MEF contrata a Arnold & Porter por más de S/24 millones para arbitraje internacional por Gasoducto Sur Peruano ante el CIADI
Este arbitraje, iniciado por Gasoducto Sur Peruano S.A. en Liquidación, se deriva de un contrato de concesión firmado en 2014 y la posterior resolución del mismo.
- MEF fija octubre para transferir hasta S/1.000 millones a la ANIN, pero aumentan riesgos por obras paralizadas
- Gobierno del Perú proyecta crecimiento de 3,5% en 2025 y reducción del déficit fiscal a 2,2%
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la contratación del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para representar al Perú en el arbitraje internacional iniciado por Gasoducto Sur Peruano S.A. en Liquidación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo el caso ARB/24/29.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 404-2025-EF/43, publicada el 28 de agosto. El proceso se ampara en la Ley N° 28933, que regula la defensa del Estado en controversias internacionales de inversión y faculta al MEF a coordinar la estrategia legal en estos casos.
TE RECOMENDAMOS
🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
¿De qué va el arbitraje por Gasoducto Sur Peruano?
El origen de la controversia está en el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano firmado en 2014 con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Tras la resolución del contrato y el proceso de liquidación, la empresa inició una demanda contra el Estado, dando paso al arbitraje internacional.
Para asegurar la defensa, la Comisión Especial de Controversias Internacionales de Inversión seleccionó a Arnold & Porter, bufete con experiencia en litigios de gran escala. El contrato aprobado contempla un presupuesto de S/24.418.125,00, que será ejecutado entre 2025 y 2029.
Estrategia legal
La resolución autoriza al jefe de la Oficina General de Administración del MEF a suscribir el contrato con el estudio. El encargo abarca la asesoría legal integral y la representación directa del Perú en todas las etapas del arbitraje.
Este caso es considerado estratégico, no solo por los montos en disputa, sino también por su impacto en la seguridad energética y la política de concesiones de megaproyectos en el país. La decisión del MEF apunta a reforzar la defensa jurídica del Estado en el marco de uno de los arbitrajes más relevantes de los últimos años.
