Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

De acuerdo con el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público tardan al menos un año en reunir las evidencias necesarias en los casos de extorsión. La causa principal es la falta de herramientas tecnológicas que permitan procesar la información contenida en los celulares incautados a las bandas de extorsionadores.

Durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República, Chávez Cotrina detalló que, cuando la PNP interviene a una organización criminal en un operativo, puede decomisar más de 40 celulares. Sin embargo, ante la ausencia de un software especializado como Cellebrite, que permite la extracción de datos de equipos electrónicos, toda la información debe ser revisada de manera manual, lo que retrasa significativamente las investigaciones.

“Nosotros, fiscales y policías, trabajamos en el campo y le llevamos el expediente al juez ya para que él dicte las medidas correspondientes o la sentencia. Y en el tema de tecnología, cuando uno captura una banda, mínimo, si usted detiene a quince (personas) vas a tener mínimo cuarenta celulares (...) No tenemos tecnología para sacar la información”, explicó.

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Investigaciones contra la extorsión se encuentran debilitados, advierte fiscal

Por tanto, el fiscal sostuvo que dicha tecnología debería implementarse, en una primera etapa, en las sedes de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Lima, con el fin de fortalecer las acciones policiales contra el delito de extorsión. Asimismo, recordó que durante un reciente operativo en el departamento de San Martín, en el que fueron detenidas 12 personas —entre ellas, varios efectivos policiales— y se incautaron dos decenas celulares, precisó que los análisis de esos equipos recién estarían listos dentro de un año.

“El Cellebrite es un software donde los peritos, en cuestión de minutos, sacan toda la información con orden, con mandato judicial, obviamente. No lo tenemos. Nosotros hemos hecho una captura recién en San Martín, donde detuvimos a doce policías, veintiocho celulares, y los peritos de la policía nos han dicho que más o menos para septiembre del próximo año van a tener resultado”, lamentó.

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, a lo expuesto por el fiscal se suman otras carencias que afectan a la institución policial. “El no contar con un software es una enorme limitación, sobre todo por la gran cantidad de datos que deben procesar. Estos programas pueden facilitar y agilizar significativamente el trabajo”, explicó.

Agregó que esta no es la única deficiencia, pues la PNP requiere alrededor de 80, 000 radios para cerrar las brechas de comunicación, especialmente en el patrullaje. “Y esta es solo una de las muchas brechas que ya están identificadas. Lo interesante es que la propia Policía ha reconocido esas carencias. No se puede olvidar que tiene la misión de enfrentar el crimen, pero se le está enviando a las calles sin los recursos técnicos necesarios”, advirtió en diálogo con La República.

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Tecnología no debería ser usada sin supervisión, advierten expertos

El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado también agregó que la inversión requerida aproximada para implementar el software mencionado sería de aproximadamente cuatro millones de soles. Remarcó que otra de las principales deficiencias en las investigaciones contra las bandas extorsivas es la falta de laboratorios de criminalística. Por lo que solicitó a los parlamentarios tomar en cuenta dichos datos para los próximos presupuestos.

“¿Cuánto cuesta? Un millón de soles. Un millón de soles. O sea, yo creo que el gobierno cuatro millones lo puede sacar, no creo que se caiga la caja fiscal por cuatro millones. Y eso es fundamental para la investigación, señores congresistas”, remarcó durante la reunión.

Por su parte, el abogado especializado en Derecho Constitucional, derechos digitales y regulación de tecnología, Dilmar Villena, advierte que, de darse la implementación de dicha herramienta, esta debe ser incorporada con "medidas fuertes de supervisión y salvaguarda: uso autorizado únicamente bajo orden judicial y transparencia sobre los teléfonos en los que usa una vez concluido el proceso penal". Esto con el fin de evitar que sea usado con fines políticos o de represión a la oposición al gobierno de turno.

Como se recuerda, más de 50 personas —entre activistas y periodistas— denunciaron que, en septiembre pasado, sus líneas telefónicas fueron bloqueadas tras falsas denuncias de robo de sus dispositivos. En ese contexto, Nicolás Zevallos enfatizó que, de implementarse un software de extracción de datos, su uso debe estar estrictamente respaldado por órdenes judiciales que autoricen la actuación de los agentes policiales.

“Se puede, por ejemplo, rendir cuentas sobre temas de inteligencia ante la Comisión de Inteligencia del Congreso bajo reserva, entre otros mecanismos que permiten proteger los datos sensibles. Lo importante es no temerle a la tecnología —es comprensible que exista cierta desconfianza—, pero la necesitamos. Lo fundamental es establecer los controles y mecanismos de supervisión necesarios para evitar que se use de manera indebida, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”, advirtió.

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