La temible fuerza policial de Maduro está integrada por delincuentes condenados, según Reuters

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela han sido denunciadas por múltiples organizaciones e incluso por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por su temible accionar, especialmente en zonas populares.

Torturas y ejecuciones extrajudiciales acumulan la mayoría de denuncias, pero este miércoles Reuters dio nuevos detalles sobre la polémica que ronda en torno a las FAES lanzadas por el cuestionado presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis que padece Venezuela.

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En cientos de documentos reservados presentados por los fiscales de un caso judicial que inmiscuye al FAES en el fallecimiento de dos hombres el pasado mes de marzo, quedó plasmado que al menos dos oficiales cumplieron penas de prisión antes de unirse al selecto grupo.

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A pesar de que una ley promulgada en 2009 prohíbe a los ciudadanos venezolanos con condenas penales trabajar como agentes y de que las propias normas de las Fuerzas de Acciones Especiales establece que los oficiales no deben tener antecedentes penales.

En los documentos de reclutamiento, revisados por la agencia, se asegura que los integrantes deben tener “buen carácter moral”. Se desconoce exactamente cuántos exconvictos realizan labores de seguridad dentro del cuerpo integrante.

Se trata de un bloque policial que actúa con gran hermetismo, no hay transparencia sobre sus integrantes. Ni la Policía Nacional Bolivariana ni algún ente del régimen de Maduro otorga información al respecto.

En conversación con La República a finales del año pasado el coordinador de investigación de Provea (acrónimo de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, se refirió a la sugerencia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de disolver las FAES.

En vez de acatar la recomendación, “Maduro alentó a las FAES a seguir actuando, fortaleciéndose”, acotó Alvarado. Según Provea, una organización no gubernamental de larga data en la nación caribeña, este “escuadrón de la muerte sigue imponiendo terror en las zonas populares”.