El pedido de facultades del gobierno de Keiko Fujimori bajo análisis: seguridad, administración y modernización
El proyecto abarca temas como seguridad ciudadana, régimen laboral, simplificación administrativa y modernización del Estado. La nueva administración fujimorista deja en claro sus prioridades y posibles impactos en la población.
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A pocos días de asumir el mando, el gobierno de Keiko Fujimori prepara un proyecto de ley solicitando al Congreso la delegación de facultades legislativas, un mecanismo previsto en el artículo 104 de la Constitución que permite al Poder Ejecutivo legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas y por un plazo determinado, sin pasar por el debate parlamentario ordinario.
El borrador del pedido, presentado como parte de la agenda inicial del nuevo gabinete encabezado por el premier Luis Galarreta, abarca siete grandes materias: seguridad ciudadana y sistema penitenciario, emprendimiento y micro y pequeña empresa, régimen laboral y protección social, simplificación administrativa y calidad regulatoria, desarrollo productivo e innovación, materia tributaria y aduanera, y modernización del Estado.
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El alcance del proyecto —que toca desde el Código Penal hasta el régimen tributario de las empresas, pasando por los feriados no laborables y el acceso de las Fuerzas Armadas a los penales— deja entrever las prioridades declaradas del nuevo gobierno fujimorista, así como detalles con afectaciones directas a todos los peruanos que no serán ajenas a la polémica.
Seguridad ciudadana y sistema penitenciario
El primer bloque de facultades solicitadas apunta a modificar el marco militar, policial y penal. El gobierno fujimorista ha solicitado la potestad de reorganizar la dirección y seguridad de los penales y centros juveniles, y de habilitar un apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en los servicios penitenciarios.
A esto se suma la entrada de la inversión privada en temas de infraestructura y gestión carcelaria. De esta manera, el modelo de cárceles público-privadas podría hacerse realidad. El debate sobre este tipo de recintos enfrenta la promesa de una mayor eficiencia y ahorro con el riesgo de que el lucro entre en conflicto con la seguridad, los derechos humanos y la finalidad de la justicia penal. Lo cierto es que estas medidas ya eran comentadas por Fujimori desde su plan de gobierno.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, mencionó experiencias cercanas en la región donde esto se ha llevado a cabo. Pedraza consideró la propuesta positiva, pero señaló que hay detalles a tener en cuenta.
"La experiencia más exitosa es la de Chile. Ellos construyeron 16 penales con inversión privada. Han encargado luego la prestación de servicios, mantenimiento, salud y comida. La seguridad ha seguido bajo el control de la autoridad penitenciaria chilena. Diría que es una forma de construir con prisa un penal, al margen de las dificultades que supone la contratación pública. Cuenta con esa ventaja. Ahora, la desventaja es que los costos son más elevados que en el penal ordinario. Necesitan estándares mayores de mantenimiento y los costos son más altos. En el gobierno de Humala se dio un decreto legislativo de promoción de la inversión en cárceles. El marco normativo está. Nunca se materializó en un proceso".
Además, el exministro indicó que la administración interna de los centros carcelarios debe estar bajo el control de las autoridades públicas correspondientes, y que no debe olvidarse el papel del inversor privado, quien, más que un gestor, es quien coloca el capital esperando un retorno.
"En esa experiencia, siempre el Estado mantiene el control de los temas centrales: define las reglas de seguridad, decide el régimen interno, quién ingresa, quién sale. Por supuesto, la administración juega un papel. Hay que ser claros: el privado invierte dinero para ganar dinero. Es un negocio; gana con el interés del capital invertido en la construcción. (…) Al inversor privado poco le interesa la vida en la cárcel; por eso el equilibrio y el control son lo que permite una adecuada inversión en penales", apuntó.
Materia laboral y protección social
Los temas laborales han sido los más criticados de este proyecto. El punto más delicado es la solicitud de perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, bajo el argumento de que las normativas actuales obvian lo que el gobierno ha catalogado como la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica. El texto no detalla qué flexibilizaciones buscarían permitirse en estos casos. Del mismo modo, se busca modificar beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades, con el fin de flexibilizarlos mediante acuerdos individuales o colectivos.
La reducción del número de feriados no laborables en nombre de la productividad es otro de los puntos señalados en este proyecto. Anteriormente, Keiko Fujimori había señalado que no tenía intención de modificar el número de feriados. El ministro de Trabajo de la nueva administración, Juan Sheput, también lo ha negado. Planteada así, la medida tocaría derechos laborales adquiridos y dejaría abierta la puerta a la modificación de beneficios históricamente protegidos por la legislación peruana.
Para César Puntriano, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el plan —idealmente— debería estar enmarcado junto a la creación de un régimen especial y progresivo que permita la inclusión laboral.
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"La idea, más que reducir beneficios laborales de quienes ya los tienen, debe ser dar un régimen especial aplicable a nuevos trabajadores, y no a quienes ya están en planilla y gozan de derechos laborales. El objetivo es generar más trabajo formal, con un régimen que se aplique temporalmente —como ocurre actualmente con el régimen MYPE— y que vaya progresando de manera gradual. Lo laboral no es lo único que se requiere para generar empleo formal".
El abogado laboralista consideró que el Ejecutivo tendrá que probar lo saludable de este paquete normativo, o podría ver sus iniciativas frustradas por ir contra lo establecido en el ordenamiento constitucional.
