Gobiernos regionales aún no cuentan con monitoreo satelital para fiscalizar la pesca ilegal en el Perú

Pese a que el Perú dispone de herramientas tecnológicas para seguir la actividad pesquera en el mar, los gobiernos regionales, encargados de fiscalizar parte de la pesca artesanal, todavía no tienen acceso en tiempo real a información satelital que les permita detectar y sustentar sanciones contra actividades ilícitas en tiempo real.

Esta brecha limita la capacidad de vigilancia sobre prácticas como la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas y el uso de redes de cerco mecanizado dentro de las tres primeras millas, actividades que están restringidas desde hace más de dos décadas, pero que continúan siendo difíciles de controlar por la falta de evidencia oportuna.

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El problema fue advertido durante el evento 'Fortaleciendo la vigilancia frente a la pesca ilegal en el Perú a través de imágenes satelitales', organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), donde se presentó el informe 'Fiscalización de la pesca ilegal mediante el uso de imágenes satelitales'.

El documento plantea que el desafío no está necesariamente en la ausencia de tecnología, sino en que estas herramientas no están disponibles para todas las entidades que tienen competencias de fiscalización.

Actualmente, el Ministerio de la Producción (Produce) utiliza el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) para monitorear las embarcaciones bajo su ámbito de competencia. Sin embargo, los gobiernos regionales no cuentan con un acceso equivalente que les permita verificar en tiempo real el comportamiento de embarcaciones artesanales.

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Pesca de arrastre: una prohibición vigente por más de 25 años que aún enfrenta problemas de fiscalización

Uno de los principales puntos advertidos en el informe es la dificultad para sancionar actividades ilegales cuando no existe evidencia técnica suficiente que permita acreditar dónde y cuándo ocurrió una infracción.

Percy Grandez Barrón, director ejecutivo de Grandez & Cía. Consultores y autor del informe, señaló que, pese a que la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas está prohibida desde hace más de 25 años, no existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación por esta práctica.

Según explicó, la vigilancia tradicional basada únicamente en operativos presenciales resulta insuficiente debido a la extensión del litoral peruano. Por ello, plantea que los gobiernos regionales puedan acceder a plataformas de monitoreo como Global Fishing Watch o Skylight, sistemas que permiten identificar patrones de navegación y posibles actividades irregulares.

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Estas herramientas funcionan mediante el análisis de imágenes satelitales y datos de ubicación de embarcaciones. En términos simples, permiten observar movimientos que podrían indicar una operación sospechosa y generar información que luego puede ser utilizada como respaldo en una investigación.

Un caso reciente mostró el potencial de esta tecnología. Pescadores de Cabo Blanco presentaron una denuncia administrativa por un presunto caso de pesca de arrastre ilegal dentro de las cinco primeras millas marinas. La evidencia incluyó reportes de la plataforma Skylight y registros captados por drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau.

Para Grandez, se trata de un precedente porque representa una de las primeras denuncias sustentadas con herramientas tecnológicas de este tipo.

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Drones y satélites fortalecen la vigilancia, pero instituciones aún enfrentan brechas operativas

La experiencia de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau muestra que el uso combinado de tecnología y vigilancia en campo puede generar resultados. Anthony Llapapasca, jefe de esta área protegida del Sernanp, informó que el uso de drones y plataformas de monitoreo permitió reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones que realizaban actividades no autorizadas dentro de la reserva.

Sin embargo, señaló que persisten limitaciones relacionadas con personal, presupuesto y capacidad operativa, factores que condicionan la respuesta de las autoridades frente a posibles infracciones.

Desde el Ministerio Público, el fiscal especializado en materia ambiental de Sullana, Néstor Sosa, explicó que una de las principales dificultades en las investigaciones por pesca ilegal es demostrar con precisión dónde ocurrió la actividad denunciada.

En ese sentido, consideró que la información satelital puede fortalecer los procesos porque permite contar con pruebas más claras sobre la ubicación y recorrido de las embarcaciones.

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La necesidad de mejorar la coordinación también fue resaltada por representantes del sector pesquero. Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, sostuvo que muchas veces cuando llega la autoridad, la actividad ilegal ya terminó debido a la distancia y las limitaciones para intervenir rápidamente.

Por su parte, Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advirtió que la pesca ilegal no solo afecta los recursos marinos, sino que también genera problemas de seguridad para las comunidades costeras.

Los especialistas coincidieron en que ampliar el acceso a información satelital no reemplaza la fiscalización presencial, pero sí puede convertirse en un recurso estratégico para anticipar intervenciones, mejorar las investigaciones y proteger los recursos de los que dependen miles de pescadores artesanales.