Pésimas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump afirma que no se necesitaría juicio previo para ser deportados

El presidente Donald Trump reafirmó el martes su postura sobre las deportaciones, argumentando que los inmigrantes indocumentados no deberían tener derecho a un juicio. De acuerdo con The New York Times, en una declaración realizada en el Despacho Oval, Trump insistió en que su administración debería poder expulsar a los inmigrantes sin la intervención de los tribunales, afirmando que el proceso judicial estaba frenando sus esfuerzos de deportación.

Estas declaraciones, que llegan en medio de su crítica continua al sistema judicial, se centran en la idea de que las leyes de debido proceso no deberían aplicarse cuando se trata de deportaciones. Según Trump, la necesidad urgente de deportar a inmigrantes lo justifica, citando ejemplos de países como el Congo y Venezuela que habrían liberado prisioneros hacia Estados Unidos.

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Posturas frente a las políticas contra inmigrantes en EEUU de Donald Trump

Trump continuó su defensa del enfoque sin juicio, asegurando que "no estaba previsto" que el sistema judicial fuera necesario para todas las personas que debían ser deportadas. Afirmó que "un juicio va a durar dos años", advirtiendo que esto pondría en peligro en EE.UU. Estas declaraciones fueron recibidas con duras críticas, especialmente por parte de legisladores demócratas. El congresista Jonathan L. Jackson, por ejemplo, calificó los comentarios de Trump de "antidemocráticos" y subrayó que el debido proceso es un derecho fundamental en los Estados Unidos.

El presidente también había expresado puntos similares en una publicación en redes sociales, donde afirmó que “darle juicio a todo el mundo llevaría 200 años”. Esta postura se dio tras una reciente decisión de la Corte Suprema que bloqueó temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos, a quienes el gobierno de Trump acusaba de ser miembros de una banda criminal.

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Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra inmigrantes en EEUU

Trump también recurrió a una ley histórica, la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar sus intentos de deportar a inmigrantes, especialmente a aquellos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una violenta banda venezolana. La ley, aprobada en 1798, ha sido utilizada raramente y solo en tiempos de guerra. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que las personas afectadas por esta legislación deben tener la oportunidad de impugnar su deportación, lo que representa otro obstáculo para la implementación de las políticas de Trump.

A esta controversia se suma el caso de Kilmar Armando Abrego Garcia, un salvadoreño expulsado por un "error administrativo". La Corte Suprema había ordenado que se le permitiera regresar para poder acudir a la justicia, pero hasta ahora, la Casa Blanca no ha cumplido con esta orden, lo que ha provocado más críticas hacia la administración de Trump por sus acciones relacionadas con el debido proceso.