Caso Hugo Bustíos: CIDH cuestiona fallo del TC que anuló condena a Daniel Urresti por asesinato del periodista
La CIDH expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la sentencia contra Daniel Urresti. El organismo advirtió que el criterio adoptado podría afectar otros procesos por violaciones a los derechos humanos y debilitar la búsqueda de justicia para las víctimas.
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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la condena dictada contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho en 1988. La CIDH consideró que este fallo genera preocupación por sus posibles efectos en la sanción de crímenes graves y en el acceso a la justicia para los familiares de la víctima.
El pronunciamiento del organismo internacional se produjo luego de que el TC resolviera dejar sin efecto la sentencia emitida por el Poder Judicial contra el exministro. La medida incluyó la declaración de prescripción del proceso penal y su inmediata liberación. La decisión se sustentó en la aplicación de la Ley 32.107, norma que el tribunal interpretó como determinante para establecer que los hechos no podían ser considerados delitos de lesa humanidad.
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La CIDH alertó que este criterio no solo impacta el caso de Hugo Bustíos, sino que podría influir en otros expedientes vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. En ese sentido, recordó que el Estado mantiene compromisos internacionales orientados a garantizar investigaciones efectivas y sanciones cuando se trata de hechos de esta naturaleza.
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El organismo también expresó inquietud por la forma en que el fallo podría limitar la actuación de jueces y juezas al momento de interpretar la legislación nacional conforme a los estándares del sistema interamericano. Para la entidad, esta situación podría generar obstáculos en la aplicación de mecanismos que buscan asegurar la protección de los derechos fundamentales dentro de los procesos judiciales.
En paralelo, el Estado peruano defendió la autonomía del Tribunal Constitucional y señaló que sus decisiones responden al marco legal vigente. Además, indicó que la resolución no constituye un precedente obligatorio para otros casos.
