Despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador entra a la recta final
La Asamblea Nacional del Ecuador debatirá este 25 de enero si las mujeres y personas gestantes podrán acceder a su derecho a decidir.
La Asamblea ecuatoriana se prepara para el debate definitivo sobre la despenalización del aborto en casos de violación tras el fallo de la Corte Constitucional a favor de la legalidad de la interrupción del embarazo por esta causal en abril de 2021.
Fueron varias las demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Corte para despenalizar el aborto por violación, muchas de ellas interpuestas por colectivos feministas.
Este organismo judicial modificó lo relacionado a la penalización del aborto dentro del Código Orgánico Integral Penal, que establecía desde 1983 que solamente una mujer con discapacidad mental podía acceder a esta intervención tras ser víctima de abuso sexual. Dentro del fallo se fijó que sea la Asamblea ecuatoriana la encargada de dar el cuerpo legal en seis meses.
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Los plazos se cumplieron y la Asamblea Nacional del Ecuador debatirá este 25 de enero el segundo informe del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación. Uno de los últimos puntos discutidos y reconsiderado han sido los plazos: se modificó el de 28 semanas de gestación para realizarse un aborto a 22 semanas para las gestantes menores de 18 años, 20 semanas para las mayores de 18 años y sin plazos para mujeres con discapacidad mental.
El Proyecto de Ley presentado por parte de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional es un trabajo realizado por más de 100 colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y la organización civil.
Cuenta con 64 artículos y unos de sus fines, como consta en el texto es “garantizar la dignidad de toda niña, mujer, adolescente y persona gestante que desee interrumpir su embarazo, reconociendo que son libres de tomar decisiones para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación”.
Otro de los puntos críticos ha sido sobre los trabajadores sanitarios, ya que el texto indica que “se prohíbe al personal del sistema nacional de salud obstaculizar el acceso de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo cuando es legal”, además de que “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación”.
Según el Observatorio de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, cada día se registran 13 embarazos producto de una violación de niñas entre a 10 a 14 años. De ellos, seis terminan en aborto y siete en partos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, como Surkana, el Consejo de Protección de Derechos de Quito, entro otros, alertaron que hay tres nudos críticos que ha generado polémica: la objeción de conciencia, requisitos y plazos. Agregaron que esos temas ya fueron tratados y que la Comisión de Justicia, la encargada de debatir el proyecto, no ha tolerado la presión de grupos que se oponen al aborto.
A menos de una semana de llevarse el debate en el pleno del Legislativo ecuatoriano, diversas son las visiones, incluso, dentro de la misma comisión que llevó adelante la discusión.
