Supremo británico rechaza el recurso de Julian Assange sobre su extradición a EE. UU.
Ahora la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, será quien decida si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta una pena de hasta 175 años de cárcel.
El Tribunal Supremo de Reino Unido ha desestimado este lunes la petición del fundador de WikiLeaks Julian Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.
En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dio luz verde a la extradición de Assange y hoy el Supremo, última instancia judicial, ha rechazado tramitar más recursos, por lo que la decisión final será de la ministra del Interior, Priti Patel, ha informado este lunes la propia WikiLeaks.
El Supremo ha rechazado la admisión a trámite de recursos porque la solicitud no ha planteado “un argumento legal debatible”, según recoge el diario británico Daily Mail.
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Además, cierra la vía abierta en enero por la jueza Vanessa Baraitser, quien alegó que no se debía autorizar la extradición de Assange, ciudadano australiano, por riesgo de suicidio.
Este revés para Assange llega apenas unos días después de que su prometida, Stella Moris, anunciara que se les permitiría casarse. La ceremonia está prevista para el 23 de marzo, apenas unas semanas antes del tercer aniversario de la detención del activista tras su salida de la Embajada ecuatoriana. Desde entonces está en una celda de alta seguridad en la prisión de Belmarsh.
El fundador de WikiLeaks permanecía refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. En Estados Unidos se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo.
El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.
