
La impunidad del sistema vuelve a ser aliado de la justicia. Hace unos días, este medio periodístico advirtió sobre el arbitrario pedido del comandante general del PNP, Óscar Arriola, en el que solicitaba sea una Fiscalía común la que asuma las investigaciones contra el suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado por el propio agente del orden como el autor de los disparos de proyectil de arma de fuego que causaron la muerte Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), conocido como 'Trvko'.
"En la brevedad posible, estos actos de investigación, urgentes e inaplazables, [se debe ver] con el fiscal penal común, porque estos son hechos aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto mellen el esfuerzo porque no se cause el más mínimo de lesiones al ser humano", declaró Arriola días después del asesinato del joven rapero.
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Esta semana, pese a que el propio Ministerio Público habría informado que el caso venía siendo atendido por Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, la defensa de la víctima denunció que la solicitud de Arriola, de derivar la investigación preparatoria a una fiscalía penal común, ha sido aceptada.
En esa línea, mediante oficio, se dispuso la reclasificación del delito a homicidio simple por la muerte de Ruiz Sanz, lo que reduciría la pena mínima de 15 a 10 años de los que resulten culpables.
A través de su cuenta de X, la congresista Ruth Luque habría alertado y cuestionado el pedido de Óscar Arriola, de que sea una fiscalía común la que investigue el asesinato de Truko. "No señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los DDHH. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, debe ser competencia de la fiscalía de DDHH. Y ya sabemos que, es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, haya responsables, más allá del autor directo: José Jeri; Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio Orbezo", escribió.
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Por su parte, en diálogo con La República, el abogado de derechos humanos, Juan Carlos Ruíz Molleda, también alerta la posible implicancia de la PNP en las diligencias del caso. "No pueden investigarse a sí mismos. No pueden estar a cargo de la investigación, como lo estableció este Congreso en la Ley 32130. Debe estar cargo del Ministerio Público, y más en concreto del Fiscal de Derechos Humanos. Debe derivarse la ley que solo favorece la impunidad de los malos efectivos policiales", sentenció.
Como es de conocimiento público, la mencionada norma, aprobada por el Legislativo, resta facultades al Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar para otorgárselas a la Policía Nacional del Perú (PNP). Diversos expertos advierten que esta medida ha debilitado el sistema de justicia.
"Lo más probable es que estén buscando el archivamiento de la denuncia, lo cual sería un despropósito y constituiría, además, impunidad y un precedente terrible para policías que utilizan el uso de la fuerza de forma desproporcionada en contextos de protesta social", advirtió Maritza Quispe, abogada de IDL.
"El caso es, indudablemente, un caso de violación a los derechos humanos y solo le corresponde a las fiscalías especializadas (...) Acá estamos ante un tema de competencia material. La ley establece las competencias de las fiscalías de DD.HH. Si esta sería la regla, cualquier caso puede terminar en una fiscalía común", añadió Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado especializado en Derecho Penal y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Investigación por asesinato de Trvko se encuentra en una Fiscalía pena común. Expertos advierten impunidad.
El último jueves 23 de octubre, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que imponga comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país al suboficial Luis Magallanes Gaviria. En tanto, ese mismo día, durante una conferencia de prensa, el comandante general dedicó varios minutos a defender a Magallanes, llamándolo "héroe viviente". Asimismo, declaró que el suboficial podría reincorporarse a la Policía tras cumplir la detención preliminar de siete días que le impuso el PJ.
Pero esta no es la única arbitrariedad que se ha denunciado desde que iniciaron las investigaciones del caso. La familia de Mauricio Ruiz ha cuestionado el informe pericial de balística forense del Ministerio Público, que determinó que la bala que impactó en el tórax de alias 'Truko', un arma de fuego de un calibre aproximado de 9 mm "o su equivalente en pulgadas", se habría dado por una "entrada de rebote".
El padre de Mauricio Ruiz ha negado esa versión. "¿Cómo es posible que unos altos oficiales de la policía que han estudiado, que son profesionales, digan que ha sido rebote? El tiro de mi hijo fue chiquitito (...) Yo quiero garantizas para mi vida, porque nosotros no sabemos qué nos puede pasar. Estamos solos. Mi hijo lo han asesinado. Es un dolor que no le deseo a nadie", denunció para los medios.
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