IPD reafirma que la selección peruana jugará eliminatorias en el Estadio Nacional y toma medidas contra alquiler irregular
Existe un acuerdo con la FPF para que la Bicolor juegue sus partidos por Eliminatorias en el Nacional. Además, se ha prohibido que las empresas arrienden el recinto, vendan su derecho o lo subarrienden.
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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha implementado medidas estrictas para garantizar la transparencia en la gestión de alquileres de sus instalaciones, priorizando los partidos de la selección peruana en el Estadio Nacional. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por erradicar prácticas que favorecían intereses comerciales y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos, a propósito de un reciente informe de TV emitido por el programa Panorama. Asimismo, decidieron abrir proceso administrativo a funcionarios de anteriores gestiones.
En una carta fechada el 13 de enero de este año, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó el alquiler del Estadio Nacional para varios partidos de las eliminatorias al Mundial 2026. Las fechas propuestas incluyen el 20 de marzo contra Bolivia, el 10 de junio ante Ecuador y el 9 de septiembre contra Paraguay. El IPD respondió favorablemente el 29 de enero, asegurando los recursos necesarios para el alquiler y reafirmando su compromiso con el deporte nacional.
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Medidas de control y transparencia en el proceso de alquiler
La nueva directiva del IPD ha establecido un conjunto de medidas para asegurar la transparencia en el proceso de alquiler de infraestructuras deportivas en Lima. Se ha prohibido a las empresas que arriendan el estadio vender su derecho o subarrendarlo, lo que busca evitar conflictos de interés y asegurar que el uso del estadio se destine exclusivamente a eventos deportivos.
Además, se ha eliminado el registro manual de solicitudes, una medida que busca prevenir la manipulación en el orden de prioridad o preferencia de atención. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar y hacer más eficiente el proceso de alquiler, garantizando que todos los solicitantes sean tratados de manera justa y equitativa.
Juan Falcón, gerente general del IPD, ha enfatizado que el deporte es una prioridad en la gestión de alquileres de recintos deportivos. La directiva se ha alineado con la ley del deporte para que la Bicolor pueda jugar en el coloso de José Díaz sin inconvenientes.
Condiciones de alquiler y garantías
Una de las condiciones que ha puesto la directiva del IPD para el alquiler de sus instalaciones es que se prohíbe celebrar contratos de arrendamiento con aquellos solicitantes que mantengan pagos pendientes con la institución, incluyendo a terceros vinculados. Esta medida busca evitar que las deudas acumuladas por arrendatarios anteriores afecten la gestión financiera del IPD.
Asimismo, se ha incrementado la garantía requerida para el alquiler. Anteriormente, se exigía un 50% del monto total de la renta, mientras que ahora se requiere el 100% del monto total de la deuda. Esta medida busca proteger los intereses del IPD y asegurar que los arrendatarios cumplan con sus obligaciones financieras.
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Cláusulas de rescisión y prioridad para eventos deportivos
Una de las cláusulas más significativas introducidas en los nuevos contratos de arrendamiento permite al IPD rescindir el contrato unilateralmente con un empresario, cancelando cualquier evento programado para priorizar eventos deportivos no previstos. Esta disposición asegura que el IPD pueda responder de manera ágil a las necesidades del deporte nacional al garantizar que la selección y otros eventos deportivos tengan siempre la primera opción en el uso de las instalaciones.
Con estas medidas, el IPD reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, asegurando que el Estadio Nacional sea un espacio dedicado al fomento del deporte y al apoyo a la selección nacional en su camino hacia el Mundial 2026.
Además, con relación a irregularidades en anteriores gestiones, se ha abierto un proceso administrativo a funcionarios desde la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, bajo la nueva directiva aprobada.
