El riesgo de pagar con la vida por ser uno mismo: la incesante lucha LGTBIQ+ en Honduras

Tegucigalpa, la ciudad de los Cerros de Plata —capital de Honduras—, ha sido escenario del asesinato de la lideresa trans, luchadora por las personas que padecen VIH y representante de su comunidad barrial Thalía Rodriguez, el pasado lunes 10 de enero de 2022. Es el primer crimen del año contra una persona transgénero en este país, considerado como una de las naciones más peligrosas para las personas del colectivo LGTBIQ+.

El fatídico día, personas ingresaron a la casa de Thalía, quien se encontraba con su pareja Walter, en las faldas del cerro Juana Laínez. Ambos fueron atacados con armas de fuego. Ella murió, mientras que su acompañante sobrevivió y fue trasladado a un centro hospitalario para su atención. Las investigaciones siguen en curso y todavía no se ha identificado a los asesinos.

Thalía, de 45 años, era una activista trans reconocida por su liderazgo, apoyo y constancia por la defensa de los derechos de las mujeres trans desde hace más de 20 años. Además, era un ejemplo de superación. Por más de tres décadas hizo prosperar una abarrotería, su negocio propio, por el cual luchó y que le permitió dejar el trabajo sexual de las calles.

“Exigimos a la CIDH que le pida al Estado de Honduras investigar y sancionar a los responsables del asesinato de Thalia Rodriguez. Su asesinato no puede quedar en la impunidad. No nos pueden seguir matando”, señaló Cattrachas, una de las principales organizaciones LGTBIQ+ de Honduras y América, al respecto.

Al crimen de Thalía, durante los primeros días del estrenado año, se sumó el asesinato de otra hondureña lesbiana, otra injusticia que recién empieza a indagarse. De esta manera, la cifra de muertes sigue creciendo en Honduras, mostrando la espinosa realidad de un país que ha sido catalogado como una de las zonas más peligrosas para las personas del colectivo LGTBIQ+ y en “donde el machismo y la homofobia es letal”, según un informe de la Agencia Española de Cooperación en 2018.

“Desde el 2009 a la actualidad se registran 402 muertes violentas de personas LGTBI+. Ahora, en lo que vamos del año, 2022, apenas, ya registramos dos muertes, de Thalía, y de otra compañera lesbiana”, manifiesta la abogada Nadia Mejía, representante de Cattrachas, a La República.

El fundamentalismo religioso, una fuente de odio hacia LGTBI

Honduras, en el papel, es un estado democrático; sin embargo, no ejerce ese concepto al mantener una relación estrecha y directa con la Iglesia. La religión juega un papel importante en la política de los gobiernos de esta nación.

“La Iglesia católica y la evangélica tienen el poder de influenciar al pueblo porque al ojo del hondureño son las dos instituciones más confiables del Estado. Esto se convierte en una ventaja para los políticos (…) para ganar los votos de las personas católicas/cristianas en Honduras, que en porcentaje es más del 70% de la población”, señala un informe de la plataforma multimedia Milenio.

Esta influencia religiosa se ha convertido en la principal fuente agresora: “En Honduras tenemos una sociedad conservadora, machista, una sociedad de líderes fundamentalistas religiosos, que partiendo desde este propio fundamentalismo religioso es el que se crea y se difunde de odio y discriminación a las personas LGTBI”, explica Mejía.

Durante el discurso de celebración por el Bicentenario de Independencia de Honduras, en septiembre de 2021, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) profirió ataques homofóbicos y desconoció derechos amparándose en los principios cristianos.

El mandatario llamó “enemigos de la independencia” y defensores de los “antivalores” a las personas y organizaciones que promueven el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, así como los derechos de la diversidad sexual.

“Según nuestra Constitución, los principios y valores que inspiran nuestra sociedad, de acuerdo a la carta magna, están bajo protección del Estado (...) protegiéndoles contra todos esos peligros como el matrimonio (igualitario) que promueven algunos. Conceptos antivalores, como la ideología de género, que busca ignorar cómo Dios trae al mundo a un niño y a una niña”, menciona Orlando Hernández, en referencia a la legislatura social en favor de la comunidad LGTBIQ+.

Legislación ausente sobre los derechos de las personas LGTBIQ+

En tierras hondureñas, los marcos legales restringen derechos a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual y más.

La reforma constitucional de este país, en 2005, les restringió el matrimonio igualitario. Eso no bastó para que, en 2021, los legisladores aprueben una reforma que aumentó el número de votos que se necesitan en el Congreso para cambiar el artículo que impide esa unión entre personas del mismo sexo. Un blindaje contra la libertad.

