Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte por realizar requisas en penales: "Contra mis amigos, familiares"

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, denunció recibir amenazas de muerte tras intensificar las requisas en diversos penales del país, especialmente en el de Lurigancho. Según relató, las intimidaciones surgieron luego de los operativos en el que se incautaron tomacorrientes, antenas y otros objetos prohibidos dentro de los pabellones.

“La semana pasada me llamaron por teléfono a mi celular. Tuve dos llamadas en las que amenazaban contra mi vida, con lisuras, que me van a dar vuelta si seguía con las requisas”, afirmó para TVPerú.

“A raíz de eso, la semana siguiente vinieron familiares de los internos a hacer un plantón e inclusive no dejaron entrar a los trabajadores por el tema de la requisa, quejándose, amenazando y vertiendo una serie de palabras en contra de la presidencia del INPE”, agregó.

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Paredes señaló que las amenazas no solo fueron dirigidas a él, sino también contra sus amigos y familiares. Incluso advirtió que la situación podría afectar a sus vecinos, pues vive en un departamento.

Jefe del INPE continuará requisas

A pesar de las constantes amenazas, Paredes señaló que las requisas son diarias y que las intimidaciones no van a amedrentarlo. Sin embargo, frente a la situación sostuvo que conversó con el comisario de Monterrico, quien le indicó que el caso va a pasar a la Fiscalía para que investigue quiénes están detrás de los mensajes.

El jefe del INPE reconoció que muchas situaciones ilegales, como la presencia de drogas, pistolas, chavetas, antenas, tomacorrientes en muchos centros penitenciarios del país, son producto de corrupción e inoperancia de agentes penitenciarios.

Paredes dispuesto a someterse a polígrafo

Por otro lado, Paredes señaló que se someterá al polígrafo si es solicitado por el jefe de Estado de hacerlo y afirmó que su cargo está a disposición de las decisiones del presidente. Según una investigación de Cuarto Poder, el jefe del INPE habría solicitado la suma de S/80.000 para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado cuando ejercía como abogado en 2019. Sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.

El funcionario también registra una sanción de parte del Colegio de Abogados de Lima, que lo inhabilitó en 2023 por un año para ejercer la profesión tras una denuncia en su contra por estafa. Además, recibió en 2024 una multa de más de S/16.000 por parte del Indecopi debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y por no devolver US$ 3.500 entregados por un cliente en 2021.

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