A seis años de la deflagración de gas en Villa El Salvador, víctimas siguen esperando justicia

Hay días en los que Lucero García recuerda cómo era su vida antes de aquel 23 de enero de 2020: bailaba, iba al gimnasio, estudiaba una carrera, trabajaba con normalidad como profesora y estaba comprometida. Tenía 24 años. Hoy, a sus 30, el contraste es absoluto: el 79 % de su cuerpo presenta quemaduras de tercer grado, porta un carné del Conadis por su discapacidad, uno de sus brazos no funciona, padece depresión crónica y ansiedad, no puede exponerse por mucho tiempo al sol y, cada vez que sale, debe colocarse varias capas de ropa. “No me puedo peinar ni poner un pantalón, porque requiere fuerza y el brazo no me lo permite”, cuenta.

A Lucero le gustaría retroceder en el tiempo y no haber estado allí ese día. En más de una ocasión intentó atentar contra su vida.

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El 23 de enero de 2020, una deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) en la avenida Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador (VES), dejó 34 personas fallecidas y 11 sobrevivientes con quemaduras graves.

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El hecho ocurrió a las 6:57 a. m., cuando un camión cisterna de la empresa Transgas LG E.I.R.L., conducido por Luis Guzmán Palomino, impactó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar. El choque ocasionó una fuga de aproximadamente 2.500 litros de GLP.

Tras el impacto, el conductor descendió del vehículo e intentó controlar la fuga desde la parte posterior de la unidad, sin éxito. Debido a la pendiente de la vía, el combustible se desplazó por la avenida Villa del Mar e ingresó a viviendas cercanas, generando una situación de alto riesgo para los vecinos de la zona.

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Mientras el gas se dispersaba, un conductor intentó encender su vehículo estacionado en el lugar. Pese a las advertencias de los vecinos, el motor llegó a encenderse y produjo una chispa que provocó la ignición del GLP. En cuestión de segundos, el fuego se propagó hasta el camión cisterna y las áreas afectadas, desatando la deflagración.

Lucero recuerda que esa mañana se estaba alistando para ir a trabajar como mesera en un restaurante. Eran aproximadamente las 6:45 a. m. cuando estaba por salir de su casa; en esos minutos percibió un fuerte olor a gas y, al abrir la ventana, se encontró con un panorama cubierto por una nube espesa y gritos de desesperación.

Como estaba escuchando música, no había oído lo que ocurría. “Parecía un temblor”, describe. Las lunas de su casa reventaron y, cuando bajaba al primer piso para salir con su mamá, hermanos y sobrinos, empezó a sentir que se estaba ahogando.

En medio del caos no encontraba a sus familiares. “En un momento el aire empujó el fuego y me agarró por la espalda”. En un intento por proteger su rostro, se quemó los brazos. Un joven mototaxista se acercó para ayudarla a trasladarse a un hospital cercano, pero Lucero imploraba por agua: el dolor era insoportable y no podía moverse.

Al llegar al establecimiento de salud, no podía bajar de la motocicleta y, cuando lo intentó, su piel quedó adherida al asiento. “Solo estaba mi hueso”, recuerda. Se desmayó y, al despertar en el hospital, se vio completamente vendada. Pensó que saldría en dos días, pero no volvió a ver la luz hasta después de un año. Los médicos creían que no sobreviviría debido a la gravedad de sus quemaduras.

El año pasado intentó postular a un trabajo como profesora, pero debido a las constantes terapias hospitalarias fue descartada. “Es una marca que llevaré toda la vida”, dice con tristeza.

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El caso de Paola Lizeta Huamán

Paola Lizeta Huamán perdió a su hijo, Jean Francis Álvarez Lizeta, en la tragedia. Ese día, en su casa disfrutaban de las vacaciones de verano cuando de pronto escucharon un chillido. Al levantarse para ver qué ocurría, observaron una gran nube de gas. “Todos nos levantamos porque ya sentíamos el olor”, relata. En medio de la evacuación y el caos, su hermana se raspó el brazo y su casaca se incendió.

Su hijo, preocupado, regresó a la vivienda para preguntar por ella y, según relatan los vecinos, también por su perro Lester. Tenía apenas 13 años. Paola recuerda que días antes habían ido a la playa para celebrar su cumpleaños.

