Telefonica del Perú cambia de estrategia concursal para reestructurar sus deudas y mantener sus operaciones

Telefónica del Perú, que opera bajo la marca Movistar y ahora está en manos de la empresa argentina Integra Tec, anunció que su Directorio aprobó acogerse a un Procedimiento Concursal Preventivo con suspensión de la exigibilidad de obligaciones, con el objetivo de refinanciar su deuda y asegurar la continuidad de sus operaciones y servicios.

Este mecanismo legal busca darle a Telefónica un respiro financiero temporal, ya que suspende la exigibilidad de las deudas, al impedir que los acreedores exijan el pago inmediato mientras la compañía negocia un acuerdo de pago con ellos.

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La decisión fue formalizada mediante una solicitud presentada el 30 de abril ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), bajo el marco de la Ley General del Sistema Concursal.

A diferencia del procedimiento ordinario, que se aplica cuando una empresa se encuentra en una situación crítica, el procedimiento preventivo se utiliza cuando la empresa aún tiene capacidad de recuperación y puede seguir operando con normalidad.

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Recordemos que el pasado 24 de febrero, Telefónica solicitó ante Indecopi acogerse a un procedimiento concursal ordinario, con el objetivo de reorganizar sus principales obligaciones financieras. A la fecha, esa primera solicitud sigue en evaluación por parte del mencionado organismo.

Según informó Telefónica a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el nuevo procedimiento solicitado busca facilitar un proceso ordenado de reestructuración financiera mediante la aprobación de un Acuerdo Global de Refinanciación (un plan de pago) a sus acreedores. Este acuerdo será presentado en su debido momento y marcará el fin del proceso concursal preventivo.

Según reza el comunicado, esta medida no afectará la prestación de los servicios de telecomunicaciones de Telefónica, cuya dueña es la compañía argentina Integra Tec. La compañía ratificó su compromiso con el cumplimiento de todas las obligaciones legales vinculadas al procedimiento iniciado ante Indecopi.

Este cambio de estrategia se da luego de una serie de medidas adoptadas por la Sunat, entre ellas la ejecución de dos embargos registrales sobre inmuebles de propiedad de Telefónica. El primero fue por S/513 millones y el segundo por S/318 millones. La compañía indicó que estas garantías serán levantadas una vez que se cumpla con el pago de la deuda correspondiente.

"Las acciones adoptadas por la Sunat no afectan los flujos operacionales de la compañía, lo cual permite asegurar la continuidad de las operaciones de Movistar. De hecho, se preserva el valor del activo hasta que se complete el proceso de reestructuración de la empresa", sostuvo Movistar.

Álvaro Castro Lora, abogado especialista en temas de regulación financiera explicó que Telefónica del Perú solo podría acceder a un Procedimiento Concursal Preventivo (PCP) en caso no más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a 30 días calendario.

Otro requisito, según la ley general del sistema concursal, es no tener pérdidas acumuladas ni deducidas sus reservas, con un importe mayor a un tercio del capital social pagado. Es decir, si una empresa tiene muchas pérdidas acumuladas, y ni siquiera sus reservas alcanzan para cubrirlas, y esas pérdidas superan la tercera parte de su capital social, entonces no cumple con este requisito.

Se trata de un mecanismo más célere. No es un procedimiento largo como sí podría ser el ordinario, en el que se decidirá el cambio de una administración o que se tenga que ir por una liquidación y, además, se tenga que generar ingresos económicos para pagar las deudas.

Fiscalización

Esta semana, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, el gerente general de Osiptel, Sergio Cifuentes Castañeda, indicó que la empresa "sigue obligada a prestar el servicio con normalidad" y que el regulador realiza una fiscalización permanente para salvaguardar los derechos de los más de 13 millones de usuarios de la operadora Movistar.