron ninguna consulta con los pueblos del territorio antes de autorizar el plan petrolero.

“Es como si no existiéramos en el territorio donde vivimos. Es muy contradictorio que un presidente salga de Brasil a hablar de protección territorial, de bosques en pie, y quiera explorar petróleo, precisamente en la Amazonía", dijo. Además, advirtió que el proyecto está aumentando la minería ilegal y que ya se observan efectos negativos en las aves migratorias y aves nativas que llegan a la zona para anidar.

El propio Ibama, que se había opuesto en 2023 y 2024 a la exploración en la zona por el riesgo de afectar arrecifes y manglares, modificó su postura recientemente. Su decisión se ha interpretado como una señal de presión interna del gobierno, especialmente luego de que Lula criticara públicamente al organismo por supuestamente retrasar los permisos. El presidente ha argumentado que otros países desarrollados también producen crudo, por lo que Brasil no debe renunciar a ese derecho.

Sin embargo, expertos del Observatorio do Clima y otros colectivos ambientales han advertido que la explotación de petróleo en la Amazonía podría transformarse en una “bomba de carbono” que agrave la crisis climática global. La contradicción entre los compromisos ambientales de Lula y sus decisiones económicas ha generado preocupación entre aliados internacionales, justo cuando el país se prepara para liderar un evento clave en la agenda del cambio climático.

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Organizaciones piden a Lula no vender crudo a Israel

A las tensiones por la subasta petrolera se suma otro frente polémico: más de un centenar de ONG ambientalistas exigieron al presidente Lula que suspenda de inmediato las exportaciones de petróleo a Israel. En un comunicado emitido por el Observatorio del Clima, la coalición de 133 organizaciones acusó al gobierno brasileño de alimentar la maquinaria bélica de ese país con el suministro de crudo, lo que contradice las denuncias de Lula sobre las acciones israelíes en Gaza.

Brasil fue uno de los cinco principales exportadores de petróleo a Israel en 2024. Según datos del Ministerio de Desarrollo, el crudo representó el 30% de las exportaciones brasileñas a ese país, con un valor de 216 millones de dólares. El Observatorio señaló que, mientras el presidente denuncia el “genocidio” en Gaza, continúa comerciando un recurso estratégico que alimenta el conflicto armado.

La controversia se intensificó tras la interceptación del barco Madleen por parte de la marina israelí. La embarcación transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y su detención fue condenada por el gobierno de Brasil. No obstante, la falta de acciones concretas respecto a las exportaciones de petróleo ha generado una percepción de doble discurso por parte del Ejecutivo.