Nueva ley de gas natural aprobada por el Congreso tiene deficiencias estructurales que podrían retrasar la masificación por 25 años

A pesar de los avances desde el inicio del proyecto Camisea, el Perú aún está lejos de lograr una masificación real del gas natural en todo el país. Actualmente, Lima y Callao concentran el 90% de las conexiones residenciales, dejando al resto del territorio nacional dependiente de combustibles más caros y contaminantes.

La Ley N° 32315, aprobada el 30 de abril de 2025 por el Congreso, no promete solucionar este problema. Según especialistas, podría incluso prolongar la espera por décadas.

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Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), destacó que la tarifa nivelada aprobada es insuficiente para generar un impacto real en las regiones. “Podríamos esperar 25 años más para ver gas natural fuera de Lima”, advirtió durante la conferencia Perú Energía 2025. 

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Aunque en la capital la masificación logró reducir un 21% las emisiones de CO₂ y consolidó una matriz energética con un 39% de participación del gas natural, el sistema sigue siendo vulnerable: el 52% de la generación eléctrica depende de la hidroenergía, afectada por el cambio climático, mientras que la “reserva fría” utiliza diésel, un combustible importado y contaminante en un 75%.

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Críticas a la nueva ley

Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), considera que la ley tiene aspectos positivos, pero también advierte sobre las fallas estructurales.

"La intención es buena, pero sin mecanismos ágiles ni personal capacitado, los peruanos seguirán esperando años. No basta con declarar la masificación, hay que implementarla de manera efectiva", señaló.

En la actualidad, solo 10 de las 24 regiones del país tienen acceso al gas natural. Las otras 14, principalmente en la zona andina, siguen sin formar parte de la red energética nacional. García subrayó que el principal problema es la lentitud de los procesos concesionarios: “En Perú, un proceso de concesión puede tomar entre cinco y nueve años. Así no se puede avanzar”. Además, recordó el fracaso de una iniciativa privada para concesionar gas a siete regiones, un proceso que duró casi diez años sin atraer postores. 

Para García, es urgente activar concesiones cofinanciadas mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), una herramienta que aún no se utiliza de manera efectiva. Otra alternativa es que el Estado apruebe la adenda presentada por Cálidda. De ser aprobada rápidamente, esta permitiría extender la concesión a 7 de las 14 regiones pendientes, abarcando 16 ciudades.

Medidas urgentes

Cantuarias propone una serie de medidas para avanzar en la masificación del gas natural fuera de Lima:

1. Ampliar la infraestructura de transporte: Sin ductos ni plantas de compresión, no es posible expandir la red de gas natural.
   
2. Desarrollar concesiones regionales con cofinanciamiento público-privado: Fomentar alianzas entre el Estado y el sector privado para cubrir zonas no atendidas.
   
3. Aplicar una tarifa nivelada a nivel nacional: Actualmente, los usuarios residenciales en provincias pagan hasta un 150% más que en Lima; en comercios, la brecha llega al 186%.
   
4. Fomentar una industria petroquímica competitiva: Esto generaría más demanda y empleo en el país.
   
5. Reactivar la inversión en exploración y explotación de gas: Actualmente, la inversión está casi paralizada.

Discrepancias y controversias

García también criticó la inclusión de Osinergmin, el organismo supervisor de energía, en el comité directivo del FISE. “No debería tomar decisiones de política pública”, indicó. Además, señaló que el Minem carece de la estructura y el personal adecuado para cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas. “No tienen un director de gas natural desde 2021, y ahora se les asigna cinco veces más trabajo”, afirmó.

Otro punto controversial es la exclusión de Lima y Callao de los beneficios de la nueva masificación. García consideró que esta medida es un error estratégico. “La capital consume el 50% del GLP del país, y un tercio del GLP es importado. Si se usara gas natural en Lima, podríamos reducir esa dependencia y el GLP alcanzaría para el resto del país”, explicó.

Ambos expertos coincidieron en la importancia de desarrollar la industria petroquímica como motor de la demanda de gas y generadora de empleo en el sur del país. Sin embargo, García lamentó que el Estado no haya liderado las negociaciones con el consorcio Camisea para obtener una tarifa atractiva que permita lanzar una convocatoria internacional.

“Debieron haberse reunido con Camisea y luego buscar la empresa que ofrezca mayores beneficios, como fertilizantes, empleo e inversión”, concluyó.