Bolsillo del Perú terminará por descoserse en 2026 por prioridades populistas de alto impacto fiscal

El año 2025 continuó arrastrando debates y generando ruido, pues más que nunca peligra la estabilidad y bolsillo del peruano. Desde entidades financieras de talla mundial hasta expertos locales llegaron a la misma conclusión para el próximo año: estancamiento e incertidumbre. 

Y es que, por un lado, el país continúa creciendo a un ritmo que rodea el 3% anual, lo cual resulta INSUFICIENTE y pasa DESAPERCIBIDO. El consenso es que el Perú necesita crecer de 4% para arriba para hacer sentir los cambios, sin embargo, no será posible si no hay avances sustanciales en la productividad, la formalización laboral y la calidad del gasto público. 

En ese sentido, cabe destacar tres momentos del ahora y mañana: el retiro de fondos AFP, las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), y el Presupuesto Público 2026. 

Tic-tac de los fondos AFP 

La Ley N.° 32445 que autorizó el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) por un monto máximo de hasta 4 UIT (S/21.400), tras casi 30 proyectos de ley acumulados a su favor, si bien será un alivio inmediato para las personas y sus familias, deja a más de ocho millones de afiliados sin pensión en una economía donde el 70% de los trabajadores son informales. 

A ello se le suma un contexto para los próximos años donde la mayor esperanza de vida y baja natalidad presionarán los sistemas de pensiones pese a que la realidad será de alta deuda pública, menor crecimiento y mayores demandas de gasto social, afirmó la OCDE en su informe Panorama de las Pensiones 2025. 

“Cuando la población peruana envejezca, el Estado tendrá que sostener a millones de personas sin pensión, lo que podría llevar a situaciones de mendicidad y será financieramente insostenible”, aterrizó el economista Fernando Cuadros. 

Además, los trabajadores financian el 100% de su pensión con un descuento del 13% de su sueldo —ya sea en la ONP o en una AFP— sin aportes del empleador ni del Estado, un esquema inviable que se esperaba cambiar con el Reglamento de la Ley N.º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. 

Empero, no hizo más que reforzar la caracterización que muchos le atribuyen: un sistema que, en la práctica, secuestra los fondos de los trabajadores. Y, según el abogado especialista en sistemas pensionarios, Álvaro Vidal, duraría dos años antes de derogarse por una sola razón: el aporte de independientes, ya que hacen más costoso ser formal. 

Por su lado, Noelia Bernal, economista e investigadora especializada en pensiones del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), lo tradujo a términos nominales, estimando que el gasto en pensiones —tanto del Sistema Nacional como del Sistema Privado— alcanzaría anualmente los S/20.000 millones a partir de 2075. La pregunta es: ¿a costa de qué? 

Cabe recordar que la ley de irresponsabilidad fiscal demoró en publicarse dos meses adicionales a su fecha límite, haciéndolo poco después —no tan casualmente— de la difusión del Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. Y es que, de no haber sido así, el Ministerio de Economía habría estado obligado a transparentar el verdadero costo fiscal de la medida. 

Incluso, el retiro de fondos se aprobó luego de que tanto el entonces ministro de Economía y de Trabajo dieran marcha atrás a su pública oposición, días antes de que la presidenta Dina Boluarte saliera del cargo. 

Ahora, lo que se está poniendo en marcha desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la posibilidad de que tanto aseguradoras como bancos administren fondos de pensiones. 

Si bien falta ver si es efectivo, y pese a que es un evidente intento de acabar con el oligopolio de AFP’s, cuyo aporte es obligatorio para los trabajadores y tienen comisiones solo competitivas entre ellas, llega tarde. 

“La crisis del sistema de las AFP’s no es un fenómeno reciente, sino que se ha ido incubando gracias a décadas de desinterés y displicencia por parte de las autoridades y las mismas AFP’s, que el pasado rechazaron los intentos de reformar el sistema para hacerlo más competitivo y transparente, y darle sostenibilidad. Es una bomba de tiempo que ya está estallando en cámara lenta: la población envejece sin recursos para una pensión y eso generará un problema social gravísimo que el Estado tendrá que subsidiar y lo pagaremos todos”, afirmó el economista Armando Mendoza. “El gran negocio de las AFP dejó desprotegidos a millones de peruanos, mientras la clase política se lavó las manos por más de 30 años y ahora los intentos de reforma llegan tarde, mal y nunca”.

