Pésimas noticias para Donald Trump: demandan al gobierno de EEUU por esta medida contra los inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta una demanda legal por su programa de toma de muestras de ADN a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
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El gobierno de Trump enfrenta una demanda que cuestiona la recopilación de ADN de inmigrantes. | Composición LR.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos es objeto de una demanda que cuestiona su programa de recolección de ADN de inmigrantes indocumentados, incluidos menores de edad. Esta acción fue presentada por 3 organizaciones defensoras de los derechos humanos y la privacidad, las cuales critican la falta de transparencia del gobierno de Trump en cuanto al manejo y regulación de la información genética.
Los demandantes, que incluyen al Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice, solicitaron al DHS, ICE y CBP que hagan pública la expansión de un programa que incrementó en un 5.000% las contribuciones de ADN a la base de datos CODIS del FBI. Esta base se utiliza en investigaciones criminales y está accesible para las autoridades policiales a nivel nacional, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y el posible mal uso de información sensible.
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Acusaciones sobre la recopilación masiva de ADN de inmigrantes en EE.UU.
La demanda resalta que desde 2020 el DHS intensificó la recolección de muestras genéticas de inmigrantes detenidos, sin las limitaciones legales que normalmente protegen la privacidad de individuos no acusados de delitos. Stevie Glaberson, director de investigación y defensa en el Centro de Georgetown, señaló que el DHS amplió su base de datos incluyendo ADN de inmigrantes sin cargos formales, vulnerando así derechos fundamentales y generando preocupación sobre el alcance y supervisión del programa.
Este proceso, autorizado en gran parte por la orden ejecutiva Securing Our Borders, firmada por Donald Trump, obliga al DHS y al Departamento de Justicia a cumplir con la ley de 2005 que exige la recolección de ADN de personas detenidas, incluyendo a inmigrantes.
Sin embargo, Daniel Melo, abogado del Immigration Impact Lab de Amica, explicó que antes de 2020, la práctica no se aplicaba de manera uniforme y que la administración Biden intentó implementar un cumplimiento más estricto, aunque la supervisión y la transparencia continúan siendo cuestionables.
Impacto en la privacidad y derechos de inmigrantes en EE.UU.
Los grupos demandantes advierten que la recopilación indiscriminada de ADN genera un riesgo considerable para las comunidades inmigrantes, pues esta información podría utilizarse para crear una red de vigilancia masiva. Melo indicó que, además de ser una forma de control migratorio, el programa puede facilitar la expansión de tecnologías que monitorean y afectan a poblaciones vulnerables, en particular niños y otros grupos en situación precaria.
Emily Tucker, directora ejecutiva del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, calificó el programa como parte de una estrategia que va más allá del control de inmigración. Afirmó que el uso de estas herramientas por parte del gobierno configura una red de vigilancia que recopila datos de toda la población y que se emplea no solo para deportaciones, sino también para intimidar y silenciar a quienes el Estado considere adversarios.
El contexto legal y las respuestas del gobierno de EE.UU.
El programa de recolección masiva de ADN está vinculado al uso de la base CODIS del FBI, que se ha convertido en la mayor fuente de información genética en el país, utilizada por numerosos departamentos de policía para investigaciones criminales. Esta conexión amplifica la preocupación por el posible cruce de datos entre casos migratorios y procesos penales, lo que podría afectar a personas sin antecedentes.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no emitió una respuesta oficial a la demanda, las organizaciones involucradas solicitan mayor transparencia y regulación para evitar abusos. Además, resaltan la importancia de que las personas detenidas reciban información clara sobre sus derechos y el uso que se dará a sus datos genéticos, especialmente cuando se trata de niños y adultos en situación de vulnerabilidad.
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