Consejo Fiscal: pese al "pacto fiscal", en esta gestión el MEF ha seguido promulgando normas con impacto adverso en el gasto público
¿Pacto sin credibilidad? El organismo que vela por las finanzas del Perú advirtió que, en los últimos dos meses del actual gobierno de Jerí se han promulgado 18 leyes sin observaciones, la mayoría con mayor gasto permanente, pese al anuncio de un acuerdo fiscal por la sostenibilidad.
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El Consejo Fiscal (CF) advirtió que, pese a la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de promover un Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, en la actual gestión se ha continuado promulgando normas con impacto fiscal adverso, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y debilita el marco de disciplina fiscal
En un comunicado difundido hoy lunes 22 de diciembre, el organismo autónomo que vigila el manejo de las finanzas públicas saludó el anuncio del Gobierno de impulsar un proceso de diálogo amplio para alcanzar consensos fiscales de mediano plazo. Sin embargo, observó que dicho acuerdo solo será efectivo si viene acompañado, y es precedido, de acciones inmediatas orientadas a salvaguardar la sostenibilidad fiscal.
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El CF señaló que, en los últimos dos meses, periodo que coincide con la gestión actual de José Jerí y de Denisse Miralles como cabeza del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo ha promulgado 18 leyes sin observaciones, la mayoría de ellas con efectos negativos sobre el gasto público.
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De este total, 17 normas implican mayor gasto, principalmente por incrementos remunerativos en el sector público y el cambio del régimen laboral CAS al régimen 728, así como por la creación de nuevas entidades y universidades públicas.
¿Acuerdo fiscal sin credibilidad?
El exministro de Economía Kurt Burneo advirtió que el Acuerdo Fiscal solo será creíble si el Ejecutivo pasa del discurso a medidas concretas. En ese sentido, consideró que una buena señal sería que el Gobierno interponga demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes impulsadas desde el Congreso, pese a que este poder del Estado no tiene iniciativa de gasto.
"Cuando se me invitó a comentar la exposición de la ministra de Economía, señalé que para que este Acuerdo Fiscal tenga credibilidad se debe pasar de la palabra a la acción, comenzando con la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por leyes gestadas en el Congreso, un poder del Estado que no tiene iniciativa de gasto", sostuvo Burneo.
Según las estimaciones oficiales del MEF citadas por el Consejo Fiscal, el costo fiscal anual de ocho de las nueve leyes vinculadas a incrementos remunerativos asciende a S/ 1.031 millones. En varios otros casos, no existe aún una estimación oficial del impacto fiscal, lo que incrementa la preocupación sobre su sostenibilidad en el tiempo
A ello se suma la promulgación por insistencia de la Ley N.° 32499, que dispone el nombramiento de personal de la salud bajo el régimen CAS, con un costo fiscal anual estimado de S/ 217 millones. Con estas normas, el impacto fiscal cuantificado alcanza S/ 1.248 millones por año, sin considerar aquellas iniciativas cuyo costo no ha sido calculado oficialmente
El Consejo Fiscal también alertó sobre la existencia de 10 autógrafas de ley con impacto fiscal adverso que se encuentran pendientes de observación por parte del Ejecutivo. De ser promulgadas, estas normas añadirían un costo fiscal significativo; una de ellas, referida al traslado de trabajadores CAS del sector salud al régimen 728, tendría un costo anual estimado de S/ 944 millones
En ese contexto, el CF recordó que iniciativas similares ya fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la Ley N.° 31131 en 2021, al vulnerar el equilibrio presupuestal y las competencias exclusivas del Ejecutivo en materia de política fiscal y administración de la hacienda pública
Por ello, el Consejo Fiscal exhortó al Poder Ejecutivo a observar las normas con impacto fiscal adverso y, de corresponder, interponer acciones de inconstitucionalidad, en línea con los precedentes del Tribunal Constitucional. Finalmente, reiteró que la disciplina fiscal es un pilar esencial para preservar la estabilidad macroeconómica, atraer inversión privada y sostener el crecimiento económico del país
