Petroperú: Cuestionan la prisa por entregar la Refinería de Talara en junio
La prisa del Gobierno por ceder la gestión de la Nueva Refinería de Talara a privados y otros activos enciende sospechas entre trabajadores y exdirectivos.
La República en GoogleEl Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) expresó su preocupación y rechazo frente a la ruta que viene anunciando ProInversión para la Refinería de Talara, principal activo industrial de la petrolera estatal, cuya cesión de la gestión al sector privado tendría como meta junio de este año, antes del cambio de Gobierno vía elecciones.
A través de un pronunciamiento público, el gremio advirtió que el cronograma que se viene difundiendo, bajo esquemas como asociaciones público-privadas (APP), concesiones o gerencia privada, y al amparo del decreto de urgencia N° 010-2025, evidencia una presión por acelerar decisiones estratégicas sin un sustento técnico integral ni un proceso transparente.
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Según el Gobierno, Talara sería el primer "bloque patrimonial" en pasar a manos del sector privado, e incluso el plan de reorganización se adelantó de 60 días a dos semanas. Para el STAPP, "hacer rápido no es sinónimo de hacer bien", cuando se trata del principal activo industrial para la seguridad energética del país. "Talara requiere decisiones con sustento técnico verificable, gobernanza sólida y transparencia total, no cronogramas apretados por urgencias de coyuntura", apuntaron.
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El cuestionamiento a la celeridad del proceso también fue respaldado por el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, quien advirtió que el plazo anunciado por ProInversión no es compatible con la complejidad técnica de la Nueva Refinería de Talara (NRT).
"El tiempo anunciado es muy corto para un trabajo prolijo"
"Llama la atención que en ProInversión esperen que en junio se entregue la NRT para que sea operada por un privado", señaló. Aunque se trata de una instalación de capacidad media, 95.000 barriles diarios, Gutiérrez remarcó que cuenta con tecnología moderna y altamente compleja, lo que exige un análisis minucioso previo a cualquier proceso de competencia.
En ese sentido, explicó que antes de definir un esquema de operación privada se requiere un due diligence exhaustivo, la determinación de un precio de operación técnicamente sustentado y bases sólidas para la licitación. "El tiempo anunciado es muy corto para un trabajo prolijo", mencionó.
Para el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, "vender o concesionar estos activos en un contexto presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un craso error y pésimo negocio para el país".
En el análisis de Gutierrez, la rapidez del proceso genera muchas dudas. "Por la celeridad, todo indica que la tarea ya se ha iniciado con anticipación. ¿Lo han hecho a hurtadillas?", cuestionó, al tiempo que remarcó, corresponde promover un proceso de competencia transparente para una instalación que debería generar anualmente alrededor de US$322 millones, luego de cubrir sus costos.
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Rechazo a cuestionamientos sobre la capacidad técnica de Petroperú
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú también rechazó las declaraciones del director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, quien puso en duda la capacidad técnica de Petroperú para operar la Nueva Refinería de Talara, comparando la situación con "tener un Lamborghini sin saber manejarlo".
"El personal de Petroperú ha venido siendo capacitado y entrenado para operar la Nueva Refinería de Talara bajo estándares exigentes de seguridad y desempeño. La solución a los problemas de la empresa no pasa por estigmatizar a sus trabajadores, sino por sanear, ordenar y fortalecer la gestión con criterios profesionales", afirmaron.
En su pronunciamiento, el gremio alertó además sobre los riesgos de avanzar de manera simultánea en la fragmentación de activos estratégicos como lotes petroleros del noroeste y en la contratación de nueva deuda internacional sin aval del Estado, lo que podría devenir en mayores intereses.
El STAPP recordó las lecciones del Gasoducto Sur Peruano y los altos costos que ha asumido el Estado por proyectos energéticos entrampados, incluyendo arbitrajes internacionales y gastos recurrentes por infraestructura paralizada. En ese sentido, exigió que cualquier esquema aplicado a Talara evite trasladar riesgos y costos al Estado.
Finalmente, el sindicato demandó la presentación de un informe técnico integral previo a cualquier decisión sobre la refinería, mayor transparencia sobre la hoja de ruta de ProInversión y un diálogo formal con los trabajadores.
"El país necesita sanear Petroperú: orden financiero, planificación operativa, meritocracia, trazabilidad de decisiones y reglas de gobernanza que reduzcan la injerencia política y aseguren continuidad técnica", indicaron.
Experiencias regionales como la de Ecopetrol muestran la relevancia de marcos institucionales de gobernanza y transparencia (incluida su normativa de organización societaria y buenas prácticas de gobierno corporativo).
En suma, el STAPP exige:
- Rectificación por expresiones que descalifican al personal y deterioran la confianza institucional.
- Presentación de un informe técnico integral (operativo, financiero, legal, ambiental y de riesgos) previo a cualquier decisión sobre Talara.
- Transparencia de la hoja de ruta, criterios de selección, reparto de riesgos y obligaciones del eventual operador.
- Diálogo formal con los trabajadores y sus organizaciones, con actas y compromisos verificables.
- Garantías de protección del interés público, la seguridad energética y la sostenibilidad de la empresa.
