
El Gobierno declaró en emergencia sanitaria por 90 días a la provincia de Loreto ante el incremento de casos de tos ferina y otras enfermedades respiratorias, luego de semanas de denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos por la muerte de menores en comunidades amazónicas sin acceso adecuado a servicios de salud.
La medida fue anunciada por el presidente José María Balcázar durante una conferencia de prensa junto a ministros de Estado. El titular del Ministerio de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, informó que se destinarán S/6 millones para ejecutar acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y atención médica en la zona. En el país, ya son 932 casos por la enfermedad, y en Loreto son 383.
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La declaratoria ocurre después de que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertara sobre la muerte de más de 60 niños indígenas en comunidades de la cuenca del río Chambira, en el distrito de Urarinas, presuntamente vinculadas a brotes de tos ferina. Las federaciones indígenas de la zona habían solicitado reiteradamente la declaratoria de emergencia sanitaria, denunciando la ausencia de respuesta estatal.
Según reportes de las organizaciones locales, en cerca de 60 comunidades del pueblo urarina, donde viven más de 10.000 personas, solo había un médico para toda la zona. Además, el Centro de Salud Intercultural de Nueva Unión dejó de contar con personal remunerado desde abril, lo que generó la interrupción de la atención continua.
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Ante este escenario, el Minsa anunció que 13 brigadas intervendrán durante 90 días en 15 comunidades de la provincia de Loreto. La estrategia incluye campañas de inmunización, manejo clínico de pacientes confirmados y traslado de casos graves a Lima en caso sea necesario.
El ministro Velasco aseguró que se intensificará la vacunación para cerrar brechas de cobertura y afirmó que el Estado no permitirá más muertes maternas ni infantiles por enfermedades prevenibles. Los recursos aprobados alcanzarán también a localidades como Nauta, Urarinas, Trompeteros, Tigre y Parinari.
Las federaciones indígenas FEPIURCHA, FEIURCHA, FECONACERC y FIURCO habían advertido previamente que, si el Gobierno no adoptaba medidas inmediatas, las comunidades podrían implementar acciones de control territorial en el río Marañón y sus afluentes. Asimismo, exigieron presupuesto permanente para personal médico, abastecimiento de medicamentos e infraestructura sanitaria en la Amazonía.
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