Petroperú: sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que privatiza a la empresa estatal
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol) y sindicatos de Petroperú expresaron su descontento por el cambio de postura del Ejecutivo y el incumplimiento de acuerdos previos, lo que pone en duda su credibilidad ante el diálogo político.
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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol), junto con sindicatos de Petroperú, gremios de transporte y diversas organizaciones sociales, advirtió que iniciará acciones de protesta si el Gobierno no deroga el Decreto de Urgencia N.° 010‑2025, el cual permitiría la privatización de la empresa estatal.
Las organizaciones exigieron que la norma sea retirada de inmediato y que el Estado cumpla con las obligaciones financieras pendientes con Petroperú. En ese marco, cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo y denunciaron el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones previas con el presidente de la República y representantes de los sectores transporte y energético. Advirtieron que este giro afecta la confianza en el diálogo y debilita la credibilidad del Gobierno.
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“Resulta inaceptable que, pese a las reuniones entre el Presidente de la República, el gremio de transporte pesado, la CEUL y las federaciones petroleras —donde se asumió el compromiso de revisar y derogar la norma—, hoy se evidencie un cambio de postura que debilita la confianza en el diálogo y la palabra del Ejecutivo, reflejando una preocupante falta de coherencia en la conducción política”, señaló el gremio.
Premier descartó derogación del decreto
La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, quien descartó la derogación del decreto, pese a que el presidente José María Balcázar había señalado previamente que la norma sería evaluada. Para los gremios, esta contradicción evidencia una grave desarticulación en la toma de decisiones del Ejecutivo y refuerza las alertas sobre un proceso orientado al debilitamiento de Petroperú.
En esa línea, las organizaciones advierten que este decreto permite la incorporación de capital privado en activos estratégicos de la petrolera estatal, lo que podría derivar en su fragmentación y eventual privatización.
Señalaron que estas preocupaciones se ven reforzadas por la presencia de ProInversión y de la consultora Deloitte en la Refinería de Talara, así como por la difusión de un plan con plazos definidos que apuntaría a transferir la empresa al sector privado.
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Según los trabajadores y gremios firmantes, este proceso no solo pondría en riesgo la soberanía energética del país, sino que también tendría un impacto directo en el costo de vida de la población, reflejado en el alza de los combustibles y de la canasta básica.
El gremio rechazó los argumentos sobre la supuesta inviabilidad financiera de Petroperú y recordó que el Estado mantiene importantes deudas con la empresa. Señalaron que entre los montos más relevantes figura una deuda de S/3.112 millones por el crédito fiscal de la Amazonía, seguida de S/1.863 millones correspondientes a la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).
Añadieron que existen S/450 millones pendientes por la transferencia al fondo de pensiones de la ONP bajo la Ley 20530 y S/ 408 millones por remediaciones asociadas a cortes en el Oleoducto Norperuano. A ello se suman S/200 millones por remediaciones en unidades privatizadas y S/15 millones por abandono técnico de pozos.
Además, indicaron que las Fuerzas Armadas mantienen una deuda de S/45.5 millones con Petroperú por el abastecimiento de combustible, lo que evidencia la magnitud de las obligaciones pendientes entre el Estado y la empresa estatal.
Gobierno ratificó decreto y alista aval
Cabe recordar que, pese a que antes de asumir la Presidencia José María Balcázar firmó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Urgencia 010‑2025 y reiteró esa intención ante sindicatos. Sin embargo, su gobierno confirmó recientemente que la norma continuará vigente. En paralelo, el Ejecutivo evalúa un esquema de respaldo financiero para Petroperú mediante un aval estatal que podría alcanzar hasta US$2.500 millones, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones.
