Vladimir Cerrón: TC deja sin efecto su prisión preventiva tras declarar fundado hábeas corpus

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón contra la prisión preventiva de 24 meses que pesaba en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro. Tal como adelantó La República, con esta decisión, contenida en la Sentencia 166/2026 del expediente 00117-2026-PHC/TC, anuló la Resolución 8 y su confirmatoria, del 3 de junio y el 4 de julio de 2025, que habían rechazado el pedido de la defensa del exgobernador de Junín para variar la medida por una comparecencia con restricciones.

El fundador de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, cuando dejó de cumplir las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. En ese momento pesaba sobre él una sentencia por el delito de colusión, dictada en el caso conocido como La Oroya, que la propia defensa calificó como arbitraria. El incumplimiento de esas reglas —entre ellas, no ausentarse de su localidad y presentarse cada treinta días a un control biométrico— llevó al juzgado a revocar la comparecencia y ordenar su detención en diciembre de ese año.

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El TC consideró que los jueces no explicaron por qué el peligro de fuga se mantenía vigente después de que dos decisiones judiciales beneficiaran a Cerrón. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante la Casación 3280-2023/Junín, lo absolvió en marzo de este año del delito de colusión que sustentaba parte de su fuga. Meses antes, el propio Tribunal Constitucional había anulado, a través de la Sentencia 90/2025, la condena por negociación incompatible que pesaba en su contra en otro proceso. Para la mayoría del colegiado, esas dos variaciones debieron llevar a una nueva evaluación del riesgo procesal, algo que las resoluciones cuestionadas omitieron.

La decisión no fue unánime. La ponencia, a cargo del magistrado Hernández Chávez, contó con los votos de Domínguez Haro, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse. Tres magistrados —Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich— emitieron votos singulares en contra y sostuvieron que la demanda debía declararse infundada, porque, a su juicio, la conducta evasiva de Cerrón durante casi dos años sí constituye un peligro procesal suficiente para mantener la medida.

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¿Qué cambia con el fallo del Tribunal Constitucional?

La sentencia no libra de los procesos contra Cerrón. El TC anuló, además de la Resolución 8 y su confirmatoria, la Resolución 4 de diciembre de 2023 y la Resolución 2 de enero de 2024, que fueron las que en su momento sustituyeron la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva. En su parte resolutiva, el colegiado dispuso que el juzgado que investiga el caso dicte “las medidas alternativas necesarias” para asegurar la presencia del exgobernador en el proceso y para impedir cualquier acto de obstaculización, lo que deja abierta la puerta a una nueva comparecencia con reglas de conducta más estrictas.

Vladimir Cerrón es investigado por presuntos actos de organización criminal y lavado de activos entre 2008 y 2021. La medida original, dictada en noviembre de 2022, incluyó seis reglas de conducta y una caución económica de S/ 20,000. Ese expediente es distinto de los procesos por el caso La Oroya y por el llamado caso Aeródromo Huanca, en los que Cerrón también fue investigado y que terminaron con condenas posteriormente anuladas, tanto por la Corte Suprema como por el propio Tribunal Constitucional.

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Los otros procesos que allanaron el camino de Vladimiro Cerrón

Aeródromo Wanka. El 6 de octubre de 2023, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a Cerrón a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión, en el proceso conocido como Aeródromo Wanka. El Tribunal Constitucional anuló esa condena en diciembre de 2024 y ordenó un nuevo pronunciamiento. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, resolvió el caso en marzo de 2025: absolvió a Cerrón del delito de colusión simple y redujo la reparación civil que debe pagar junto a otros implicados, de S/ 800,000 a S/ 250,000.

Caso La Oroya. Se trata de un proceso distinto, por el delito de negociación incompatible, vinculado a irregularidades en una obra de agua potable y alcantarillado en esa ciudad. La condena original data de 2019 e impuso cuatro años y ocho meses de prisión. El TC declaró nula esa sentencia el 3 de diciembre de 2024, a través del expediente 01513-2024-PHC/TC. Cerrón difundió el fallo en sus redes sociales y lo presentó como prueba de una persecución política en su contra.

Los Dinámicos del Centro. El 27 de agosto de 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado el pedido de la defensa de Cerrón para archivar el proceso por organización criminal que lleva ese nombre. El recurso, presentado como excepción de improcedencia de acción, se amparaba en la Ley 32108, una reforma a la legislación sobre crimen organizado impulsada por el propio Congreso con apoyo de la bancada de Perú Libre. El magistrado consideró que la norma era incompatible con la Convención de Palermo y la Convención de Viena, y mantuvo vigente la investigación que meses después derivaría en la prisión preventiva de 24 meses anulada esta semana.