Perú bajo observación de la ONU: ley del Congreso que elimina el enfoque de género restringiría derechos humanos
El pronunciamiento destaca que la norma también penaliza arbitrariamente a defensores de DD. HH., contraviniendo compromisos internacionales asumidos por Perú. Además, señalaron que ya han establecido comunicación formal con el Gobierno para manifestar sus inquietudes.
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Expertos y expertas de las Naciones Unidas advirtieron que la ley aprobada por el Congreso peruano que elimina el concepto de género de políticas públicas clave representa un grave retroceso para los derechos humanos en el Perú, en particular para la igualdad y la no discriminación de niñas, mujeres y personas de la comunidad LGBTQ.
En un pronunciamiento difundido desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los expertos advirtieron: “Al sustituir el género por el sexo biológico, la legislación propuesta debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas”.
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Para las y los especialistas, estos cambios “socavan los objetivos transformadores de la igualdad de género”, ya que la equidad y la igualdad de oportunidades “no pueden sustituir, por sí solas, a la igualdad de género”.
ONU exhorta al Gobierno a observar la ley
El pronunciamiento también expresa preocupación por las restricciones a la cooperación del Estado con organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que impulsan demandas o denuncias internacionales contra el Perú. Según la ONU, la norma podría penalizar de forma arbitraria a defensores de derechos humanos y a organizaciones que trabajan contra la discriminación de personas LGBT.
Asimismo, advirtieron sobre la eliminación del requisito de armonizar las políticas nacionales con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado peruano. “Estas medidas se suman a una preocupante tendencia de iniciativas legislativas regresivas que no se ajustan a las normas regionales e internacionales”, señalaron.
Ante este escenario, los expertos instaron al Gobierno a observar la ley y a reafirmar su compromiso con las obligaciones internacionales en DD. HH. Indicaron, además, que ya se han comunicado formalmente con el Estado peruano para expresar sus preocupaciones.
Congreso aprobó la norma en medio de debate político
El Congreso aprobó el pasado 19 de noviembre el proyecto de ley 8731/2024, denominado Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La norma elimina referencias explícitas a la igualdad de género, reemplazándolas por términos como “equidad” o “igualdad de oportunidades”, y dispone cambios en una amplia gama de leyes y políticas vigentes. Además, suprime menciones a los derechos sexuales y reproductivos y restringe el acceso a la educación sexual integral (ESI).
La iniciativa fue aprobada por el Pleno con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, y reemplaza por completo la Ley 28983, vigente desde 2007. Fue impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, quien defendió la reforma señalando que esta restituye una “igualdad auténtica” ante lo que considera “distorsiones” introducidas en años recientes.
Durante el debate, la congresista Susel Paredes advirtió que el cambio normativo supone un retroceso de varias décadas y contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
¿Qué cambia con la nueva norma?
Entre los principales efectos, se establece que todas las entidades del Estado deberán adecuar sus políticas públicas en un plazo máximo de un año. El Ministerio de la Mujer tendrá que emitir nuevos lineamientos para aplicar el enfoque definido por la ley, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas contará con 90 días para ajustar su estructura programática.
Además, la norma deroga la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), que hasta ahora orientaba las acciones estatales para la prevención de la violencia y la reducción de brechas entre hombres y mujeres.
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