"La aprobación de un decreto legislativo que recorte derechos laborales no es automáticamente inconstitucional. Tocaría determinar si la legislación buscaba regular esa materia, si la intención es legítima, si existe evidencia que muestre que la medida contribuiría a ese fin y si hay proporcionalidad. De no lograr acreditar esos extremos, hay argumentos para sostener la inconstitucionalidad de la reforma por vulnerar el principio de progresividad de los derechos laborales", señaló.
Simplificación administrativa y calidad regulatoria
En este eje, el pedido busca simplificar, digitalizar o eliminar procedimientos administrativos, así como establecer la renovación automática de autorizaciones, permisos y certificaciones.
También se solicita equiparar el valor legal de los documentos digitales con los físicos, modificar el régimen de tasas y cobros que realizan las entidades públicas por sus servicios, y potenciar las facultades de Indecopi. Según señalan, el objetivo es eliminar las barreras burocráticas que se encuentren.
Es un capítulo de perfil más técnico, orientado a la reducción de trámites, que en principio genera menos resistencia política, pero que puede tener un impacto significativo en la relación cotidiana entre ciudadanos, empresas y el Estado. Para Karla Gaviño, experta en gestión pública y docente de la Universidad del Pacífico, debe realizarse un examen exhaustivo de las capacidades actuales de la administración pública para determinar dónde aplicar este principio.
"Un tema importante es tener en cuenta si el nivel del gobierno electrónico en el Estado es suficiente. Esto, porque a lo largo de la administración pública no necesariamente se cuenta con la información necesaria, y porque podría haber un eventual riesgo si no se cuenta con los programas y controles adecuados para verificar la autenticidad de estos documentos. No toda la administración pública está en el mismo nivel de avance en lo que respecta a gobierno electrónico", apuntó.
Modernización del Estado
El último capítulo solicita la facultad de crear, fusionar o disolver organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo. La eliminación y fusión de ministerios no se aborda directamente, pero la idea no deja de percibirse dado este punto. Recientemente, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, descartó esta posibilidad.
También se pide reforzar los requisitos de idoneidad para el acceso a la función pública, promover la meritocracia en los ascensos, y establecer incentivos económicos para el retiro voluntario de servidores públicos.
Uno de los puntos más polémicos de este bloque es el de proteger a los funcionarios que intervienen en grandes proyectos de inversión "para evitar que se utilicen mecanismos de control que inhiban su función". La solicitud puede leerse como un intento de blindar a los funcionarios públicos frente a la Contraloría y otros órganos de control.
Gaviño considera que esta posibilidad no es negativa en sí misma. La profesora de la UP indica que, en múltiples ocasiones, la Contraloría puede llegar a exceder su rol fiscalizador y, en consecuencia, entorpecer ciertas gestiones.
"En múltiples ocasiones, algunos órganos de control —excediendo lo que corresponde a la verificación del uso de recursos públicos— empiezan a cuestionar a ingenieros, economistas, arquitectos y equipos técnicos por tal o cual decisión técnica. El análisis técnico le corresponde a un equipo técnico: una cosa es ver si se está utilizando bien el dinero en el proyecto, y otra muy distinta es cuestionar la decisión técnica adoptada. Cuando la Contraloría excede su función, se pueden generar parálisis de gestión. Son aspectos que exceden el control del uso del recurso público, de forma contraria al ordenamiento jurídico. Es urgente y merece un trabajo en conjunto no solo de la Contraloría, sino también con todo órgano de control".
Los puntos económicos: impuestos, desregulaciones y apoyo empresarial
En el frente económico, el pedido busca promover la productividad, la digitalización y la innovación de las micro y pequeñas empresas (MYPE), las cooperativas y los emprendimientos. De acuerdo con el proyecto filtrado, se plantean modificaciones tributarias orientadas a fomentar la formalización.
En ese mismo apartado se propone establecer un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y progresivas. Es decir, un esquema en el que todas las empresas pagan una misma tasa base sobre sus ganancias, pero esta aumenta conforme obtienen mayores utilidades.
Otro de los puntos del proyecto plantea la creación de un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal que, según el documento, sería financiado sin recursos públicos.
Asimismo, se proponen modificaciones al marco normativo minero para simplificar los requisitos que permitan impulsar la inversión, aunque no se detallan cuáles serían las barreras que podrían eliminarse. En otro apartado, se plantea modificar la normativa ambiental y la relacionada con las áreas naturales protegidas "para promover actividades productivas" y evaluar las restricciones vigentes. Esta propuesta ya ha generado observaciones de organizaciones ambientales, como la Red Muqui, que promueve la defensa de las comunidades frente a actividades extractivas. La organización ha advertido que estos cambios podrían facilitar prácticas extractivas que afecten la autonomía de determinadas poblaciones y territorios.
Además, el gobierno fujimorista plantea derogar la Ley 31143, que establece topes a las tasas de interés. Actualmente, en el Perú el límite fijado es de 114,13% anual para los créditos en moneda nacional y de 99,84% anual para los otorgados en moneda extranjera.
La administración fujimorista también solicita exoneraciones y deducciones tributarias especiales para sectores considerados estratégicos. Entre ellas figura la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta para permitir la deducción de gastos en capacitación y otorgar créditos fiscales por la contratación de jóvenes, una propuesta que, según el propio documento, aparece formulada en dos oportunidades.
Del mismo modo, el proyecto plantea modificar el marco normativo aduanero para reducir los costos y tiempos de exportación, lo que también podría traducirse en una simplificación de los trámites para la importación de productos al país.
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