“Al intentar bloquear en forma permanente y total cualquier posibilidad de acceder al matrimonio para las parejas del mismo sexo, el Congreso hondureño está consolidando la homofobia avalada por el Estado. (…) En un país donde las personas LGBT ya enfrentan altos niveles de violencia y discriminación, este intento de reforma constitucional transmite el mensaje de que su estigmatización podría incluso agravarse”, apunta Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos LGTBIQ+ de las Américas en Human Rights Watch.

Nadia Mejía, la mencionada representante de Cattrachas, agrega: “A raíz de estas reformas no se reconoce la adopción homoparental, la visita íntima en el sistema penitenciario entre personas del mismo sexo. Incluso hay un decreto o norma de 1999 que todavía sigue vigente y que prohíbe la donación de sangre a las personas LGTBI porque creen que las prácticas sexuales (que realizan) son totalmente peligrosas, como si las personas heterosexuales no realizaran ese tipo de prácticas”.

Hasta el día de hoy, la normativa de esta nación tampoco permite que las personas trans cambien de nombre y que aparezcan en documentos oficiales con la identidad de género que han escogido.

Además, el país carece de políticas públicas de protección social que permitan el acceso a la educación, la salud, la seguridad y al trabajo en igualdad de condiciones que el resto de la población.

“En razones de la educación, las personas trans no pueden acceder a una educación que les reconozca su identidad de género. Siempre se les llama por su nombre legal; nunca se les habla de su nombre asumido”, protesta Mejía.

Muertes sin respuestas

Los crímenes de odio en este país cometidos contra homosexuales quedan impunes, advierten diversos activistas, a pesar de que el Código Penal de su nación reconoce una agravante genérica por discriminación o prejuicio basado en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.

“De todos los casos que hemos registrado en Cattrachas, a ninguno se le ha aplicado esa agravante genérica de odio, de prejuicio o de razón de animadversión por identidad de género. Aunque capturen a la persona que asesina a una persona LGTBI, si no aplican esta agravante genérica, nosotros consideramos que el caso continúa en impunidad, porque no reconocen esa violencia por prejuicio”, indica Nadia.

Según la representante de Cattrachas, de los 402 crímenes contra la comunidad LGTBIQ+ en Honduras, registradas hasta el 2022, “casi hay una impunidad del 91%, donde solo hubo 35 sentencias condenatorias, de las cuales no se ha aplicado el mencionado agravante genérica”.

Ante esta realidad, las organizaciones LGTBIQ+ llevan los casos a cortes internacionales. En 2021 lograron que el Estado de Honduras fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Vicky Hernández, una mujer transexual asesinada durante el golpe de Estado en 2009. Tuvieron que pasar más de 10 años para encontrar algo de justicia, pero todavía hay muchas víctimas que siguen esperando reparación.

Dentro de las medidas de reparación que la corte emitió, se indica al Estado de Honduras continuar con las investigaciones del transfeminicidio de Vicky Hernández y llevar a cabo “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”.

Además, el Gobierno deberá de implementar una beca educativa para mujeres trans, crear un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad, adoptar un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos, y adoptar protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas LGTBIQ+.

Ahora, se espera que el nuevo Gobierno entrante de Xiomara Castro, que asumirá el 27 de enero de 2022 en sustitución de Juan Orlando Hernández, cumpla con la sentencia de la CIDH.

Al respeto, Mejía especifica: “El nuevo Gobierno no tiene que prometernos nada en avances de derechos de personas LGTBI, porque no es una promesa política, es una obligación estatal. Cattrachas, como organización, no planea realizar convenios o acuerdos. Simplemente, ustedes tienen que cumplir la sentencia de Vicky Hernández. El Estado está en la obligación de darle seguimiento y cumplimento de los puntos resolutivos de la sentencia”.

“No vamos a dejar que la muerte de Thalía Rodríguez quede impune. Vamos a seguir ahí hostigando hasta que nos den una repuesta. Y, si no nos la dan, esto va a ir a todas las instancias, internacional, si es necesario”, concluyó Nadia Mejía, de Cattrachas.

• Sobre Cattrachas: Es una reconocida organización lésbica feminista dedicada a la defensoría de derechos humanos de las personas LGBTI en Honduras. Se fundó en el año 2000 como respuesta al contexto de violencia ejercida hacia personas sexo-género diversas. En diciembre de 2021 se hizo merecedora de la primera entrega del Premio de Derechos Humanos Europa.

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