Zonas Económicas Especiales a favor de las grandes empresas

A finales de noviembre, el Congreso promulgó la Ley N.º 32449, que crea un régimen tributario y aduanero especial para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) con el objetivo de atraer inversión, promover la innovación industrial y fortalecer la competitividad del país. 

La norma ofrece beneficios tributarios por 25 años, con una tasa de Impuesto a la Renta (IR) de 0% durante los primeros cinco años, que subirá de forma gradual hasta alcanzar el 15% al final del periodo. Asimismo, se contemplan exoneraciones del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en determinadas operaciones internas, así como un régimen aduanero especial para agilizar el ingreso y salida de mercancías. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo será la entidad rectora, mientras que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria asumirá la supervisión tributaria y aduanera.

Aunque la ley exige a operadores y usuarios planes maestros de desarrollo, inversión mínima (1.500 UIT para operadores y 2.000 UIT para usuarios) y generación de empleo calificado para mantener los beneficios. El proceso para aprobar la ley no estuvo exento de polémicas. 

Por un lado, voces involucradas afirmaron que la existencia de zonas francas —un tipo de ZEE enfocadas en comercio y exportación— demostró que, cuando son administradas por los gobiernos regionales, no reciben el impulso suficiente. Entonces, se citó los casos de países vecinos como Uruguay, Costa Rica y Colombia, donde son un elemento de competencia, muestran desarrollo tanto a nivel de exportaciones como empleo, y atrae inversiones. Durante el debate, el presidente José Jerí (Somos Perú) presentó un texto sustitutorio que fija un monto mínimo de inversión en las Zonas Económicas Especiales y regula las actividades complementarias, para “preservar el espíritu dual”, aportes que se suman al allanamiento parcial sobre la Sexta Disposición Complementaria Final por posibles vulneraciones a los Tratados de Libre Comercio del presidente de la Comisión de Economía, Ilich López. 

“Hacer match con una zona económica aquí en Chancay va a ser el boom, no solamente para el puerto, sino sobre todo para la población”, afirmó señalando el segundo gran pendiente Paola Fune, gerente de relaciones institucionales y comunicaciones de Cosco Shipping, en el marco del aniversario de la inauguración del Megapuerto de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral, ya que siguen sin contar con un Plan de Desarrollo Urbano (PDU). 

Expertos consultados por este diario opinaron lo contrario, argumentando que las experiencias previas en las zonas francas y exoneraciones tributarias vigentes desde los años noventa no han generado el desarrollo esperado.

"Perú tendrá sus 'paraísos fiscales'. Dejamos de recaudar S/26.350 millones con beneficios tributarios y seguimos sumando", había apuntado el exjefe de SUNAT, Luis Arias Minaya, quien además advirtió que "transcurridos los primeros cinco años (de no pagar impuestos) no habrá cambio de razón social para gozar cinco años más de exoneración, y así al infinito". 

Se está haciendo caso omiso a las advertencias de la OCDE y el Consejo Fiscal de Perú alertan sobre la necesidad de medidas adicionales de ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda y cumplir con las reglas fiscales.

“Las exoneraciones tributarias —incluidas las agroexportadoras— han pasado la factura. Estamos hablando de unos S/2.000 millones anuales", detalló el exministro Pedro Francke. "Ese hueco explica por qué no hay plata para Beca 18, por qué se recortó el presupuesto de Cultura y por qué hay tantos ajustes en el Presupuesto Público 2026”.

Aunque la norma fue observada desde inicios de año tanto por el Ejecutivo como por el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sigue adelante. La postura del MEF cambió con la llegada de José Salardi y siguió con Raúl Pérez-Reyes. 

La ley “paraguas” actualmente es apoyada por la nueva titular Denisse Miralles y la ministra Teresa Mera, quien anunció que el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales será pre publicado este mes. 

