Venezuela: régimen de Maduro cometió 825 ejecuciones extrajudiciales de enero a junio del 2021

Este jueves 22 de julio se reveló que las fuerzas policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro cometieron 825 ejecuciones extrajudiciales durante los primeros seis meses del presente año. La data fue recopilada a través de un trabajo de monitoreo realizado por la ONG Lupa por la Vida en el territorio venezolano.

“Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, citó el documento que tomó en cuenta hechos de violencia policial y militar. La cifra publicada se acercó mucho al número registrado entre enero y junio de 2020, cuando se identificaron 1.611 ejecuciones gracias un informe de la ONG Provea y el Centro Gumilla.

Por otro lado, la publicación de Lupa por la Vida denunció que los delitos reflejan el uso desmedido de la fuerza por parte de las agentes del orden. “La letalidad policial en el país y el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible”, refirió.

Asimismo, destacó que las personas quienes cometen o están involucradas en esos casos actúan en la completa impunidad debido a que son protegidos por altos cargos del Estado, como gobernadores, ministros y personajes de la gestión pública. “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada”, concluyó.

¿Qué sucede con las FAES?

El estudio también identificó una reducción de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), equipo integrado por la Policía bolivariana. En 2020 se contaron 416, mientras que los casos llegaron a 64 en lo que va del 2021.

Para los autores de la investigación, esto podría estar relacionado con los llamados de atención por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instituciones han exigido la disolución de ese grupo desde 2019.

El informe de la ONG Lupa por la Vida deslizó la posibilidad de que el mencionado comando policial se encuentra en medio de este proceso. “Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO”, apuntó.