Más de 480 comisarías en Perú enfrentan problemas graves: vehículos inoperativos, computadoras malogradas y chalecos antibalas insuficientes

El informe de la Contraloría N.° 25595-2025-CG/SIE-SOP señaló que 485 comisarías del Perú enfrentan graves problemas: 1.730 vehículos inoperativos, 1.823 computadoras malogradas, infraestructura deficiente en los establecimientos, chalecos antibalas insuficientes y vencidos. Este operativo, realizado del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2025, concentró el mayor número de situaciones adversas en centros ubicados en Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155).

De las 6.835 computadoras registradas en las comisarías supervisadas, 1.823 se encontraban inoperativas. Una situación similar se evidenció en otros equipos: 2.132 de las 4.049 impresoras estaban malogradas, al igual que 141 escáneres de un total de 532 disponibles. Otro de los hallazgos más relevantes es la elevada cantidad de vehículos inoperativos y sin mantenimiento, una situación que limita directamente las labores de patrullaje policial. Del total de 4.121 vehículos registrados, 1.730 se encuentran fuera de servicio, entre ellos motocicletas, camionetas y automóviles.

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Se evidenció que muchas comisarías carecen de infraestructura adecuada y segura, al punto de poner en riesgo la integridad del personal policial, de los ciudadanos y la continuidad del servicio. De las 485 comisarías evaluadas, más de la mitad tiene más de 30 años de antigüedad y requiere mantenimiento o renovación; además, 72 delegaciones fueron construidas con adobe, lo que las hace especialmente vulnerables a sismos y humedad.

Entre los locales con deficiencias figuran Palacio Viejo (Arequipa), Sitajara (Tacna) y Punta Moreno–Gran Chimú (La Libertad). A ello se suma la precariedad del mobiliario, con escritorios, sillas, estanterías y otros enseres deteriorados o inoperativos, que afectan las labores operativas y administrativas. En cuanto a los servicios policiales, el operativo nacional detectó que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos, lo que limita el patrullaje y la ejecución de operativos, y reduce la capacidad de prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.

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Expertos advierten consecuencias en seguridad ciudadana ante deficiencias en comisarías del Perú

El reporte de la Contraloría evidencia una grave crisis operativa que impacta directamente en la seguridad ciudadana, advirtió José Manuel Saavedra Molina, experto en seguridad ciudadana y en comunicación política. Según explicó a La República, no se trata de un problema meramente administrativo, sino de una falla estructural que limita la capacidad de respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado. “Estamos hablando de un colapso operativo: menos patrullaje, menos capacidad de respuesta y mayor ventaja para el delito”, señaló.

Este hecho implica un riesgo para la labor policial, teniendo en cuenta los homicidios que se registraron durante 2025. Según la última actualización de los registros oficiales del Gobierno, a través del SINADEF al 31 de diciembre de 2025 —publicado por el analista de datos Juan Carbajal—, el año 2025 cerró con 2.226 homicidios, lo que representa un incremento aproximado del 7 % en comparación con 2024. En lo que va del año 2026, se han registrado 62 homicidios, de acuerdo con el SINADEF, con una prevalencia de más del 70% por uso de arma de fuego.

Para Saavedra, la falta de vehículos operativos reduce el control territorial y el patrullaje preventivo, incluso en zonas declaradas en estado de emergencia, donde continúan registrándose homicidios y casos de sicariato a cualquier hora del día. Según el especialista, esta situación permite que “el delito avance más rápido que el Estado”, debido a la ausencia de mantenimiento, equipamiento y planificación.

Las graves deficiencias detectadas en comisarías del país tienen un impacto directo en la calidad del servicio policial y en la percepción de seguridad de la ciudadanía, advirtió Nicolás Zevallos, criminólogo y experto en seguridad ciudadana.

Desde su perspectiva, las comisarías representan el primer y más cercano punto de contacto entre la Policía Nacional y la población, por lo que su precariedad repercute de forma inmediata en la capacidad de respuesta frente al delito. “Esto afecta el tiempo de respuesta, la posibilidad de resolver adecuadamente los requerimientos de los ciudadanos e incluso la presencia física y simbólica de la policía en el territorio”, señaló.

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Carencia de computadoras afecta el trabajo de inteligencia policial

En el ámbito de la investigación criminal, la inoperatividad de equipos informáticos también representa un riesgo significativo. Saavedra sostuvo que la carencia de computadoras y tecnología adecuada afecta el trabajo analítico e inteligencia policial, especialmente en las comisarías fuera de Lima, donde la situación sería aún más crítica. A ello se suma la falta de chalecos antibalas, que no solo expone a los efectivos policiales, sino también a la ciudadanía. “Un agente mal equipado no puede intervenir con seguridad ni eficacia”, advirtió.

El especialista subrayó que esta crisis no es coyuntural ni reciente, sino el resultado de años de mala gestión, compras deficientes y ausencia de una política integral de seguridad ciudadana. En ese sentido, remarcó la responsabilidad política acumulada por sucesivos gobiernos y la alta rotación de ministros del Interior, lo que ha impedido la continuidad de estrategias a largo plazo. Desde el gobierno de Pedro Castillo hasta el gobierno de José Jerí pasaron 16 ministros del Interior.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior registró 26.652 denuncias por extorsión, un 18% más sobre los 22.243 reportados en el mismo periodo de 2024. Lima Metropolitana, la región más afectada, reporta 11.215 casos de este delito.

Si bien el especialista considera complejo asociar estas deficiencias a un delito específico, subrayó que el principal efecto es la erosión de la confianza ciudadana en la institución policial. “Es muy difícil hacer un correlato directo con un delito en particular, pero sí con la percepción que tiene la ciudadanía sobre la calidad del servicio policial”, explicó.

Uno de los hallazgos más críticos es la inoperatividad de casi 2.000 computadoras en comisarías, lo que compromete seriamente la investigación criminal y la gestión de información. Según Zevallos, esta situación impide el registro adecuado de denuncias, el seguimiento de los casos y una correcta rendición de cuentas. A ello se suma la falta de equipamiento básico para el patrullaje. “Nueve de cada diez policías que patrullan en la calle no cuentan con una radio”, advirtió, lo que evidencia una severa brecha en comunicaciones y capacidad operativa.

Para el experto, el problema no es únicamente presupuestal, sino principalmente de gestión de recursos. Indicó que año tras año se devuelven fondos que podrían utilizarse para cerrar estas brechas. Recordó que la Policía estimó hace algunos años que se requerían cerca de 18 mil millones de soles para cubrir las necesidades de infraestructura y equipamiento, una cifra similar a lo que el país pierde anualmente por efectos de la inseguridad. “Con lo que perdemos en un año por inseguridad, podríamos financiar el cierre de brechas de toda la policía”, afirmó.

¿Qué medidas urgentes implementar ante los casos de inseguridad ciudadana?

Como medidas urgentes, Zevallos propuso priorizar la inversión en unidades especializadas y en territorios con mayor riesgo delictivo, en lugar de intentar resolver el problema de manera generalizada.

Por su parte, Saavedra planteó la necesidad de medidas urgentes basadas en tres ejes: auditorías operativas permanentes, gestión profesional del equipamiento policial y el establecimiento de indicadores claros de desempeño en seguridad ciudadana. Como mensaje final, enfatizó que “sin logística, sin tecnología y sin protección adecuada, la seguridad ciudadana se convierte en un discurso vacío”, y advirtió que, de no corregirse estas fallas, la brecha entre el crimen y la capacidad de respuesta del Estado seguirá ampliándose.

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