Donald Trump propone cambios radicales en la ley ambiental para acelerar grandes infraestructuras
El presidente de los Estados Unidos anunció que se rebajarán los requisitos de los estudios ambientales para la construcción de oleoductos, gaseoductos, aeropuertos y minas.
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El pasado jueves 9 de enero, la administración de Donald Trump propuso reducir en gran medida el uso de una de las leyes ambientales más importantes del país: la ley NEPA, por sus siglas en inglés), pidiendo cambios que permitan que los proyectos que van desde oleoductos, gaseoductos, aeropuertos y minas avancen con mucho menos revisión federal en su impacto en el medio ambiente.
“Queremos construir nuevas carreteras, autopistas y puentes más grandes y más deprisa”, dijo Trump. La decisión “va a eliminar burocracia que ha paralizado la toma de decisiones de sentido común durante una generación”, añadió el secretario de Interior, David Bernhardt, quien además destacó las “profundas consecuencias de la inacción del Gobierno” por la regulación medioambiental y dijo que se trata de “la propuesta de desregulación más importante” de la presidencia de Trump.
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Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA)
El presidente Richard Nixon promulgó la Ley de Política Ambiental Nacional el 1 de enero de 1970. Con ella, todos los proyectos grandes de infraestructura deben estar sujetos a la evaluación de impacto ambiental por parte de las agencias relevantes.
Esta es la primera transformación seria de este marco regulatorio que lleva en vigor medio siglo, y que afecta a todo proyecto que tenga dinero federal. Las propuestas estarán sujetas a un período de revisión de 60 días para comentarios públicos antes de entrar en vigor en una fecha posterior.
NEPA fue la primera gran ley ambiental de Estados Unidos y fue diseñada para “crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva”, y ha demostrado ser un obstáculo para la administración actual y su afán de acelerar la extracción de combustibles fósiles.
Grupos ambientalistas, activistas tribales y otros han usado la ley para retrasar o bloquear una gran cantidad de proyectos de infraestructura, minería, tala y perforación.
El conflicto más conocido fue el del oleoducto Keystone Pipeline XL entre Canadá, Illinois y Texas.
El argumento para debilitar las normas federales es acelerar proyectos que se pueden ver paralizados durante años en los juzgados. La iniciativa se suma a otros golpes para la regulación ambiental como el recorte a los límites contaminantes de los coches.
Rodeado por miembros de su gabinete, junto con representantes de la industria y el trabajo organizado, Trump dijo a los periodistas reunidos en la Casa Blanca que permitirá a los constructores construir carreteras “en una fracción del tiempo”.
“No nos detendremos hasta que la nueva y reluciente infraestructura de nuestra nación haya convertido a Estados Unidos en la envidia del mundo nuevamente”, agregó el presidente Trump.
Un análisis de The New York Times de diciembre identificaba 95 propuestas de desregulación medioambiental por parte de la Administración Trump en estos tres años de mandato. De ellas, 58 habían sido ya completadas y 37 se encontraban en proceso.
El gobierno no tiene el poder de cambiar la ley ambiental aprobada en el Congreso, pero, como lo hizo anteriormente para la denominada Ley de Especies en Peligro, puede cambiar las reglas sobre cómo se aplica, y fueron estos cambios propuestos los que se anunciaron el pasado jueves.
Cabe resaltar que Donald Trump sacó a EE. UU. del histórico Acuerdo de París que comprometía a 196 países a reducir sus emisiones.