“Hay cosas que recuerdo y otras que no”, dice. Horas después de la explosión, su madre recibió una llamada del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde tuvo la última conversación con su hijo. “Una chica lo había encontrado y mi hijo le pidió que, por favor, lo ayudara, que tenía muchas cosas por delante, que tenía que vivir”.

Jean Francis tenía el 80 % del cuerpo quemado y, durante su recuperación, sufrió descompensaciones. Tras varios intentos de reanimación, fue trasladado al Hospital Guillermo Almenara. Seis días después, el 29 de enero, falleció.

Paola recuerda que, semanas antes del incidente, su hijo hablaba con frecuencia sobre la muerte y le preguntaba a su abuela qué pasaría si él moría. A veces se para en la ventana de su casa y observa a los niños salir del colegio. “Lo único que hago es contemplarlos con la mirada. Este año habría cumplido 19”, dice entre lágrimas. Su cumpleaños nunca pasa desapercibido: siempre realizan alguna actividad y visitan el cementerio o la playa, lugares que a él le encantaban.

La señora conserva cuatro audios de su hijo, que escucha de vez en cuando para revivir su voz. “Es lo único que me consuela”. Tras la tragedia, Paola no volvió a ser la misma. Cada ruido la hace reaccionar como si reviviera aquel día. Su madre quedó con parálisis facial y su hermano perdió su negocio a causa del incendio. Su vivienda también resultó gravemente dañada.
“A mi hijo lo enterramos con nuestros propios medios, porque nadie nos apoyó”, reclama.

El caso de Grimaldo Richard Flores Muñoz

Grimaldo Richard Flores Muñoz tenía 37 años y trabajaba como mototaxista el día de la deflagración. No vivía en la zona, pero se encontraba laborando en Villa El Salvador cuando ocurrió el accidente.

Su hermana, Maribel Flores Muñoz, estaba en su casa de San Juan de Miraflores cuando recibió una llamada en la que le informaron que su hermano había sufrido un accidente. Pensó que se trataba de un choque común. “Prendí la televisión y me puse totalmente nerviosa. No sabía qué hacer; mi hijo tuvo que hacerme reaccionar”, cuenta.

Al llegar al hospital encontró una escena caótica: familiares agolpados en las rejas, personas siendo rociadas con mangueras para aliviar las quemaduras. “Mi hermano tenía quemaduras del torso hacia arriba: brazos, cuello, rostro totalmente desfigurado y los muslos, de la rodilla hacia arriba”.

Grimaldo fue sometido a cerca de 20 operaciones y permaneció internado durante tres meses, periodo que coincidió con la pandemia de COVID-19. Al volver a casa, no podía doblar el cuello sin que su rostro se deformara; en un ojo solo ve el 40 % y en el otro, el 50 %. Su nariz y su labio quedaron reducidos.

Ya no puede trabajar como antes: no tiene la misma fuerza para conducir ni para desempeñarse como auxiliar en un colegio o en construcción, como solía hacerlo. Durante las terapias, Maribel le repetía que debía ser fuerte por su hija, su mayor motivación. “Se deprimió muchísimo. No quería levantarse, solo dormir. Tenía que ayudarlo a bañarse”.

A seis años de la tragedia, Grimaldo vive en Cusco, lejos del escrutinio limeño. “Allá se pierde en el paisaje. Está más tranquilo, no siente que lo miren ni que reaccionen con miedo por sus secuelas”.

Exigencias de los afectados de Villa El Salvador

Maribel Muñoz, hermana de uno de los sobrevivientes, denuncia una constante dilatación del proceso judicial, marcada por cambios de fiscales, audiencias postergadas y una sentencia que aún no se concreta. Pese a que el conductor del camión cisterna fue llevado a juicio, el caso continúa estancado y las decisiones judiciales han generado frustración e indignación entre las víctimas, especialmente por la intención de reducir responsabilidades debido a la edad del imputado.

Por su parte, Lucero García, expresa una profunda indignación moral: mientras los sobrevivientes cargan con dolores crónicos, limitaciones físicas, depresión y dependencia económica, las personas que considera responsables continúan con su vida con normalidad, sin sanción visible ni condena firme. Además, sostiene que el apoyo para los medicamentos o cremas fue bastante bajo.

