Educación sexual: el peligro de reducir los derechos a la biología en un país marcado por la violencia de género

En un entorno político y social polarizado, el Estado peruano promulgó hoy la Ley Nº 32535, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que deroga de facto parte de la normativa de igualdad de género y reemplaza la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios por una “educación sexual con base científica, biológica y ética”. La norma fue aprobada en el Congreso de la República por mayoría de legisladores con discursos conservadores y recibió críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de la igualdad como un retroceso en la protección de derechos sexuales y reproductivos.

Especialistas coinciden en que, antes de la nueva ley, la ESI ya tenía serias limitaciones en su implementación por la falta de capacitación docente y ausencia de guía clara para abordar aspectos más allá de lo biológico, y con lineamientos que nunca llegaron a traducirse en prácticas escolares efectivas en todas las regiones. Ahora, con la eliminación del enfoque de género, se profundiza ese vacío: en un país donde más de 18.000 adolescentes de 0 a 19 años dieron a luz hasta julio de 2025 (según el Ministerio de Salud), el recorte de instrumentos pedagógicos constituye un abandono estatal, donde niñas y jóvenes quedan indefensas ante distintas formas de violencia.

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Una política con evidencia, pero históricamente insuficiente

La ESI no es un concepto nuevo en el Perú. Desde su inclusión en políticas educativas, se nutre de evidencia científica y en la práctica ha demostrado ser una herramienta clave para la prevención del embarazo adolescente, las ITS y la violencia sexual. A pesar de ello, su implementación nunca fue plena ni homogénea.

Como explica la académica Nani Pease, “la ESI ha sido desde su nacimiento un modelo desapercibido y con implementación escasa… siempre insuficiente, pero sin enfrentamiento abierto hasta esta coyuntura política”. Para Pease, “el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores… que han puesto al Estado peruano en jaque”.

La experta sostiene que esta política fue atacada en el marco de una reforma curricular y una disputa ideológica que antepone intereses políticos por encima de evidencia pedagógica y de salud pública, pese al hecho de que el Perú es un Estado laico.

Implementación desigual y retroceso normativo

Antes de la promulgación de la nueva ley, la ESI ya enfrentaba brechas de implementación: zonas rurales y urbanas tenían diferencias marcadas en capacitaciones y disponibilidad de docentes preparados para enseñar temas de sexualidad, género y derechos. Esto fue precisamente lo que planteó Fiorella Hinostroza Gálvez, co-fundadora de Colectivx ESI - Chanchamayo.

"La implementación de la educación sexual integral ya era bastante limitada; muchos docentes no se sienten preparados para impartir estos contenidos y no ha existido una implementación adecuada y sostenida”, señala. Sin embargo, advierte que el reciente cambio normativo representa un retroceso aún más profundo. “Reducir la educación sexual a un enfoque exclusivamente biológico deja de lado dimensiones fundamentales como lo social, lo afectivo y lo cultural. Esto es especialmente grave porque las violencias no se originan en el cuerpo biológico, sino en los entornos cercanos, en las relaciones de poder y en las desigualdades estructurales”, explica.

En esa línea, Hinostroza cuestiona la sustitución del enfoque de género por el de “igualdad entre mujeres y hombres”, así como el reemplazo de la educación sexual integral por una educación sexual “biológica y ética”. Según indica, este cambio limita seriamente la posibilidad de abordar problemáticas como la violencia sexual y la diversidad, reduce la ESI a contenidos de ciencia básica y excluye el enfoque de derechos humanos que resulta clave para la prevención de violencias y la garantía de autonomía corporal.

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Impacto directo en escuelas y docentes

Las voces de quienes trabajan en el campo educativo señalan que los efectos no serán neutros. Para muchos docentes, la ESI representaba una herramienta para abordar situaciones de violencia o de riesgo entre estudiantes. Su eliminación significa amputar la capacidad de la escuela para responder a realidades que los propios profesores ya observaban.

Pease explica que “los docentes pierden legitimidad para actuar… han estado defendiendo la política pese a múltiples ataques… eliminarla es privar a los niños y adolescentes del derecho a educación que les permite cuidarse y protegerse”.

La psicóloga especialista en desarrollo personal e infancia, Giannina Valdivia Muñoz, enfatiza que restringir la información no es solo un tema educativo, sino que afecta el desarrollo emocional y la capacidad de tomar decisiones: “El impacto es grande… los más vulnerables son niños y adolescentes… restringirles la información es ponerlos en posición de vulnerabilidad”.

Valdivia advierte que limitar la ESI a lo biológico es insuficiente y deja fuera dimensiones clave como lo emocional, la prevención de abuso y las habilidades para reconocer relaciones saludables.

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Cifras nacionales alarmantes: embarazo adolescente, violaciones e ITS

La urgencia de una educación integral se sustenta en cifras que muestran una realidad crítica:

• El embarazo adolescente afecta a más de 8 de cada 100 jóvenes entre 15 y 19 años a nivel nacional, con tasas mucho mayores en zonas rurales y amazónicas, de acuerdo con dato de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023.
• En lo que va del 2025, 18.184 niñas y adolescentes menores de 19 años han sido madres a nivel nacional, según datos del Certificado de Nacido Vivo (MINSA – enero-julio 2025).
• Las violencias y agresiones sexuales a niñas y adolescentes siguen siendo elevadas, con más de 18.000 casos atendidos solo por los Centros de Emergencia Mujer hasta octubre de este año.
• Las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes han mostrado tendencias crecientes, reflejando la necesidad de estrategias educativas más robustas. Datos de UNICEF señalan que hasta el 31 de marzo de 2025 había 7.128 casos de VIH notificados en personas de 10 a 19 años, aunque se considera que la cifra real podría ser mayor debido a barreras en tamizaje.

