Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Cámara de Representantes de este estado aprueba 2 proyectos de ley contra indocumentados

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes de Alabama aprobó las leyes SB 53 y SB 63, destinadas a endurecer las medidas contra inmigrantes irregulares, lo que ha causado preocupación entre las comunidades migrantes.

La Cámara de Representantes de Alabama avanza con los proyectos de ley SB 53 y SB 63. Foto: Alabama Political Reporter
La Cámara de Representantes de Alabama avanza con los proyectos de ley SB 53 y SB 63. Foto: Alabama Political ReporterFoto: Alabama Political Reporter

La Cámara de Representantes de Alabama aprobó los proyectos de ley SB 53 y SB 63, que refuerzan el control sobre los inmigrantes indocumentados y fijan nuevas sanciones. Estas medidas provocaron preocupación en organizaciones civiles y comunidades migrantes en Estados Unidos, que las consideraron discriminatorias y avivaron el debate sobre la inmigración irregular en esa región del sur.

El primer proyecto, SB 53, obliga a las autoridades locales a verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida si existe una “sospecha razonable” de que se encuentra de forma irregular en el país. El segundo, SB 63, autoriza la recolección de huellas dactilares y muestras de ADN a extranjeros detenidos, integrándolos en la base de datos forense estatal. Estos cambios reflejan un giro aún más restrictivo en la política migratoria del estado, reavivando recuerdos de la criticada ley HB 56 de 2011.

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Alabama aprueba el proyecto de ley SB 53, que criminaliza el transporte de migrantes

El proyecto SB 53, promovido por el senador republicano Wes Kitchens y aprobado con una mayoría de 80 votos contra 18, tipifica como delito clase C, punible hasta con 10 años de prisión, transportar a una persona indocumentada dentro del estado. Este punto ha generado controversia, ya que muchos temen que situaciones cotidianas, como llevar a un familiar al médico o asistir a un evento social, puedan ser interpretadas como tráfico de personas.

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La legislación incluye algunas excepciones, como el traslado por motivos médicos, religiosos o legales, pero los críticos sostienen que estas medidas no son suficientes para evitar el riesgo de criminalización injusta. El representante Ben Robbins, quien defendió la medida en la Cámara de Representantes, argumentó que se busca frenar redes de explotación laboral. Sin embargo, desde colectivos como la Alabama Coalition for Immigrant Justice, se denuncia que la ley afectará a ciudadanos estadounidenses que conviven con familiares indocumentados.

SB 63: ADN y huellas para extranjeros bajo custodia en Alabama

El segundo proyecto, SB 63, patrocinado por el senador Lance Bell y aprobado con 76 votos a favor y solo 7 en contra, establece la obligatoriedad de recolectar huellas dactilares y ADN de personas extranjeras bajo custodia estatal. Según sus impulsores, la intención es acelerar los procesos forenses al nivel local, ya que el sistema federal enfrenta demoras de hasta dos años y medio.

El representante Mark Shirey, quien lideró la presentación de la iniciativa en la Cámara, aseguró que con esta ley se podrá reducir el tiempo de análisis a solo dos horas y media. Aunque no generó un debate tan acalorado como el SB 53, el proyecto ha sido cuestionado por especialistas en derechos civiles, quienes consideran que puede vulnerar la privacidad de los inmigrantes y abrir la puerta a prácticas discriminatorias por parte de las autoridades.

Legisladores y activistas de Alabama advierten sobre riesgos constitucionales

La aprobación de ambas normativas en Alabama ha provocado un fuerte rechazo por parte de sectores sociales, religiosos y políticos, que advierten sobre posibles violaciones a la Constitución de Estados Unidos. El representante demócrata Thomas Jackson señaló que la ambigüedad del término “sospecha razonable” podría derivar en perfilamiento racial, una práctica prohibida por la ley federal. “Ser hispano no es un delito”, afirmó Jackson durante el debate.

Desde la comunidad civil, testimonios como el de Jordan Stallworth, representante de la Coalición de Justicia para Inmigrantes, reflejan la preocupación de muchas familias que temen ser penalizadas por ayudar a sus seres queridos. “No debería ser ilegal llevar a un familiar al hospital solo porque cruzamos la frontera estatal”, expresó. A pesar de las críticas, los proyectos avanzan hacia una última revisión en el Senado antes de convertirse en ley, con apenas dos días restantes en la actual sesión legislativa.

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