Congreso propone regular la venta de entradas a conciertos
Incluye todo tipo de eventos masivos. Busca evitar la comercialización de entradas falsas o vendidas más de una vez a diferentes personas.
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La congresista Digna Calle, de la bancada Podemos Perú, propone regular la venta de entradas a eventos masivos para evitar la comercialización de entradas falsas o vendidas en múltiples ocasiones, como ha venido ocurriendo en los últimos meses.
"La ciudadana Pamela Cabanillas quien, con solo 18 años de edad, había montado una red de estafas y reventa de entradas clonada, conforme a lo declarado por la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú, esta persona habría estafado a más de 10.000 personas con supuestas entradas para los conciertos de conocidos artistas internacionales", se precisa en el documento.
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El PL 4277 señala que la venta de entradas mediante plataformas digitales deberá realizarse de manera "transparente y pública". No se podrá vender entradas en mayor cantidad al aforo permitido en el lugar en donde se desarrolla el evento. El incumplimiento conllevará a la aplicación de sanciones.
Las entradas vendidas contaran con los siguientes requisitos obligatorios: identificación del asistente con número de DNI y nombre completo; la entrada debe tener especificada el precio, términos y condiciones; medio de verificación de autenticidad y aforo.
De esta manera, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) está facultado para fiscalizar el cumplimiento de estos requisitos, conforme a lo señalado en el reglamento.
Se permitirá la transferencia de entradas hasta un plazo máximo de una hora luego de que las puertas al evento estén abiertas, luego de eso las plataformas de venta deberán restringir esta posibilidad para evitar fraude. Mientras que la verificación de los datos personales de cada usuario será responsabilidad del organizador del evento.
La iniciativa legislativa fue presentada el 17 de febrero de 2023 y deberá pasar primero por la evaluación de las comisiones del Congreso antes de llegar al pleno para su debate y votación. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría 30 días calendario para reglamentar la norma.
