
El premier Luis Arroyo anunció la adquisición de 40.000 cámaras de videovigilancia que serán instaladas en 8.000 unidades de movilidad urbana, como parte de una estrategia nacional frente a los constantes hechos de violencia que afectan a trabajadores y pasajeros de este servicio. La declaración fue realizada desde el terminal de la empresa de transporte Translicsa, en el distrito de San Martín de Porres.
La medida surge tras una reunión entre el Ejecutivo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y representantes del sector, en un contexto marcado por extorsiones y ataques contra conductores.
“El alcalde de Lima se comprometió que máximo en 30 días esas cámaras están compradas y no solo eso, sino puestas en ejecución en los diferentes medios de transporte”, afirmó.
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Por su parte, el burgomaestre Renzo Reggiardo indicó que el Gobierno central transferirá recursos a la comuna para la compra e implementación de los sistemas de videovigilancia en los buses, los cuales serán supervisados por la autoridad edil.
“Nos satisface muchísimo la disposición del Ejecutivo para sacar adelante un proyecto que estaba muy atrasado y que será de gran importancia para el sector”, señaló.
Durante la sesión, la MML también precisó que priorizará el financiamiento del proyecto Protránsito de la Municipalidad de Lima, el cual incluye el despliegue de mecanismos de semaforización inteligente, movilidad ciclista y detección automatizada de infracciones.
Según la autoridad edil, el plan, valorizado en US$150 millones, será financiado mediante recursos del Banco Mundial. Además, contempla la acción en 500 intersecciones, con lo que se espera optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial mediante el uso de tecnología.
Tanto esta iniciativa como la de los dispositivos de vigilancia serán evaluadas en la sesión del Consejo de Ministros, programada para el miércoles 25 de marzo, en la que se realizará su ratificación final y se definirán los últimos detalles para su ejecución.
Asimismo, se precisó que esta acción se articula con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad a través de la cual se canalizará el proceso para equipar los vehículos. El objetivo final es supervisar lo que ocurre dentro de las unidades y contribuir a la identificación de hechos delictivos.
En paralelo, el jefe del Gabinete del presidente José Balcázar resaltó la instalación de un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según Arroyo, este punto busca reforzar la protección en terminales y áreas cercanas, así como ampliar la cobertura de seguridad en zonas de alta circulación.
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