Bolivia: envían a prisión a exministro de Salud por comprar respiradores con sobreprecio
La medida se extendió también para el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, así como el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipo, Geovanni Pacheco, y el “testigo clave”, Luis Fernando Humérez.
El exministro de Salud del Gobierno interino de Bolivia, Marcelo Navajas, fue enviado a prisión preventiva este domingo por el caso de presunta corrupción en la compra con sobreprecio de respiradores artificiales de España, en medio de la pandemia del coronavirus.
El exfuncionario de confianza de la presidenta Jeanine Áñez permanecerá 3 meses en una cárcel de La Paz, dijo el fiscal Ruddy Terrazas a la prensa.
La decisión fue adoptada por un juez tras una larga audiencia de casi 10 horas que inició la tarde del sábado y culminó la madrugada del domingo.
Marcelo Navajas no fue el único funcionario del gobierno interino de Bolivia que fue encarcelado de manera preventiva, la medida se extendió también para el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, así como el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni Pacheco y el conocido en este proceso como “testigo clave” Luis Fernando Humérez, todos ellos por seis meses.
Otras dos funcionarias, una de la agencia estatal y otra consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, que financió la compra, fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses, según dijo el representante del Ministerio Público.
Rosario Canedo, abogada del exministro Navajas, consideró “arbitraria” la decisión del juez por “falta de seguridad jurídica” en un proceso al cual calificó de politizado. Además consideró que es un riesgo darle prisión a su defendido debido a que el hombre de 62 años padece de una enfermedad crónica del corazón.
La defensa del extitular de Salud de Bolivia dijo que apelaría, así como los otros funcionarios que fueron mandados a prisión.
La decisión del juez estaba basada en la sustentación de documentos, declaraciones y conversaciones telefónicas investigadas, según sostuvo el fiscal.