Fernando Rospigliosi denuncia a fiscal por investigar al general Rivero Lazo por crímenes de lesa humanidad
El presidente del Congreso pidió a la Junta Nacional de Justicia destituir a Rosario Quico, fiscal que investiga al militar retirado quien fue sentenciado por el caso Barrios Altos.
- Vocero fujimorista sobre negociaciones por la Mesa Directiva: "No hablaría de alianzas, pero creo que hubo buenas conversaciones"
- Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027
Fernando Rospigliosi presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal Rosario Quico Palomino. El presidente del Congreso pide su destitución por el caso del general en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
La fiscal encabeza la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos. Rospigliosi la acusa de no aplicar la Ley 32107, norma que él mismo impulsó en el Congreso y que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad.
TE RECOMENDAMOS
BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este domingo 26 de julio
En el documento, el presidente del Congreso sostiene que Quico transgredió el principio de legalidad penal. Asegura también que la fiscal desacató disposiciones del Tribunal Constitucional. El texto agrega que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de motivación jurídica suficiente. Con esos argumentos, pide que se le aplique la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución.
Rivero Lazo fue condenado por el caso Barrios Altos y cumplió parte de una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión. El TC ordenó su liberación tras considerar que hubo exceso de carcelería. Meses después, la expresidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno. Ahí promulgó otra norma, la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas procesados por el conflicto armado.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno cuestionan ambas leyes desde su aprobación. Las califican como normas de impunidad para responsables de graves violaciones ocurridas entre 1980 y 2000. Más de cien procesados por casos similares ya pidieron acogerse a estos beneficios. Hasta setiembre, más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el sistema judicial.
Prefiero a La República en Google
