Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo, el 1% de titulares mineros controla la mitad de concesiones

El Congreso aprobó una quinta ampliación del Reinfo hasta fines del 2026 y dejó de lado el abordaje de una norma para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Mape). Sin embargo, esta medida reactiva no resuelve los principales cuellos de botella que están en la Ley General de Minería, gestada en el año 1992. Así lo advirtió el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) durante la presentación de su reciente reporte.

Para entender ello, solo basta revisar los capítulos relacionados con la política de concesiones mineras en la Carta Magna. Y es que, pese a modificaciones en el tiempo, persiste una distribución desigual de los derechos mineros. De acuerdo con la OCM, el 50,11% de nuestro territorio concesionado a la actividad extractiva está en manos de apenas el 1% de los titulares, es decir, 191 de un universo de 191.171.

"Sí hay datos que demostrarían que en el Perú existe una concentración de concesiones mineras. Por lo tanto, no se podrán encontrar salidas al tema del crecimiento y la expansión de este tipo de minería, muchas veces caótica y violenta, si es que no se discute el tema de concesiones para encontrar salidas", explicó a este medio José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

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Concesiones ociosas en Perú bajo la lupa

Al revisar el informe del OCM, encontramos que solo 812 titulares, dedicados a la gran y mediana minería (4,23% del total), controlan el 63;05% del total de las concesiones, mientras que 16.387 pequeños mineros (85,57%), acceden al 23,51%. Pero, el hallazgo que llamó más la atención es que, de las más de 20 millones de hectáreas concesionadas, 1 millón 944.631 son utilizadas para hacer actividades de exploración o explotación.

La pregunta que surge es ¿qué se hace con el resto? Para Jose De Echave, el Ministerio de Energía y Minas tiene mucha responsabilidad en este diagnóstico que comprobaría la existencia de concesiones ociosas en el país. Y es que la mayor parte de los pequeños mineros operan en condición de informalidad debido a que el territorio disponible ya está reservado en favor de la gran y mediana minería.

"Muchas veces se dice que en el Perú no hay concesiones ociosas porque todas se utilizan. Sin embargo, cuando uno revisa la propia información del Minem, vemos que solo se utilizan menos de dos millones de hectáreas. Entonces, este tipo de temas tienen que ser discutidos para hacer ajustes en la normativa. Es un error pensar que el camino para encontrar una salida es una Ley Mape, como si este tipo de minería (artesanal) fuese de otro planeta. Hay que entender que forma parte de la realidad del país y que tendría que ser incorporada en la Ley General de Minería", anotó el investigador.

A renglón seguido, indicó que la la política de concesiones está desfasada y no contempla mecanismos que permitan la democratización del acceso al territorio por parte de los pequeños mineros. Si a ello le sumamos la dificultad para acreditar un contrato de explotación que provenga de un acuerdo con los titulares, este requisito se vuelve un obstáculo para el proceso de formalización de este sector.

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Minería ilegal sigue avanzando

El ciclo de precios altos de los minerales de exportación se encuentra a niveles nunca antes vistos. A mediados de octubre, el oro alcanzó por primera vez los US$4.200 y la plata no se quedó atrás, ya que cotizó US$53,30 la onza. Sin lugar a dudas, este incremento desmesurado se ha convertido en un incentivo para expansión de la actividad informal e ilegal.

Mientras en el 2005, cuatro grandes concesionarios como Yanacocha, Barrick, Ares y otras empresas concentraban el 80% de la producción nacional de oro, hoy ese grupo solo representa el 31%. Ante ello, el crecimiento de los operadores pequeños, informales e ilegales, especialmente en zonas de la Amazonía, ha sido notorio. Cajamarca, no ha sido la excepción.

"En 6 de las 13 provincias de Cajamarca, el problema de la minería ilegal se ha disparado. Los últimos datos que habían, no actualizados, decían que solo en Andamarca, distrito de Cajabamba, se producían 25 kilos de oro semanal en 2015, cuando había poca presencia de esta actividad ilícita. Ahora, que se ha expandido, que no exista data es bastante preocupante", reflexionó Marco Arana, representante de Grufides.

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En su intervención, hizo referencia al caso Conga, cuyas actividades están paralizadas desde el 2012 y que ha sido objeto del avance de la minería ilegal, según las recientes declaraciones del Primer Ministro, Ernesto Álvarez. Para Arana resulta llamativo que los operadores de esta actividad ilícita hayan ingresado a ese territorio burlando los controles de seguridad.

Mientras tanto, defensores ambientales han sido denunciados hasta en 40 oportunidades por oponerse al proyecto de Yanacocha en sus interiores. Es evidente, que el marco normativo actual y la concentración de derechos favorecen la coexistencia de la minería informal e ilegal, dejó entrever el excongresista del Frente Amplio.

"Se puede concluir que hay un sistema perverso que se inauguró la Constitución de 1993 que permite el acaparamiento de concesiones y que, en este momento, ha colapsado. Dentro de este sistema, los mineros ilegales entran y llegan a acuerdos. (...) El régimen de concesiones debe ser modificado porque es la madre del cordero"; sentenció.