En este contexto, Pease subraya que “la mejor manera de prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente es la ESI. Proveer información no solo sobre contracepción, sino sobre límites personales y cuidado corporal”. Su perspectiva apunta a que limitar la educación sexual a lo biológico omite dimensiones esenciales como la afectividad, el consentimiento y el reconocimiento de diversidad.

Responsabilidad política y ética del Estado peruano

Desde la abogacía en derechos humanos, Cynthia Silva, vocera de DEMUS, plantea que la nueva ley no elimina las obligaciones internacionales del Perú en materia de igualdad y prevención de violencia, incluso si intenta redefinir o vaciar contenidos: “Las obligaciones jurídicas internacionales permanecen intactas y plenamente exigibles”.

Silva sostiene que, aunque la ley cambie términos, esto no puede anular los compromisos que el Estado peruano tiene con tratados como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales demandan medidas activas contra la violencia y discriminación.

“Los Estados no pueden eludir sus compromisos mediante cambios terminológicos. Lo jurídicamente relevante no es la denominación sino si las políticas públicas garantizan efectivamente igualdad sustantiva”. Para Silva, el retroceso es político e institucional, pero desde el derecho internacional, las autoridades siguen obligadas a implementar medidas que protejan los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+.

En el plano político, la congresista Ruth Luque responsabiliza directamente al Estado por retirar la ESI en un contexto donde las cifras de violencia no han disminuido: “La responsabilidad política y ética recae en quienes han decidido desmantelar… el Ejecutivo y la mayoría del Congreso…”. Luque subraya que eliminar políticas que ayudan a detectar abuso y prevenir embarazos forzados no solo es una falla técnica, sino un costado ético inexcusable.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Diana Miloslavich rechazó rotundamente la norma: ''Lo que evidencia la ley es su autoritarismo. No cuestionan las relaciones de poder que afectan a las mujeres. Es un día nefasto en la historia de nuestro país, que este Congreso promulgue este retroceso en las políticas de género. Queda como un momento histórico, lamentablemente''.

La norma fue impulsada por la congresista y pastora evángelica Milagros Jaúregui, de la bancada de Renovación Popular, quien celebró así la promulgación en su cuenta de X: ''¡Ya es ley! Histórico. Hoy se publicó en el diario El Peruano la Ley 32535, de mi autoría, que aprueba la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, reafirmando el enfoque original de la norma, eliminando la ideología de género en el Perú. Un paso firme en defensa de los valores que sostienen nuestra sociedad''.

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Las brechas reales

Un punto en común entre especialistas es la necesidad innegable de formación docente. Tanto Hinostroza como Valdivia señalan que uno de los factores que impidió una implementación sólida fue la falta de apoyo al magisterio para enseñar ESI con calidad.

Valdivia lo expresa con claridad: “Hay que capacitar a las personas para que puedan ejercer sus derechos… restringir la información es perjudicial… son herramientas para poder elegir y cuidar su cuerpo”. Sin capacitación y sin herramientas adecuadas, docentes se verán limitados a enseñar contenidos parciales, reduciendo aún más el acceso de estudiantes a conocimientos críticos sobre autocuidado, consensos, habilidades afectivas o reconocimiento de violencia.

El retroceso de la ESI ocurre en un momento donde otros indicadores sociales también reclaman atención. La necesidad de atender la salud mental y el desarrollo integral de la juventud post-pandemia resaltan la urgencia de enfoques educativos que integren género, derechos y salud sexual. Pease lo sintetiza así: “Es aberrante… es una nueva agresión a niños, niñas y adolescentes… es una agresión a los docentes para quitarles herramientas”. En este sentido, el impacto no solo es educativo, sino también social y político, pues afecta cómo se entienden las relaciones humanas, los derechos y la responsabilidad del Estado frente a sus jóvenes.

Lo que sigue tras la promulgación

La promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades —tal como sostienen expertos, académicas, abogadas y activistas— no es solo una cuestión de términos: es un cambio con consecuencias reales en el acceso de niñas, niños y adolescentes a educación sexual que considere género, derechos, diversidad y autonomía. Como afirma Silva, desde el derecho internacional “el derecho no ha sido derogado ni suspendido”; las obligaciones de garantizar igualdad, prevenir violencia y proteger derechos siguen. Lo que está en disputa es la voluntad política y social para cumplirlas.

Igualmente, Miloslavich precisó que desde la sociedad civil y exautoridades seguirán tomando acciones para frenar el impacto negativo de la ley: ''Es inconstitucional, vamos a seguir peleando. No se va a quedar allí. Nos iremos a la Corte Iteramericana de DD. HH., porque no nos hemos salido''.

El panorama revela la renuncia de las autoridades a la prevención desde la escuela en un país donde el embarazo adolescente y las ITS siguen creciendo al amparo de la desinformación, el estigma y la violencia no detectada. Recortar la ESI y vaciar el enfoque de género no es un ajuste técnico, es una decisión política con efectos desproporcionados sobre niñas, adolescentes y juventudes que dependen del aula como primer espacio seguro para aprender a nombrar, reconocer y frenar abusos, cuidar su cuerpo y ejercer sus derechos con autonomía, y cuando el Estado debilita ese último bastión, no corrige una política: consolida el silencio que ha permitido que la violencia se herede como norma y no como excepción.

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