Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump solicita a la Corte Suprema que le permita terminar con el estatus legal de estos extranjeros
El gobierno de Donald Trump llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos una apelación para eliminar el parole humanitario que ampara a más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
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En un nuevo capítulo de la política migratoria en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita eliminar el programa de parole humanitario que actualmente protege a cientos de miles de personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Se trata de una medida que podría afectar directamente a más de 500.000 inmigrantes que hoy cuentan con permiso temporal de permanencia y autorización de trabajo dentro del país, según información de WHYY.
La petición llega como respuesta a una orden judicial emitida por la jueza federal Indira Talwani, quien impidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pusiera fin de forma anticipada al programa. Talwani argumentó que la decisión de cancelarlo se basó en una interpretación errónea de la ley y advirtió que su eliminación abrupta podría forzar a los beneficiarios a enfrentar la deportación o a abandonar sus vidas en EE.UU. sin garantías.
¿Qué busca Donald Trump con esta apelación en Estados Unidos?
La administración de Donald Trump presentó la apelación como un recurso de emergencia para anular la decisión del tribunal inferior y avanzar en su intención de desmantelar uno de los programas migratorios más relevantes heredados del gobierno de Joe Biden. El documento, redactado por el procurador general John Sauer, sostiene que el fallo judicial interfiere en la autoridad exclusiva del DHS para administrar la política migratoria nacional.
Según Sauer, el tribunal “ha anulado una de las decisiones más trascendentales en materia de inmigración del gobierno”. El parole humanitario permite que ciudadanos de los países beneficiarios permanezcan en Estados Unidos por un período determinado y soliciten permisos de trabajo, lo cual, en la visión del mandatario, representa una “puerta trasera” hacia una residencia sin pasar por procesos regulares de inmigración.
El gobierno republicano considera que esta vía, promovida por la administración anterior, socava el control de la frontera y alienta nuevos flujos migratorios. Por esa razón, solicita a la Corte Suprema que habilite al DHS a revocar estos permisos de forma inmediata, incluso antes de que se resuelva el fondo del caso legal.
¿Qué dijo la jueza Indira Talwani en su fallo a favor del parole humanitario en Estados Unidos?
La jueza federal Indira Talwani, con sede en Boston, bloqueó temporalmente la cancelación del parole humanitario, al considerar que el argumento legal del gobierno era insuficiente. En su fallo, emitido en abril, destacó que terminar de forma abrupta con la protección legal para más de medio millón de personas implicaría una carga desproporcionada para individuos que han vivido legalmente en Estados Unidos durante años.
Talwani escribió que los afectados enfrentaban una difícil elección: “huir del país” o “arriesgarlo todo”. En su análisis, concluyó que el DHS interpretó de forma equivocada la normativa vigente sobre protección humanitaria, al no justificar adecuadamente por qué ponía fin a un programa que había sido aprobado bajo marcos legales previos.
¿Qué consecuencias tendría la eliminación del parole humanitario para los inmigrantes en Estados Unidos?
Si la Corte Suprema acepta la solicitud de Donald Trump y revoca la orden de la jueza Talwani, el gobierno podría cancelar los permisos de permanencia y trabajo de cientos de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto expondría a miles de personas a procesos de deportación o a vivir en condición irregular en el país.
Para muchas familias, el parole ha sido la única vía legal para escapar de crisis humanitarias, inestabilidad política o persecución en sus países de origen. La posible cancelación del programa encendería las alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que se afectaría gravemente la integridad y estabilidad de comunidades enteras en diferentes estados del país.