Escandalosos recortes en el Presupuesto Público 2026 

Los tres grandes huecos se dan en la lucha contra la minería ilegal, Beca 18 y subsidios para viviendas. 

Primero, el presupuesto para 2026 contempla S/92,3 millones destinados exclusivamente a reforzar la lucha contra la minería ilegal, un delito que continúa expandiéndose en regiones de alta vulnerabilidad ambiental y social. Sin embargo, el 97% de estos recursos se concentrará nuevamente en los sectores Interior y Defensa, que reforzarán operativos, logística militar, vehículos, helicópteros, avionetas, combustible y sistemas de control territorial. En contraste, instituciones claves para la persecución penal —como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)— no recibirán ni un sol adicional, pese a ser responsables de investigar y judicializar los delitos vinculados a la minería ilegal. 

Asimismo, se reporta la caída de fondos para el Programa de Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), considerado el único camino sostenible para reducir la ilegalidad.

“El Estado está apostando casi todo por interdicciones, cuando debería priorizar inteligencia financiera, inteligencia criminal y judicialización. Sin fortalecer a la Fiscalía y al Poder Judicial, estos esfuerzos quedan inconclusos”, explicó el experto en minería ilegal y crimen organizado, Dante Vera Miller. “El Estado peruano invierte quizá ni el 5% de lo que invierten las organizaciones criminales en mantener su dominio”.

Una situación que se da a pesar de que durante años los fiscales han denunciado que el Estado financia los operativos, pero no la capacidad de demostrar los delitos en juicio. 

La exfiscal de Madre de Dios y vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, explicó que, pese a los recortes, los policías, militares y fiscales están obligados a cubrir no solo las zonas donde la actividad minera está prohibida, sino también aquellas que sí cuentan con autorización para la minería. Sin embargo, estas últimas se encuentran hoy invadidas por mafias debido al descontrol del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una medida extraordinaria que se ha prorrogado por 23 años sin mostrar avances reales, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha exigido una ley MAPE adecuada.

Segundo, el recorte más drástico se registra en Pronabec, particularmente en Beca 18. La exdirectora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Alexandra Ames, advirtió que la aprobación de solo S/50 millones, frente a los S/793 millones requeridos, constituye la reducción más grande de la historia.

El monto asignado para 2026 no alcanza ni para 2.000 becas de Beca 18, pese al compromiso del gobierno de financiar 20.000 vacantes, lo que implica un recorte del 90% respecto de lo prometido.

“No es negligencia, es que no ha sido prioridad. El gobierno actual ha preferido financiar otras cosas antes que Beca 18”, afirmó Ames. “Ha quedado visto por todos de que [la educación] no es una prioridad para el actual gobierno”.

Y por último, está el recorte de más del 50% a subsidios de vivienda formal, pues la partida para los programas Techo Propio y MiVivienda pasará de S/2.175 millones en 2025 a S/1.088 millones en 2026, lo que comprometerá el acceso de más de 30.000 hogares al Bono Familiar Habitacional (BFH) y al Bono del Buen Pagador (BBP).

Se espera que el nuevo gobierno priorice la ampliación de estos subsidios en el primer crédito suplementario, con al menos S/2.000 millones, y aprobarlo a inicios de año para poder ejecutarse sin afectar a miles de familias y al impulso de la nueva oferta inmobiliaria.

Necesitamos para 2025 más seriedad

El Perú está en riesgo de metástasis. A días de un nuevo año, se necesita una acción conjunta del Ejecutivo, Legislativo, Ministerio de Economía, Tribunal Constitucional y Consejo Fiscal. 

Cuando se perpetúan aumentos salariales, subvenciones y exoneraciones, se cumple la profecía del Consejo Fiscal de un gasto anual superior a S/35.000 millones con las más de 200 leyes aprobadas en el último periodo, y quedan más de cien iniciativas legislativas en trámite. 

Ya la OCDE y Banco Mundial alertaron que el panorama no es cuesta arriba para América Latina, y menos para Perú, con una vulnerabilidad y pobreza persistente, así como persistencias inflacionarias, desviaciones fiscales e incertidumbre internacional.