Tía María: Minem autoriza a Southern a iniciar primera etapa tras anulación previa
La autorización se da luego de que el Consejo de Minería anulara un permiso previo y ordenara una nueva evaluación del proyecto cuprífero en Arequipa.
La República en GoogleEl proyecto minero Tía María vuelve a ponerse en marcha. A pocos días de que su autorización fuera anulada, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio luz verde a Southern Perú Copper Corporation para iniciar la primera etapa de explotación en Arequipa.
La medida, oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, del 17 de abril, permite a la empresa comenzar operaciones en el tajo La Tapada, ubicado en la provincia de Islay, como parte de la fase inicial del proyecto de cobre.
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El nuevo visto bueno se da luego de que el Minem verificara el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos. Entre ellos, la empresa acreditó la propiedad del terreno superficial, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la certificación ambiental sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Senace.
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Además, la cartera concluyó que no corresponde aplicar consulta previa, al no identificarse pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa del proyecto.
Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM
Con esta autorización, Southern Perú queda habilitada para iniciar la explotación en La Tapada. Según la resolución, la empresa deberá cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, así como con los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental durante el desarrollo de sus operaciones.
El documento también dispone que la autorización sea comunicada a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec, en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización.
Un permiso que volvió a evaluación
La autorización llega tras un giro reciente en el proceso. A inicios de abril, el Consejo de Minería dejó sin efecto un permiso previo para iniciar la explotación, al considerar que no estaba debidamente sustentado en aspectos técnicos clave.
En esa resolución, el organismo ordenó que el expediente regrese a la Dirección General de Minería (DGM) para una nueva evaluación, específicamente para verificar si la empresa había cumplido con levantar observaciones vinculadas al diseño de los botaderos y al cronograma de ejecución de las actividades.
Esa decisión significó un retroceso en el proceso administrativo y volvió a colocar el proyecto en una etapa de revisión, generando incertidumbre sobre su avance en el corto plazo. Tras esta nueva evaluación, el Minem concluyó que Southern sí cumplió con las exigencias planteadas, lo que permitió emitir la autorización actual y retomar el curso del proyecto.
Tía María: un proyecto que sigue bajo presión
Pese a este nuevo avance, Tía María continúa siendo un proyecto sensible, que a lo largo de los años ha enfrentado cuestionamientos sociales y ambientales, especialmente en el valle de Tambo, lo que ha derivado en protestas y paralizaciones en el pasado.
El proyecto implica una inversión estimada de US$1.400 millones. Aunque fue presentado en 2003, su desarrollo ha estado marcado por interrupciones debido a conflictos sociales en la zona.
La oposición se ha concentrado principalmente en el valle del Tambo, donde pobladores han expresado su preocupación por los posibles impactos de la minería a cielo abierto en el ambiente, especialmente en la calidad del aire y en los recursos hídricos que sostienen la actividad agrícola local.
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A lo largo de los años, el proyecto ha enfrentado cuestionamientos técnicos. En su etapa inicial, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) recibió múltiples observaciones vinculadas, entre otros puntos, al uso del agua y a la emisión de polvo. Posteriormente, la empresa presentó una versión modificada del estudio en la que planteó el uso de agua de mar como alternativa, aunque esto no logró disipar las preocupaciones de la población.
Las tensiones sociales no se han disipado. Diversas organizaciones locales han continuado cuestionando la viabilidad del proyecto y su respaldo ambiental, señalando la ausencia de licencia social. Incluso, en los últimos años se han impulsado acciones legales que buscan dejar sin efecto autorizaciones clave vinculadas al desarrollo del proyecto.
