Francia prohibirá terapias de conversión para personas LGTBI por ser consideradas tortura

Avance contra la homofobia. Las y los diputados de Francia aprobaron por unanimidad un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión de personas LGTBI, muy comunes entre la extrema derecha y en ámbitos religiosos. La propuesta, que ahora deberá ser aprobada en el Senado francés, sancionará a los supuestos terapeutas con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa, e incluso tres años de cárcel en caso de reincidencia.

En la mira de la ley, están las “prácticas, comportamientos o declaraciones repetidas destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género” de una persona, con el fin de “alterar su salud física o mental”. Esta iniciativa legislativa fue presentada por el partido macrista y apoyada por el Gobierno. Contó con el respaldo de todos los partidos.

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Entre las prácticas que pretende perseguir, figuran la hipnosis aplicada a personas LGTBI, la abstinencia o el exorcismo. Sin embargo, la ley puede no ser aprobada de forma definitiva si el Senado no acelera su adopción, puesto que en febrero de 2022 se cierra el periodo de sesiones para dar paso a la campaña presidencial.

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Cabe resaltar que una investigación parlamentaria constató un centenar de casos recientes de estas terapias y una tendencia al alza, por lo que se decidió actuar. Este método suelen darse en un contexto religioso o sectario, como sucede con el exorcismo, las llamadas a la abstinencia o incluso hasta el extremo de impulsar matrimonios forzados.

El concepto terapia de conversión nació en Estados Unidos, en los años 50 del siglo pasado. Se basa en la falsa idea de que las orientaciones que no se ajustan al patrón heterosexual son en realidad patologías que hay que tratar. En la proposición de ley francesa, se advierte que estas terapias pueden desembocar en la depresión y el suicidio. Además, en el mismo dictamen se cita un informe del Alto Comisariado de las Naciones Unidas, en el 2015, en el que se pedía su prohibición “por ser contrarias a la ética y no tener fundamento científico”, además de resultar “ineficaces”. Según la ONU, estas se pueden calificar como tortura.