Aviso importante para inmigrantes en EEUU: jueza ordena a gobierno de Trump nuevo método de deportaciones usando idioma natal
Bajo la administración de Donald Trump, las deportaciones hacia El Salvador se incrementaron. La reciente decisión pretende asegurar un procedimiento más justo frente a las críticas por los métodos empleados en las deportaciones.
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La jueza federal Charlotte Sweeney emitió un fallo que favorece a los los inmigrantes en Estados Unidos, según un informe de El País. Esta resolución obliga a la administración de Donald Trump a notificar con un mínimo de 21 días de antelación cualquier acción relacionada con deportaciones, lo que incluye la nueva política aplicada hacia El Salvador.
Este fallo judicial se originó a partir de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de varios inmigrantes deportados. La organización buscaba garantizar que se cumpla el "debido proceso", asegurando que los migrantes obtengan información clara y precisa sobre los recursos legales disponibles para apelar sus casos.
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Modificaciones en deportaciones para inmigrantes en Estados Unidos
El fallo de la jueza Sweeney, con jurisdicción en Denver, no solo exige que las autoridades federales entreguen un aviso anticipado a los inmigrantes, sino que también establece que toda comunicación debe realizarse en el idioma nativo de la persona involucrada.
La ACLU argumenta que la política de deportación impulsada por Donald Trump no solo era inapropiada, sino que violaba derechos fundamentales al no permitir que los inmigrantes pudieran apelar en tiempo y forma. Según la organización, muchos migrantes fueron notificados de su deportación con menos de 24 horas de antelación, sin conocer adecuadamente sus derechos o el proceso de apelación.
Tim Macdonald, director legal de la ACLU en Colorado, expresó su agradecimiento por el fallo favorable de la jueza Sweeney. En un comunicado a la cadena CBS News, señaló: “El debido proceso es fundamental para el estado de derecho en este país, y el Gobierno ha demostrado un desprecio flagrante por este derecho civil esencial”.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos?
La Ley de Enemigos Extranjeros, establecida en 1798, es una herramienta clave utilizada por los gobiernos de Estados Unidos en tiempos de conflicto para deportar a personas consideradas como amenazas para la seguridad nacional. En el contexto actual, la ley ha sido aplicada para justificar la deportación de migrantes catalogados como “criminales” o miembros de bandas peligrosas, como el caso reciente de los inmigrantes deportados a El Salvador.
Este tipo de deportaciones se ha vuelto más común durante la presidencia de Donald Trump, quien utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para implementar medidas más estrictas contra los migrantes. El gobierno de Trump adoptó una postura agresiva contra el crimen organizado y las bandas internacionales, como el Tren de Aragua, y utilizó la ley para deportar a miles de personas.
Estados Unidos: deportaciones de inmigrantes a El Salvador
Las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos hacia El Salvador han aumentado significativamente en los últimos años, especialmente bajo la administración de Donald Trump. En 2024, se registraron un promedio de diez vuelos mensuales con deportados salvadoreños, sumando más de 327,000 deportaciones en los últimos 20 años.
Una de las acciones más controvertidas ocurrió el 15 de marzo de 2025, cuando Estados Unidos deportó a 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchos de ellos no tenían antecedentes penales en EE. UU. y fueron detenidos basándose únicamente en características físicas como tatuajes o la forma de su cabello.
¿Qué pasa cuando te deportan de Estados Unidos?
Cuando una persona es deportada de Estados Unidos, enfrenta una serie de consecuencias legales y personales significativas. El proceso de deportación puede implicar la detención por parte de ICE, audiencias ante un juez de inmigración y, en algunos casos, deportación acelerada sin audiencia judicial, especialmente si la persona ha estado en el país por menos de dos años.
Una vez deportada, la persona generalmente enfrenta una prohibición de reingreso que puede variar entre cinco, diez o 20 años, o incluso permanente, dependiendo de las circunstancias de la deportación
