Nuevos destinos para los inmigrantes en EEUU: estos países podrían recibir a los deportados por Donald Trump en 2025

En su esfuerzo por implementar la operación de expulsión más grande en la historia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha iniciado una red de acuerdos internacionales para trasladar a miles de inmigrantes a terceros países, muchos de ellos sin conexión con los expulsados. La estrategia se ha centrado en considerar a estos territorios como “países seguros”, capaces de recibir personas repatriadas bajo criterios unilaterales de seguridad nacional, según información de Politico.

Al menos ocho países, incluidos El Salvador, Panamá, Costa Rica, Rwanda, Honduras, México, Libia y la base militar de Guantánamo, en Cuba, forman parte de esta red. Las deportaciones masivas han provocado numerosas críticas desde organizaciones de derechos humanos hasta jueces federales, quienes han emitido órdenes judiciales para garantizar el debido proceso y prevenir expulsiones ilegales. A pesar de ello, la administración Trump ha insistido en ejecutar su plan con el respaldo de leyes como la Alien Enemies Act, una normativa del siglo XVIII.

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El Salvador y el uso de cárceles de máxima seguridad para recibir inmigrantes de Estados Unidos

Uno de los países clave en la estrategia migratoria de Trump es El Salvador. En marzo, el gobierno estadounidense firmó un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para trasladar a más de 200 inmigrantes venezolanos al CECOT, la megacárcel que ha sido duramente cuestionada por su trato a los reclusos. Este pacto ha generado un intenso debate, ya que los migrantes fueron enviados sin la posibilidad de apelar su deportación.

La administración Trump justificó esta medida al amparo de la Alien Enemies Act, una ley que permite expulsar a personas consideradas una amenaza en tiempos de guerra. Aunque jueces federales ordenaron suspender las deportaciones por violaciones al proceso legal, la Corte Suprema revirtió esas decisiones en una controvertida maniobra nocturna. La Corte, sin embargo, exigió que los inmigrantes tengan una oportunidad razonable para defender su caso.

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Países africanos y centroamericanos también figuran en los acuerdos con Estados Unidos

Además de El Salvador, otros países como Rwanda y Libia aparecen como receptores de inmigrantes no deseados por la administración Trump. En Rwanda, las autoridades confirmaron negociaciones con Washington, pese a las advertencias sobre violaciones de derechos humanos en sus centros de detención. En el caso de Libia, informes revelaron intentos de deportar personas a ese país, aunque tribunales estadounidenses frenaron temporalmente la operación por los riesgos extremos que enfrentan los retornados.

En América Central, tanto Panamá como Costa Rica firmaron acuerdos similares. En febrero, Panamá aceptó migrantes de Asia y África que fueron retenidos en condiciones precarias en hoteles de la capital. Imágenes de los inmigrantes pidiendo ayuda generaron una ola de indignación internacional, lo que llevó a las autoridades a liberar a los detenidos con un plazo de 30 días para salir del país. Mientras tanto, Costa Rica colaboró con la repatriación de más de 100 personas bajo una modalidad temporal.

Honduras, por su parte, desempeñó un papel logístico, al servir como escala para la deportación de venezolanos desde la base de Guantánamo. La presencia de migrantes en esa instalación también revivió preocupaciones sobre condiciones inhumanas de detención, similares a las denunciadas en décadas anteriores. Aunque inicialmente el país centroamericano amagó con romper el tratado de extradición con Estados Unidos, luego restableció la cooperación tras un acuerdo con la administración Trump.

México y Guantánamo: acuerdos informales con Estados Unidos y detención indefinida

Aunque no se ha firmado un acuerdo formal, México ha recibido a miles de migrantes no mexicanos deportados por Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno ha aceptado estas personas por “razones humanitarias”, permitiendo incluso que algunos consideren permanecer en el país. Sin embargo, defensores legales han alertado que México no puede considerarse un “país seguro”, debido al alto nivel de violencia y extorsiones contra personas migrantes.

El uso de la base militar de Guantánamo, en Cuba, como centro de detención migratoria también ha sido objeto de críticas. Aunque el plan original era albergar hasta 30.000 personas, menos de 500 permanecen allí debido a las limitaciones logísticas y al costo operativo. La ACLU ha denunciado que muchos de estos detenidos carecen de acceso a abogados y han sido privados de presentar solicitudes de asilo u otras defensas legales.