Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la Municipalidad de Lima
La Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares contra Rafael López Aliaga por el millonario endeudamiento aprobado en la municipalidad de Lima, tras detectarse presuntas irregularidades en la emisión de bonos.
La República en GoogleLa Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga por la deuda de S/4 mil millones adquirida durante su gestión en la municipalidad de Lima. Según informó el portal Epicentro, La medida responde a cuestionamientos sobre la legalidad del endeudamiento y el proceso que permitió su aprobación.
La decisión fue adoptada por una instancia superior del Ministerio Público, luego de que se revirtiera un primer archivo del caso. La nueva disposición incluye indagaciones por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Esto implica revisar si hubo concertación indebida en la contratación de la operación financiera.
Video destacado
¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El caso gira en torno a la emisión de bonos que aprobó la municipalidad de Lima para financiar obras. La denuncia señala que la operación se realizó con una tasa cercana al 10,1%, considerada elevada frente a estándares del mercado. También se cuestiona si se cumplieron los requisitos técnicos exigidos para este tipo de endeudamiento público.
- Comisión de Constitución aprueba dictamen de pedido de facultades solo en seguridad y Fenómeno El Niño
- Estados Unidos toma nombre del Perú en comunicado conjunto sobre detención de fiscal de Bolivia
Otro punto clave es el impacto a futuro. La deuda comprometería ingresos municipales por varios años, como la recaudación tributaria. Esto podría limitar la capacidad de inversión de la comuna en servicios básicos. Especialistas advierten que este tipo de decisiones debe pasar por filtros estrictos de sostenibilidad financiera.
La denuncia fue presentada por el auditor Julio Sifuentes y contó con el respaldo de la Procuraduría Anticorrupción, que apeló el archivo inicial. Ese recurso permitió que el caso escale y sea evaluado nuevamente. Ahora, la Fiscalía deberá recoger documentos, analizar contratos y tomar declaraciones para determinar responsabilidades.
