
Pese a que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga nacional indefinida convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP), los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevan a cabo este 13 de noviembre protestas en los exteriores de 40 de los 69 penales del país. Según pudo conocer La República, 4.000 de los 11.000 trabajadores exigen cuatro mejoras que, aseguran, llevan más de una década sin ser atendidas.
De acuerdo con el sindicato, las mayores concentraciones se encuentran en los establecimientos de Sarita Colonia (Callao), Ancón I y II, y el Anexo Mujeres de Chorrillos (Santa Mónica). El gremio advirtió que mantendrá la huelga hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo, mientras su dirigencia, encabezada por su secretario general, Ángel Llancari, se reunió con el Ministerio de Economía y Finanzas y la congresista Patricia Chirinos, y por la tarde tiene planeado conversar con el ministro de Justicia, para buscar una solución al conflicto
“Nos han dicho que vayamos incorporando los articulados de todas maneras en la Comisión de presupuesto, y en aproximadamente una semana van a presentar una oferta de cuál sería la viabilidad que le pueden dar al proyecto presentado. Estamos todavía en evaluación porque tenemos una reunión con el ministro de Justicia en la tarde y queremos garantizar que no haya represalias a los trabajadores que venimos acatando nuestra huelga”, indicó para este medio.
En conversación con La República, el SINTRAP señaló que su huelga nacional indefinida se da como consecuencia del abandono estatal y las precarias condiciones en las que desempeñan sus funciones. Denuncian falta de material logístico, inoperancia del sistema de bloqueadores de celulares, así como la falta de instrumentos tecnológicos tales como bodyscan y scanner de paquetes en el acceso de los elementos de protección personal.
En su pliego de reclamos, el sindicato demanda la atención urgente de cuatro puntos principales que consideran justos y postergados por más de 13 años:
El sindicato también exige que el Estado atienda el déficit de personal y equipamiento en los 69 penales del país, que actualmente albergan a más de 41.000 reclusos en condiciones de hacinamiento.
Trabajadores del INPE protestan en 40 de los 69 penales a nivel nacional. Foto: Cortesía.
Tras el inicio de las protestas, se habrían cerrado todos los penales a nivel nacional, afectando el derecho de los internos a recibir visitas de sus familiares y abogados. Asimismo, se frustraría las diligencias judiciales programadas por el Poder Judicial y se paralizaría la entrada de paquetes y economatos. Según Llancari, por decisión del presidente del INPE, Iván Paredes, en distintos establecimientos, como en el Penal Virgen de Fátima (Chorrillos), no se les está permitiendo el ingreso a los trabajadores que luego de participar en las protestas se apersonan para iniciar su horario laboral.
“Están atentando contra la libertad sindical y contra el derecho laboral que tienen los trabajadores porque ellos no se están ausentando, simplemente están haciendo uso de su derecho de permiso hasta cierta hora y de ahí están pidiendo ingresar, pero al no permitirles este ingreso, ellos están poniendo en riesgo la seguridad del penal al no tener personal suficiente para poder custodiar todo el establecimiento penitenciario, por decisión de la dirección, no por decisión de los trabajadores”, explicó.
El 12 de noviembre, el MTPE se pronunció sobre la huelga nacional indefinida convocada por el SINTRAP. A través de un comunicado, refirió que la protesta no cumplía con los requisitos legales establecidos para su reconocimiento. Según la Resolución Directoral General N.º 0160-2025-MTPE, del 31 de octubre de 2025, y posteriormente ratificada mediante la Resolución N.º 0167-2025-MTPE/2/14, del 10 de noviembre, el sindicato no acreditó las condiciones necesarias para declarar la paralización como válida dentro del marco normativo vigente.
Uno de los fundamentos principales de la cartera ministerial fue que el Perú se encuentra bajo estado de emergencia, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, el cual dispone medidas especiales para garantizar la seguridad interna y externa en los penales. Bajo este contexto, el MTPE consideró que los trabajadores penitenciarios no pueden suspender sus funciones, ya que su labor es esencial para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
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