Paola Lizeta sostiene que la sentencia por la tragedia de Villa El Salvador no hace justicia a la magnitud del daño causado, pues limita la responsabilidad penal y civil al chofer del camión cisterna y a la empresa Transgas, dejando fuera a otras empresas, autoridades municipales y funcionarios estatales que —según los vecinos— conocían los riesgos, omitieron acciones preventivas o incluso encubrieron responsabilidades tras el accidente. Para ella, se trata de una “justicia injusta” y selectiva que castiga solo a los eslabones más débiles, cierra la posibilidad de investigar a todos los responsables y consolida la impunidad. Además, denuncia el abandono de los sobrevivientes, quienes enfrentan reparaciones insuficientes, falta de atención médica integral y ausencia de apoyo psicológico.

¿Cómo va el caso legal de las víctimas de Villa El Salvador?

El abogado Marlon Ichpas Canales, que representa a sobrevivientes, denunció graves irregularidades, errores de tramitación y una profunda falta de humanidad por parte del sistema judicial y de las autoridades en el manejo del caso. Según explicó, desde el inicio el Ministerio Público calificó erróneamente los hechos como un simple accidente de tránsito y los derivó a la Fiscalía de Tránsito de Chorrillos, cuando —afirma— se trataba de un delito de peligro común, vinculado al transporte de gas, con consecuencias de homicidio y lesiones culposas, que debió ser visto por una fiscalía especializada. Esta mala calificación marcó todo el proceso penal.

Como resultado, el expediente avanzó durante años por una vía. “El juez sentencia con montos de S/8.000 y S/10.000 de reparación civil. Una suma totalmente irrisoria”. Aunque la sentencia fue apelada y la Sala Penal advirtió la tramitación errada, devolviendo el caso al juzgado, el abogado sostuvo que el perjuicio ya era irreversible, pues en la práctica el responsable no asumió una sanción acorde a la magnitud de la tragedia.

En paralelo, se presentó una denuncia penal contra la Municipalidad de Villa El Salvador por delito de la administración pública de la omisión de funciones, al señalarse que un desnivel de aproximadamente 10 centímetros en la vía —producto de una obra mal ejecutada y advertida previamente por los vecinos— habría contribuido al accidente. Pese a ello, la investigación fue archivada, reabierta tras una queja y, más de dos años después, continúa sin avances sustanciales, en medio de cambios de jueces y falta de impulso fiscal. “Es lamentable porque después de tantos años no le toman interés. Cambian de juez, no hay interés en este proceso”, sostiene el abogado.

Por la vía civil, los familiares y sobrevivientes demandaron a diversas entidades, entre ellas la Municipalidad de Villa El Salvador, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Osinergmin y la empresa de transporte de gas. Sin embargo, cada institución se deslindó de responsabilidad y el proceso se dilató con defensas y excepciones procesales. Incluso, según relató el abogado, no hubo voluntad política ni humanitaria para una salida conciliada, ya que las autoridades se limitaron a delegar el tema a sus abogados.

El 15 de enero de 2025, el chofer del bus fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida por el delito contra la Seguridad Pública- delito de peligro común por medio de incendio o explosión en su forma agravada y al pago de reparaciones civiles a las personas afectadas.

Apoyo de Aniquem en el proceso de rehabilitación de las víctimas de la tragedia en Villa El Salvador

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) destacó el trabajo de atención integral que brindó a niñas, niños y adolescentes afectados por las graves quemaduras que dejó la tragedia en VES. La institución acompañó a las víctimas en procesos largos y complejos de recuperación, que incluyeron rehabilitación física y apoyo psicológico tanto para los pacientes como para sus familias. Muchas de estas personas continúan enfrentando secuelas físicas, emocionales y sociales producto del siniestro.

La asociación también expresó su preocupación por recientes incendios registrados en distintas zonas del país, que evidencian la persistente vulnerabilidad de comunidades enteras frente a este tipo de emergencias, como el ocurrido hace pocos días en el sector de Jirón Ica, donde varias familias resultaron afectadas.

Ante ellos, Aniquem advirtió que tragedias como la de Villa El Salvador no son hechos aislados y pueden prevenirse con una adecuada fiscalización, mantenimiento de instalaciones de gas y educación en seguridad. La organización reiteró su compromiso de seguir trabajando por la recuperación integral de los sobrevivientes de quemaduras y de promover una cultura de prevención, para evitar que tragedias como la ocurrida en Villa El Salvador vuelvan a repetirse.

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