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Sociedad

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Comerciantes del Perú, agrupados en la Confenatm, se movilizan en rechazo a cobros altos de Sedapal y a la creciente extorsión en el país.

Los gremios de mercados y comerciantes del Perú convocan a un paro nacional y marcha pacífica el 6 de noviembre. Exigen respuestas por cobros excesivos de Sedapal y extorsiones.
Los gremios de mercados y comerciantes del Perú convocan a un paro nacional y marcha pacífica el 6 de noviembre. Exigen respuestas por cobros excesivos de Sedapal y extorsiones. | composición LR

Los gremios de mercados y comerciantes del país anunciaron un paro nacional y una marcha pacífica para este jueves 6 de noviembre, en protesta contra los cobros excesivos de Sedapal y la ola de extorsiones que afecta a más de la mitad de los centros de abasto del país. La medida fue convocada por la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm), que agrupa a más de 3.600 mercados a nivel nacional.

De acuerdo con Manuel Peralta, presidente del Frente de Defensa de los Mercados de San Juan de Lurigancho (Fredmomer) y subsecretario general de Confenatm, los comerciantes viven una doble presión. Por un lado, recibirían multas “abusivas” impuestas bajo el reglamento de descargas de aguas residuales del Ministerio de Vivienda. Además, la inseguridad y las extorsiones se han extendido en todo el país, en especial en Lima y Callao, a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. “Pedimos al ministro de Vivienda que nos atienda y también al presidente que nos reciba”, indicó a La República.

Paro nacional y marcha hacia el Congreso

Ante la falta de soluciones, la Confenatm anunció un paro nacional para el 6 de noviembre, acompañado de una marcha pacífica que partirá a las 9 a. m. desde el paradero de Acho hacia el Congreso de la República y luego al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Los gremios estiman que, solo ese día, las pérdidas podrían superar los S/500 millones, pero aseguran que no tienen otra alternativa.

“El Estado debe escucharnos. Los mercados somos el motor de la economía del país, pero nos están asfixiando con multas y sin seguridad”, señaló Peralta. Según el dirigente, el 80% del movimiento económico nacional proviene de la actividad de comerciantes y emprendedores, muchos de los cuales trabajan sin acceso a seguro de salud ni programas de apoyo estatal.

Sedapal bajo la lupa: denuncian cobros desproporcionados

El conflicto tiene su origen en la aplicación del Decreto Supremo N.º 010 del 2019, que estableció nuevos Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas. Esta norma considera a los mercados dentro del mismo rango de las industrias, lo que, según los gremios, ha provocado un alza injustificada de multas y tarifas.

En Lima Metropolitana existen más de 1.260 mercados, de los cuales 240 están en San Juan de Lurigancho, y a nivel nacional suman unos 3.600 centros de abasto. Según Peralta, el impacto económico es grave: “Hay mercados que pagan S/1.500 de recibo de agua, pero reciben multas de hasta S/20.000. Sedapal gana más con las multas que con los recibos”, afirmó.

Las sanciones, explicó, se dividen entre los socios o puestos de cada mercado, lo que termina afectando directamente la economía de pequeños comerciantes y familias enteras. “No usamos mercurio ni plomo. Solo agua y jabón para limpiar nuestros puestos. No contaminamos, pero nos tratan como si fuéramos fábricas”, sostuvo Peralta.

Inseguridad en los mercados

A los reclamos por Sedapal se suma la problemática de la extorsión y la violencia. Según el Confenatm, el 50% de los mercados del país son extorsionados. Los comerciantes serían víctimas de mafias que exigen pagos a cambio de “protección”. En Lima, los casos más frecuentes se registran en San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Puente Piedra.

Peralta afirmó que la situación se ha agravado pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao: “No se ha visto ningún cambio. Es igual que las otras veces. No hay resultados. Los comerciantes vivimos con miedo”. En los últimos meses, varios mercados (como Villa María y Huamantanga) han sido escenario de ataques y amenazas contra dirigentes.

Para los comerciantes, la falta de seguridad no solo frena la inversión, sino que pone en riesgo la vida de quienes trabajan desde la madrugada hasta la noche. “No podemos invertir ni mejorar nuestros puestos por miedo. Hay mercados donde los dirigentes han sido asesinados y otros que reciben sobres amenazantes”, advirtió el líder gremial.

Ministerio de Vivienda promete diálogo

Tras la presión de los gremios, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que ha promovido el diálogo con Sedapal y Sunass para abordar la problemática de los mercados. El titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate, anunció la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial que evaluará el Decreto Supremo 010-2019 y buscará “una adecuada proporcionalidad” en los cobros.

“Nuestro compromiso es promover soluciones que garanticen una adecuada proporcionalidad en los pagos adicionales, pero también que aseguren la protección del ambiente y la sostenibilidad del sistema de alcantarillado”, declaró el ministro. Sin embargo, los dirigentes exigen acciones inmediatas y no solo mesas de trabajo. “Hemos pedido una resolución ministerial que suspenda los abusos de Sedapal. Si no se cumple, iremos al Poder Judicial y al Ministerio Público”, advirtió Peralta, que confirmó que se reunieron con el ministro Sifuentes el lunes 27.

El Ministerio anunció que el próximo 4 de noviembre emitirá una resolución ministerial formalizando el grupo de trabajo, pero los comerciantes han confirmado que mantendrán el paro hasta que haya medidas concretas.

Por su parte, los representantes de los mercados insisten en que el Estado no valora su aporte al país. De acuerdo con el Confenatm, más de 4,5 millones de peruanos dependen directamente de la actividad comercial en los centros de abasto, ya que generan empleo directo e indirecto para estibadores, transportistas y familias enteras. “Trabajamos desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche. Mantenemos a nuestras familias, pero no tenemos seguro de salud, ni atención médica gratuita, nada tenemos”, denunció Peralta.

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