Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en EE. UU.
El empresario, acusado de pagar sobornos para desviar 350 millones de dólares, enfrentará una condena de unos 20 años si es hallado culpable.
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de Estados Unidos no culpable de un cargo por lavado de dinero.
En una breve audiencia celebrada este lunes 15 de noviembre en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su abogado defensor, Neil Schuster, retomó el argumento de que Saab, de 49 años, es un diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto, con inmunidad.
Aunque el juez a cargo del caso es Robert N. Scola Jr., el empresario compareció ante la magistrada Alicia Otazo Reyes, con un mono beige y el pelo recogido, esposado de pies y manos junto a otros cinco reclusos, mientras en los exteriores del juzgado en el centro de Miami una decena de simpatizantes de Maduro reclamaba la libertad del acusado.
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La Fiscalía estadounidense acusa a Saab de pagar sobornos para desviar hasta 350 millones de dólares de contratos estatales destinados a construir viviendas de bajo precio para el Gobierno venezolano.
Dos semanas atrás, el juez Scola, quien seguirá al frente de este caso, desestimó siete cargos de lavado de dinero que pendían contra Saab, quien fue extraditado a EE. UU. el pasado 16 de octubre tras más de un año de arresto en Cabo Verde.
La reducción de cargos fue parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que habría tenido en ese país africano.
Saab, que en la audiencia de este lunes no habló, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, una pena que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía, lo que suele incluir delación.
La audiencia fue abierta a la prensa, tal como lo había solicitado la Fiscalía bajo el argumento de que el caso es de “interés público”, y luego de que la defensa de Saab pidiera que se limitara el acceso a los medios de comunicación para evitar que se tomen fotos del acusado, como ocurrió en la primera visita, efectuada el pasado 18 de octubre.
Como parte de la moción, Saab había adjuntado un anexo con la lista de personas y medios que supuestamente violaron la Regla Federal de Procedimiento Penal 53, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida, y solicitó una investigación.
En respuesta a ello, la semana pasada, el juez Scola ordenó a la Fiscalía de Estados Unidos investigar a los medios que tomaron y publicaron de forma ilegal fotos en dicha audiencia celebrada por Zoom.
Scola subrayó que no limitará las audiencias por internet como solicitó la defensa, pero dijo que tiene la “intención” de hacer las próximas vistas judiciales de manera presencial para evitar esos problemas y teniendo en cuenta que la incidencia de la pandemia ha bajado en Florida.
De esa manera, el juez precisó en un fallo al que tuvo acceso Efe que “concede en parte y niega en parte” la moción presentada por Saab en torno a las imágenes tomadas, que luego fueron publicadas en medios y redes sociales pese a que es ilegal.
En la audiencia de hoy la jueza Otazo Reyes recordó a los periodistas presentes que estaba prohibido grabar la sesión.
No se informó en la corte sobre cuándo será la próxima audiencia de este caso, que se prevé sea de nuevo ante el magistrado Scola.
Saab aparece vinculado también a otro caso por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 y que el Departamento del Tesoro estadounidense señala de ser un esquema para que el empresario obtuviera “ganancias sustanciales”.
